El Fondo Fiduciario de Asistencia Directa a Víctimas de Trata que el Gobierno eliminó por decreto tenía la función de administrar y mantener el valor patrimonial de los bienes incautados en allanamientos vinculados a estos delitos. Lo hacía mientras durara el proceso judicial y se lograra una sentencia a favor de las víctimas, trámite que puede llevar varios años. Por eso, organizaciones que se ocupan de este tema demandan explicaciones sobre lo que va a pasar con estos recursos, ya que temen que puedan ser utilizados de manera discrecional por el Ejecutivo.
“Esos bienes recién se podían liquidar cuando existía una sentencia firme que disponía la reparación a las víctimas de trata”, explicó a PERFIL Viviana Caminos titular de la Red Alto al Tráfico y la Trata (RATT). “Desde el Gobierno dicen que ahora la entrega va a ser directa, pero no explican cómo van a ser esos procedimientos. Nada está claro”, agregó. Por eso, distintas asociaciones enviaron al Presidente una carta en la que solicitan explicaciones sobre cómo está compuesto actualmente el Fondo Fiduciario, cuál será el destino de los bienes incautados a partir de ahora, quiénes serán los encargados de liquidarlos, y cuáles serán las medidas que se implementarán para asistir a las víctimas de trata en ausencia de este mecanismo.
“Nos dirigimos a ustedes para manifestar nuestra profunda preocupación y descontento por esta decisión del Estado Nacional desprovista de empatía y responsabilidad para con las víctimas, que son víctimas por la inacción de un Estado que permitió que ello ocurriera”, se puede leer en el comunicado.
“Los bienes decomisados que integran el Fondo no son bienes públicos sino de las organizaciones criminales, y la liquidación de esos bienes es para reparar el daño sufrido por las víctimas de trata. La eliminación de este fondo las deja en una situación de total desprotección, especialmente considerando que ya se han eliminado otros programas de asistencia”, continúa el documento.
Desde el Ministerio de Economía afirmaron a PERFIL que el manejo de este Fondo “presentaba múltiples falencias”, entre las que se encuentran “incumplimientos del Fiduciario respecto del pago a víctimas de trata, así como de los plazos establecidos para efectuar dichos pagos”. Ante esta situación, afirmaron también, “el Gobierno Nacional disolverá el Fondo, pero mantendrá los objetivos y finalidades perseguidos por la ley 26.364, y por tanto dispondrá la continuidad y atención a las víctimas de tales delitos, mediante las acciones a financiarse a través de las correspondientes partidas presupuestarias ya destinadas para ese fin y que serán administradas por parte del Ministerio de Justicia”.
A las organizaciones el Gobierno respondió con el anuncio de que aumentará un 3.000% la cantidad de recursos destinados al Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata. Sin embargo, según los datos del Presupuesto abierto, esto no es así: el incremento previsto en el proyecto para 2025 es de 1.152% en términos absolutos, ya que pasará de los $ 176 millones a los $ 2.211 millones. Sin embargo, esta diferencia es respecto a 2023, porque durante 2024 no se sumó ni un solo peso a ese destino. Por otro lado, en el undécimo mes del año, se ejecutó apenas el 47% de ese dinero (un total de $ 84 millones de pesos).
“Nosotros descreemos absolutamente de la voluntad real del Gobierno de mejorar la asistencia a la víctima, porque esto no ocurre. Las organizaciones estamos saturadas de casos de personas que están en situación de extrema vulnerabilidad”, agregó Caminos.
“Esta decisión fue precedida por el desmantelamiento de otras políticas públicas. Se necesitaba un puente entre el momento del rescate y la reparación efectiva vía la indemnización, porque pasan entre 7 y 8 años entre el inicio de la causa y una sentencia judicial firme”, explicó a este medio Gustavo Vera, presidente de la Fundación La Alameda, que además solicitó ser querellante en la causa de Loan Peña, el niño de cinco años que desapareció en Corrientes en el mes de junio, y un caso en el que no se descarta la hipótesis de trata.
“Teníamos una serie de políticas públicas que eran ese puente. Entre ellas el programa Acompañar, que cobraban 3400 de las 5200 víctimas rescatadas entre 2020 y 2023, y el Potenciar, que cobraban alrededor de 400”, detalló Vera, que hasta marzo de este año fue director del Comité de Lucha contra la Trata. “También había un subsidio de indemnización por explotación laboral en contextos rurales, un programa llamado Reparar que incluía capacitación y un salario mínimo, y un programa de soluciones habitacionales que se aplicó en cuatro provincias. En 2024 todo eso fue desmantelado”, afirmó.
“Cuando las estadísticas dicen que se detectaron y rescataron a casi 1 millón de personas, en realidad simplemente se detectaron. Muchas de ellas entonces se quedan en el infierno, porque entre el infierno y la nada en el infierno por lo menos tenés una taza de mate cocido”, agregó Vera.
Viviana Caminos compartió con PERFIL un mensaje de los tantos que recibe a diario: “Mis hijos no comen desde ayer, y la familia con la que vivo me da un lugar, pero quieren que yo ponga la comida. Anoche tomamos té con pan”.