Más de 58 mil personas entre los que se encuentran periodistas, políticos, empresarios, artistas y deportistas figuraban con nombre y apellido en una lista que era controlada por la Dirección de Migraciones. Estos datos eran seguidos de un comentario que, en caso de ingreso o egreso del país, se debía dar aviso a determinada persona. Esa persona era un funcionario de la Dirección Nacional de Migraciones, un empleado de la Agencia Federal de Inteligencia o de la Dirección de Inteligencia Criminal que dependía de la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Este sistema de alertas no contaba con ningún requerimiento judicial, por lo que su detección por parte del Gobierno de Alberto Fernández derivó en otra denuncia de espionaje ilegal que afronta la gestión de Mauricio Macri.
Los cruces entre funcionarios del Gobierno de Cambiemos y la actual gestión del Frente de todos recién comienzan y las diferencias que ayer se plantearon por la derogación de un decreto migratorio firmado por el ex presidente son sólo una muestra de la campaña que se viene. En pleno año electoral, ya se observa que las batallas no solo se darán en la arena pública, sino que también se trasladarán también a la justicia.
“Este seguimiento ilegal no contaba con autorización judicial ni requerimiento formal alguno. Se apoyaba en el sistema Halcón, creado para tramitar los requerimientos judiciales. Sirviéndose de este dispositivo, montaron otro paralelo e ilegal para realizar un espionaje con fines ajenos al interés público o de Seguridad”, detallaron desde la Dirección de Migraciones a cargo de Florencia Carignano sobre la denuncia que involucra al organismo que durante el gobierno anterior estuvo a cargo de Rogelio Frigerio.
En esta lista figuran desde Cristina Kirchner y sus dos hijos, Máximo y Florencia; pasando por los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano; el empresario Francisco De Narváez; el ex funcionario ahora con prisión domiciliaria, Julio De Vido; Sergio Maldonado, hermano de Santiago, desaparecido y después hallado muerto; el líder mapuche, Francisco Facundo Jones huala; y los economistas Mariano Treacy, Federico Wahlberg y Cintia Giménez.
Al detectar esta nómina, la actual gestión dio de baja las alertas que no contaban con un requerimiento legal y radicó la denuncia penal el 22 de octubre del 2020. La investigación se encuentra en el Juzgado Nacional en lo criminal número 2, Secretaría 4.
Además de este seguimiento, explican que también se controlaba a quienes ingresaban a la argentina a través del sistema Red Hat, utilizado para conocer los perfiles de cada ciudadano en redes sociales. Esta tecnología se adquirió en 2016 y costó $71,6 millones.
No es la única irregularidad denunciada dentro de las áreas que dependían del ministerio del Interior. La falta de protección de datos personales es otra de las denuncias en las que decidió avanzar el gobierno de Alberto Fernández bajo la órbita de la cartera que ahora conduce Eduardo “Wado” De Pedro.
Desde la Casa Rosada sostuvieron a PERFIL que al comienzo de la actual gestión “se detectó un excesivo otorgamiento sin criterios alguno, de claves que permitían acceder a información personal de ciudadanos y sus movimientos migratorios”.
De las 29.344 claves, se contaron 20.400 que fueron otorgadas injustificadamente a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. “Si consideramos que al momento de otorgar las claves dicha fuerza contaba con sólo 13.000 mil policías, la fuerza poseía de manera ilógica más claves que policías”, explicaron desde la Dirección de Migraciones. En la actualidad se decidió limitar las claves para la fuerza de la Ciudad a sólo 100, “todas ellas otorgadas bajo un protocolo claro que incluye a policías de las distintas provincias, Poder Judicial y organismos de Seguridad”, explicaron.
Las denuncias llegan a detectar vínculos dentro del gobierno de Cambiemos con la mafia china a través de ingresos ilegales de miles de ciudadanos de este país. “Por estos hechos fue detenido un funcionario de la gestión del ex ministro Rogelio Frigerio, causa que se tramitó en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 de San Martín”, recuerdan.
Ahora explican que también se detectó que otros miembros de la Dirección serían los que “firmaban autorizaciones” por lo que fueron apartados de sus cargos y actualmente se les cursa sumarios administrativos. El caso más grave involucraría a la secretaria del entonces director nacional de Migraciones, quien firmó más de 3.000 radicaciones “sin criterio alguno y sin chequear antecedentes penales. Se investiga el cobro de coimas por estos hechos”, contaron desde Migraciones.
En el ministerio del Interior a cargo de Eduardo “Wado” De Pedro vinculan el hackeo sufrido el año pasado al sistema de migraciones a estas denuncias que fueron presentadas en la justicia y miran a funcionarios de la gestión anterior. “Tras una investigación del caso, se detectó que Martín Ferlauto, principal colaborador del ex director nacional de Migraciones y actual secretario de Seguridad de Mar del Plata, Horacio García, siguió ingresando en forma irregular al sistema hasta días antes del hackeo. Esto fue sumado, como ampliación, en la denuncia formulada ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional 12”, explicaron.
