Ni Una Menos: las deudas políticas y la posibilidad de la emergencia

Este enero, la preocupación social que generan los hechos de violencia sexual y los femicidios que se multiplican como una plaga imparable, merecen también una nueva centralidad y respuestas superadoras por parte de la clase política dispuesta a conquistar los poderes del Estado.

En Argentina, y en Córdoba, los desarrollos para avanzar en la protección de las víctimas de esta problemática son claros.

La evaluación de cuán efectivos resultan depende de quién lo mire. Las políticas públicas destinadas a la prevención, atención y protección de mujeres y sexualidades disidentes, vienen de la mano de decisiones enmarcadas en el reclamo colectivo, no solo de justicia sino también de un cambio de mirada sobre una cuestión cultural estructural: el machismo y su sistema de dominación, el patriarcado.

Al respecto, PERFIL CORDOBA dialogó con referentes para que brinden su mirada sobre los desarrollos y deudas de la política con el Ni una Menos, entendiéndolo como un pliego de reclamos con múltiples aristas y reivindicaciones, pero con un mensaje unificador: “paren de matarnos”.

Desde el Polo. “Temo que cuando miramos las cifras, muchas veces nos quedamos con los números de los femicidios y no vemos las sobrevivientes, las que estuvieron en riesgo y las secuelas que esto tiene. Una vez que una muere, hay que proteger a las otras”, dice Claudia Martínez, secretaria de Lucha Contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas de la provincia de Córdoba y encargada del Polo Integral de Atención a las Víctimas.

—Dada la circunstancia de mayor vulnerabilidad -la mayoría de los femicidios ocurren fuera de la Capital -, ¿cuál es la situación en el interior provincial respecto al alcance del Polo?

—Capital e interior puede ser una categoría de análisis, pero también hay que ver el territorio como una categoría no solo vinculada al suelo sino a determinadas características socioculturales y, quizás, por la cantidad de personas que lo habitan uno podría analizarlo así, pero si existen 427 municipios y comunas en la provincia y cada mujer de cada uno de estos vale exactamente lo mismo, esa territorialidad se borra a través de la visibilización de que la muerte de cada mujer no está vinculada al territorio sino a este fenómeno mundial. La división binaria capital e interior no termina de representar lo que sucede con los femicidios. La intervención en red del Polo se divide en 10 circunscripciones, se imita el modelo del Poder Judicial para estar más cerca de las víctimas cuando hacen la denuncia, y reciben la intervención de los equipos. Hay polos en Cruz del Eje, Río Cuarto -en funcionamiento aunque todavía no lo inauguramos porque faltan detalles de obra- en San Francisco, Villa Dolores, Villa María. El desarrollo territorial para tener presencia se está haciendo.

—Apelando a una mirada amplia, que contemple todos los poderes del estado, ¿dónde faltan capacitaciones y qué tipo de formación deberían recibir?

—En capacitación venimos trabajando desde la Secretaría con todos. El proceso fue importante y también incluye el programa de escuelas libres de violencia. También dentro del Polo hay un centro de formación. Otro programa va a encuadrarse dentro de la ‘ley Micaela’, donde la formación no solo va a ser voluntaria para los agentes públicos que lo deseen, sino también será obligatorio para aquellos que trabajen en esta materia en el Estado, desde la perspectiva de género.

—¿Están pensando en una campaña de alcance masivo para este año?

—Creemos que las campañas deben ir acompañadas de acciones reales. No sirven de nada si las mujeres no encuentran respuestas en el Estado. Igualmente, nos hemos planteado diseñar estrategias de comunicación masiva para que se comprenda cuál es el rumbo en el que la sociedad está marchando.

—Por último, una declaración de emergencia en violencia de género a nivel nacional, ¿sirve?

—Sería importante para que lleguen todas las herramientas y recursos. En Córdoba hoy se brindan esos recursos demandados bajo la solicitud de emergencia. Pero también hay que considerar que un planteo de emergencia implica responder a una situación pasajera de gravedad, debemos aspirar a que exista una política pública que sea permanente en el tiempo y que considere a la violencia hacia las mujeres como una cuestión de derechos humanos, que necesita una continuidad que no la va a dar nunca una ley de emergencia. Debemos acordar un gran pacto de estado con todos los actores sociales, ese debe ser la respuesta efectiva ante este brote epidemiológico que vivimos de violencia hacia las mujeres.

Otras perspectivas. Betiana Cabrera Fasolis –coordinadora de Mumala (Mujeres de la Matria Latinoamericana) y presidenta de Libres del Sur Córdoba– es, justamente, una de las impulsoras de la declaración de emergencia en violencia de género en todo el territorio nacional. Un reclamo incluido en el primer pliego de la marcha Ni Una Menos.

Cabrera apunta sobre los recortes en el presupuesto nacional (en el que el Plan Nacional de Acción pasó de 50 millones de pesos a un poco más de 32 para 2019) y al incumplimiento de los objetivos propuestos por Fabiana Tuñez, directora ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres.

