En decisión que generó dura réplica opositora, el Gobierno de Alberto Fernández derogó este viernes 5 de marzo un decreto de la gestión de Mauricio Macri que impedía el ingreso al país de extranjeros con antecedentes, al tiempo que agilizaba también los trámites vinculados para las expulsiones del país.
A través del Decreto 138/2021, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el presidente Alberto Fernández dio de baja el Decreto 70/2017, ya que advirtió que desde que entró en vigencia esa norma "se agravó exponencialmente la litigiosidad en materia migratoria". La normativa del Gobierno de Cambiemos había creado un "procedimiento migratorio especial sumarísimo" para rechazar el ingreso de personas con antecedentes, así como también expulsar delincuentes extranjeros con mayor agilidad.
Referentes de Juntos por el Cambio criticaron duramente la decisión del Gobierno, señalando que la nueva medida "fomenta la inseguridad y el crimen organizado". "El Gobierno sigue retrocediendo. Con la derogación de este decreto que impulsamos desde el Ministerio del Interior y Migraciones en 2017, lo único que hace el Presidente es favorecer el ingreso irregular al país del crimen organizado, delincuentes y narcos", se quejó en Twitter el ex ministro del Interior Rogelio Frigerio.
El gobierno sigue retrocediendo. Con la derogación de este decreto que impulsamos desde el Ministerio del Interior y Migraciones en 2017, lo único que hace el Presidente es favorecer el ingreso irregular al país del crimen organizado, delincuentes y narcos https://t.co/jPUYoILAjR
— Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) March 5, 2021
Por su parte, la ex ministra de Seguridad y actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich, sostuvo que "el Presidente le manda un mensaje a los delincuentes y a los narcos", y consideró que al Gobierno "no le alcanzó con liberar presos propios y ahora pretende que personas con antecedentes puedan entrar libremente a delinquir en nuestro país".
El presidente le manda un mensaje a los delincuentes y a los narcos. Al gobierno no le alcanzó con liberar presos propios. Ahora, pretende que personas con antecedentes puedan entrar libremente a delinquir en nuestro país. Nosotros lo impedimos con un decreto. Ellos lo derogaron. pic.twitter.com/HlgWGfYiHD
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 5, 2021
La gestión de Macri había justificado la decisión al remarcar "la duración de los procesos administrativos y judiciales" y al señalar el incremento de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario, que en 2016 había alcanzado al 21,3 por ciento de la población carcelaria total.
También se había establecido la prohibición de ingreso a las personas que presentaran documentación falsa u omitieran informar sobre sus antecedentes penales; los que cumplieran condena o tengan antecedentes –tanto en Argentina como el exterior- "por delitos que merezcan según las leyes argentinas penas privativas de libertad" o "delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas", al igual que quienes estuvieron involucrados en actos de terrorismo, crímenes de guerra, de lesa humanidad o promuevan la prostitución.
Además, las mismas causas podían ser utilizadas para dar de baja las residencias que se hubieran otorgado "cualquiera fuese su antigüedad". A poco más de cuatro años de la entrada en vigencia del decreto de Macri, Alberto Fernández lo derogó al advertir que se habían modificado "aspectos sustanciales" de la Ley de Migraciones "que resultan irreconciliables con la Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos, entre los que cabe mencionar la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias".
El Gobierno consideró también que los cambios introducidos por Cambiemos no redundaron en "mejoras ponderables en otros aspectos".
En marzo del 2018, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal había declarado la "invalidez constitucional" del decreto de Macri por presentar "caracteres regresivos incompatibles con los estándares constitucionales y de derechos humanos vigentes en el ordenamiento jurídico", tras lo cual el Gobierno de Cambiemos había recurrido a la Corte Suprema de Justicia.
A la vez, el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité contra la Tortura, todos ellos de la Organización de las Naciones Unidas, habían "expresado su profunda preocupación y han instado al Estado Argentino a derogar dicho decreto", remarcó el Gobierno este viernes. Finalmente, se creó la Comisión Asesora de Política Migratoria, para "proponer medidas no vinculantes relacionadas con la aplicación y actualización de la Ley de Migraciones N° 25.871".
NA/HB
