“Nos negamos a morir en la cárcel”. La frase escrita en celeste en la bandera blanca que mostraban los presos en los techos del penal de Devoto se volvió la cara más visible de un reclamo que llevaba tiempo gestándose, pero que se agudizó en los últimos días. Argentina está en emergencia penitenciaria desde 2019, con superpoblación carcelaria y condiciones de hacinamiento, dos factores preocupantes que se volvieron una amenaza aún más real y concreta en el marco del avance de la pandemia de covid-19. “La carcel no va a estar preparada para un brote y el principal problema es la falta de espacio, que no permite mantener distancias sociales. Eso, más allá de las condiciones de la cárcel, que ya de por si tienen falta de oxigenación, ventilación, por eso siempre es mejor una cárcel por debajo de su capacidad de ocupación”, detalló a PERFIL, Nicolás Laino, Defensor Oficial de la Defensoría General de la Nación.
La situación de superpoblación que se da en la Argentina es similar a la que se da en otros países del mundo. Incluso existen recomendaciones de organismos internacionales como Naciones Unidas (ONU) y las Corte y Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre la necesidad de despoblar las cárceles. Y en varios países se avanzó en la conmutación de penas, para buscar revertir la situación.
Detrás del motín en Devoto: crisis judicial, interna política y negocio carcelario
Desde la Defensoría se presentaron pedidos y hábeas corpus en pos de apuntar a mejorar la situación, a través de excarcelaciones o arrestos domiciliarios, en todos los casos que fuera posible. Fue precisamente por un escrito de la Defensoría que la semana pasada, la Cámara Federal de Casación Penal recomendó a los tribunales inferiores otorgar medidas alternativas a la cárcel. Mediante su acordada, el máximo tribunal penal del país consideró la doble situación de emergencia actual en lo que respecta a las cárceles: la sanitaria, declarada por la pandemia de coronavirus, y la producida por el hacinamiento general que se registra en los establecimientos federales.
Pero a pesar incluso de las recomendaciones tanto de la Cámaras Federal, a la que ayer se sumó la Nacional, para que se que evalúen opciones alternativas a los encierros en penales, con el fin de despoblar las cárceles, hasta ahora todo resulta insuficiente para paliar la situación general a nivel carcelario.
“Hay jueces que no están acostumbrados a liberar personas que están presas por delitos leves o con escasa violencia. Hay gente que está presa por eso”, detalló Laino.
“Los jueces no se muestran muy permeables a eso. Ni siquiera con el riesgo de muerte, no les preocupa que esa persona pueda llegar a morir. No lo evalúan aún con las muestras de buena voluntad de las Cámaras”, describe.
Desde la Defensoría vienen insistiendo aun desde antes de la llegada del covid-19, con la necesidad de despoblar las cárceles ante la situación de hacinamiento. “Presentamos pedidos de morigeración, para reducir la población carcelaria”, detalló Laino. En tanto que desde la aparición de la pandemia los defensores oficiales de todo el país fueron instados desde la Defensoría General a reintentar los pedidos para que se evalúe nuevamente la posibilidad de excarcelaciones o arrestos domiciliarios para sus defendidos. Las solicitudes fueron alrededor de 1500 en el ultimo período, pero de ese porcentaje, solamente cerca de un 20 por ciento de los magistrados accedieron, en tanto que el 80 por ciento restante se negó a otorgar las morigeraciones o todavía no han sido resueltas, aun a pesar de que, como explica Laino, no se trata de casos con delitos gravísimos. “Se ha liberado a alguna gente, pero hay otros casos con delitos no graves, en los que los jueces dicen que no”, detalló.
Laino, además, contextualiza la situación general ante lo que pueden significar en el sistema de salud pública los posibles contagios masivos dentro de un penal. “No sólo es un riesgo para los detenidos en si mismos, también hay que ver el impacto que puede tener en el sistema de salud en general. Si los presos se enferman van a terminar en el hospital público, y de golpe va a haber 800 presos contagiados. Deberían preocuparse porque van a disminuirse recursos”, describió. Al tiempo que resaltó la “importancia de no colpasar el sistema de salud”, que es de hecho lo que se viene intentando hacer con las medidas como el aislamiento social, preventivo y obligatorio.
CP