En relación con lo que sucede en la provincia, entiende que “las organizaciones feministas les marcamos la agenda y las planificaciones”.

En ese sentido, al evaluar los más de tres años transcurridos desde la primera manifestación masiva, pone del lado de las conquistas en la provincia la creación de casas refugio (“dejamos de mandar a las mujeres a hoteles”) y la creación del Polo.

Por el lado de las deudas, Cabrera ve déficits en la formación de equipos interdisciplinarios “que atiendan y sostengan espacios de consejerías en el interior provincial, y eso no puede hacerse con un contrato de monotributo”, en un marco de alta demanda de asistencia.

“El otro (déficit) tiene que ver con la prevención -precisa la referente de Libres del Sur- a través de la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral”. Advierte también que desde un principio se reclamó por la capacitación en perspectiva de género de efectores judiciales y a la policía, ahora contemplada a través de la Ley Micaela.

“Acá la policía ofrece solo una formación optativa que se elige para subir de rango. También hace falta capacitar a los efectores de salud y de educación, porque son quienes pueden detectar en primer lugar la problemática”.

Entre otros ejes, concluye que lo más importante, para su espacio, es la declaración de emergencia. “Falta voluntad política de los gobiernos para avanzar en políticas públicas de estado, no de gobierno, que tiendan a lograr un profundo cambio cultural. Porque tenemos únicamente la mirada punitivista, una vez que los hechos están consumados. Cómo hacemos para lograr que estos hombres, que no están enfermos ni son monstruos, dejen de ser los verdugos que viven en nuestras casas, y pasemos a tener una vida libre de violencias”, concluye.

También por la emergencia. La concejala Miriam Acosta, presidenta de la Comisión de Equidad de Género del Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, analiza que el año pasado la discusión sobre el aborto puso a la violencia de género a un costado del debate público.

“El radicalismo se negaba a este tipo de discusiones y logramos tenerlas, aparecían como adormecidas. Deconstruir esta mirada monstruosa del patriarcado es complicado, porque las estructuras de los partidos políticos son cerradas”, analiza Acosta en relación con los años transcurridos desde el primer Ni Una Menos.

Hoy los partidos están recorriendo el territorio en pos de la campaña para la gobernación. En ese sentido, la concejala tiene una mirada negativa de lo que ocurre en el interior provincial, sobre todo en el norte, donde dice que las políticas públicas no llegan: “La prevención y promoción de los derechos de las mujeres no existe. El polo de las mujeres opera acá, en Córdoba. Ahí está la deuda”.

Acosta está de acuerdo con la declaración de emergencia: “Es la única forma que tenemos para asignar recursos por fuera del presupuesto. Desde que comenzó el año no vivimos, con la multiplicación de casos de femicidios”, dice y agrega: “La emergencia es la única forma de tener los recursos reales con políticas públicas bien definidas. Está bueno el laburo que se hace desde el Polo pero no puede quedarse en la ciudad, que es el 40% de la población de la provincia”.

Para la concejala, “hay que planificar con los tres poderes y las fuerzas de seguridad un plan que nos involucre a todos, que marche paralelamente”.

Cambio de mirada. Por último, la legisladora Liliana Montero entiende que si se toma el pliego de reclamos de Ni Una Menos, se dio respuesta a muchos de ellos: “ Se reformó la ley de violencia familiar en violencia de género, se crearon más de 11 asesorías letradas y también los fueros específicos”.

Entiende que no hay mucho más que hacer en términos legislativos y que el Estado da respuestas ante la demanda de asistencia.

“La creación del polo es un avance aunque con problemas de funcionamiento, como la precarización de las trabajadoras”, advierte Montero.

La política, para la legisladora, debe incidir en la matriz cultural que propicia la violencia. “No la vamos a modificar en muchos años y solo con la ley de Educación Sexual Integral. Se revierte con educación”.

Además advierte que es necesario sumar trabajo sobre los varones: “Hay que virar la responsabilidad de la violencia de la mujer sobre el varón”, como por ejemplo, con los botones antipánico y propiciar el uso de pulseras.

Para Montero, hay que cambiar la mirada: “La responsabilidad de la violencia es del violento, es quien se tiene que ir de la casa”.

En relación con la declaración de emergencia, dice: “En términos técnicos es algo presupuestario, es autorizar al ejecutivo a disponer recursos que no estaban en el presupuesto. En la misma ley de presupuesto están presupuestadas las reconversiones necesarias para modificar partidas, las leyes lo contemplan y la redirección de partidas se informan después”.

Aun así, entiende que es un mensaje político: “Lo más importante: una sociedad ocupada y preocupada en poner en primer plano este tema”. Finalmente, reclama por el no funcionamiento de la Comisión de Equidad de Género en la Legislatura: “No funcionó y Claudia Martínez no fue nunca”.