La constructora brasileña Odebrecht montó un “departamento de coimas” para gestionar el pago de sobornos a funcionarios de Argentina y de otros once países. Así consta en las declaraciones de seis ejecutivos de la compañía ante las autoridades de los Estados Unidos, a las que accedió PERFIL, que ubican a la Argentina en el puesto número seis del ranking de países sobornados por Odebrecht entre 2007 y 2014, durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner.
Los arrepentidos declararon que la empresa brasileña habría pagado coimas por US$ 35 millones a funcionarios argentinos para poder asegurarse tres obras públicas en el país, como adelantó este medio. Los funcionarios argentinos se habrían quedado con el 12,5 % de las ganancias de la constructora en la Argentina, calculadas en US$ 278 millones. El caso pone a varios ex funcionarios kirchneristas en el centro de una nueva investigación judicial local (ver página 9). La diputada Margarita Stolbizer pidió al fiscal Carlos Stornelli que inicie “una investigación preliminar”, que también dejaría en la mira a empresarios socios de Odebrecht, como el primo del presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra.
El “departamento de coimas” llevaba el nombre formal de División de Operaciones Estructuradas. Los pagos a funcionarios se canalizaban a través de tres firmas fantasma: las offshore Smith & Nash Engeneering Compañy (S&N) y Golac Projects and Construction Corporation –ambas de las islas Vírgenes Británicas–; y Arcadex Corporation, radicada en otro paraíso fiscal, Belice. Las firmas abrían cuentas bancarias para recibir y transferir los sobornos enviados por Odebrecht. Los pagos también se habrían realizado en efectivo a través de “paquetes y portafolios” en lugares establecidos por los funcionarios, tanto fuera como dentro de Brasil.
La División de Operaciones Estructuradas movía los fondos hacia “intermediarios” con funcionarios argentinos, muchas veces camuflados en otras sociedades fantasma.
La unidad contaba con una contabilidad negra y un sistema de comunicación secreto, llamado Drousys, que les permitía a los ejecutivos y sus cómplices enviarse mails y mensajes protegidos. También contaban con otro software, MyWebDay, para llevar la contabilidad de los pagos.
Tres de los seis arrepentidos son ejecutivos que lideraron la División de Operaciones Estructuradas entre 2006 y 2015. Otro de ellos es un alto ejecutivo de la División de Ingeniería de Odebrecht, que estuvo a cargo de la supervisión de los directores de las sucursales de la constructora en otros países. Fue el encargado de aprobar varios de los pagos de sobornos. Según sus dichos, en 2008, Odebrecht “se comprometió, junto con otros actores –no se mencionan cuáles–, a realizar pagos a futuro para funcionarios públicos argentinos”, cuyos nombres no fueron revelados aún. Más tarde, entre 2011 y 2014, desviaron fondos a un intermediario con quien la compañía acordó pagos para funcionarios argentinos por un total de US$ 2,9 millones. Los ejecutivos revelaron un tercer pago, entre 2011 y 2014, a una cuenta privada de un “intermediario”, quien recibió otros US$ 500 mil. El acuerdo, nuevamente, era que el dinero estaba destinado a funcionarios.
