El juez federal Sebastián Casanello elevó este viernes 24 de julio a juicio oral y público la investigación por las plantas de agua de Aysa, uno de los expedientes del caso Odebrecht, según el fallo al que accedió PERFIL. Será la primera causa del caso Lava Jato en Argentina en llegar a esta instancia con empresarios procesados por presunto pago de sobornos a ex funcionarios kirchneristas, además de supuesta defraudación a la administración pública.
Las obras habían sido licitadas durante el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta. Se trata de la planta de tratamiento de aguas Bicentenario, en Berazategui, adjudicada a Camargo Correa y Esuco; y la planta potabilizadora Paraná de las Palmas, en Tigre, que quedó a cargo de Odebrecht, Roggio, Supercemento y Cartellone.
El magistrado también pidió la extradición del brasileño Antonio Miguel Márques, ex presidente de Camargo Correa, una de las empresas involucradas. Durante 2019, abogados argentinos de Márques se presentaron ante el juzgado e iniciaron gestiones para que el ex ejecutivo declare en la causa, confirmaron tanto fuentes judiciales como del estudio jurídico. Sin embargo, la declaración nunca se llevó a cabo "por cuestiones ajenas al juzgado", dice el fallo.
Carlos Ben: "Los presupuestos de obras aumentaron, pero por el paso del tiempo y la inflación"
En el proceso de licitación de las plantas, empresas argentinas se asociaron a las dos brasileñas: Odebrecht y Camargo Correa. Ambas, están involucradas en el pago de sobornos a nivel regional en el caso Lava Jato. Dos ejecutivos de Odebrecht confesaron en Brasil el pago de sobornos por estas obras de Aysa, pero nunca declararon en el país.Camargo Correa nunca admitió pago de coimas.
Los procesados que irán a juicio oral y público son 19, entre ellos el ex presidente de AySA, Carlos Ben; Raúl Oscar Biancuzzo, ex Director de Infraestructura y Desarrollo Tecnológico de AySA; los empresarios Aldo Roggio (socio de Odebrecht), Carlos Wagner (socio de Camargo Correa) y Tito Biagini (ex presidente de José Cartellone e Hijos SA), entre otros. También a Jorge “Corcho” Rodríguez, supuesto intermediario de Odebrecht en el país.
Las constructoras locales y Rodríguez sostienen que no participaron del pago de sobornos, mientras que los ex funcionarios niegan haber recibido pagos indebidos o haber direccionado las licitaciones. Sin embargo, el juez afirmó en sus últimos fallos que considera probados los delitos y que las obras estuvieron direccionadas a estas compañías.
