Tras la autorización de la Justicia, referentes ambientales cuestionan el proyecto a tratarse en la Legislatura porteña para construir torres en Costanera Sur, un desarrollo inmobiliario de 250 millones de dólares en las inmediaciones de La Boca que involucra a la empresa IRSA.
“Este proyecto logró una primera sanción sin estudio de impacto ambiental y sin consideración alguna a los efectos del cambio climático en la erosión de las zonas costeras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, comentó Silvia Vázquez, precandidata a diputada nacional por el Acuerdo Verde y Social en la Ciudad de Buenos Aires.
El proyecto se llama “Costa Urbana”, que algunos llaman "Puerto Madero 2", y apunta a la construcción de viviendas, oficinas, locales comerciales, entre otros desarrollos, junto a un parque público de casi 43 hectáreas que serían cedidas al gobierno porteño a desarrollarse una de las zonas más afectadas por la crecida del nivel del Río de la Plata.
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En total afectará a un predio 71,61 hectáreas (716.180 metros cuadrados) que pertenece a la empresa de bienes raíces e inmobiliaria IRSA, ubicado al lado de la Reserva Ecológica y del barrio popular Rodrigo Bueno.
En este sentido, la referente ambiental cuestionó al gobierno comandado por Horacio Rodríguez Larreta por impulsar proyectos de esta envergadura en las “zonas más bajas y vulnerables al impacto del cambio climático”.
“Pretenden estafar a quienes pudieran ser eventuales compradores ya que en pocos años estas zonas se encontrarán completamente inundadas”, dijo Vázquez en base a los estudios científicos como Climate Central en su “Mapa de riesgo de inundaciones costeras y aumento del nivel del mar”.
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El impulso del proyecto inmobiliario entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa IRSA, del desarrollador Eduardo Elsztain, coincide con lo manifestado por la Organización Meteorológica Mundial en los últimos días, que advirtió que América Latina y el Caribe representan "una de las regiones más afectadas por los fenómenos hidrometeorológicos extremos".
Además, el proyecto que estará destinado a viviendas, oficinas y hasta un shopping, también es cuestionado por el Observatorio de la Ciudad en virtud del artículo 8 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires que establece que “los espacios que forman parte del contorno ribereño de la Ciudad de Buenos Aires son públicos y de libre acceso y circulación”.
CDI CP
