El defensor de derechos humanos Fidel Zavala fue condenado a 15 años de prisión por la justicia de El Salvador por el delito de estafa. Su detención fue duramente criticada por organizaciones sociales nacionales e internacionales que apuntaron contra el gobierno de Nayib Bukele.
Según la Agencia AFP, Zabala fue arrestado junto a más de 20 líderes de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC) en febrero de 2025 presuntamente por la comercialización y venta irregular de lotes y parcelas.
El organismo judicial anunció que el defensor de derechos humanos fue condenado por el delito de estafa agravada contra 3 personas a quienes defraudó, afirman, por un monto total de 4.025 dólares, y le impuso 5 años de prisión por cada delito.
Y luego detalló que estos hechos sucedieron entre noviembre de 2018 y febrero de 2021.
Zabala ya había sido arrestado en 2022, también acusado de estafa, pero salió de la cárcel un año después cuando lo absolvieron por falta de pruebas, aunque la fiscalía apeló.
En esa ocasión, apenas salió de la cárcel, el activista denunció torturas, malos tratos y muertes de presos en el sistema penitenciario con el apoyo de la UNIDEHC, de la cual luego se convirtió en su vocero.
La repercusión de la condena de Fidel Zavala
La organización Cristosal afirmó que Zavala es una de “las voces más valientes de El Salvador” por denunciar “torturas, tratos crueles y corrupción en los centros penales”, y afirmó que la condena “confirma la persecución y criminalización” de los defensores de derechos humanos".
Por su parte, la UNIDEHC dijo que el activista es víctima de un “proceso con contenido político y no jurídico”, y anunció que apelará la sentencia e iniciará procesos y demandas a nivel internacional.
Amnistía Internacional y otras organizaciones también cuestionaron esta nueva detención y expresaron su preocupación de que Zavala sufra vejámenes en prisión por la denuncia que interpuso ante la fiscalía en 2023.
El arresto de Zabala sucede en el marco del régimen de excepción declarado en marzo del año 2022 por una iniciativa del presidente Nayib Bukele, en su “guerra” contra las pandillas.
El mandatario disfruta una gran popularidad por doblegar a las pandillas, pero diferentes grupos de derechos humanos denuncian que entre los más de 93.000 detenidos desde el año 2022 hay miles de inocentes y ya han muerto más de 500 personas en prisión.
