La justicia de la Ciudad de Buenos Aires rechazó una medida cautelar y habilitó el tratamiento en la legislatura porteña del proyecto de ley que busca crear las condiciones para el desarrollo de un proyecto inmobiliario de 250 millones de dólares en la costanera sur, en las inmediaciones de La Boca.
El proyecto denominado “Costa Urbana”, apunta a la construcción de viviendas, oficinas, locales comerciales, entre otros desarrollos, junto a un parque público de casi 43 hectáreas que serían cedidas al gobierno porteño, en tierras de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors.
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La empresa IRSA, del desarrollador Eduardo Elsztain, suscribió un convenio junto a la Ciudad de Buenos Aires para avanzar sobre el predio de 71 hectáreas.
Sin embargo, Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la FIUBA objetaron el avance del proyecto en la justicia, al plantear que para la modificación del uso de esos terrenos era necesaria la realización de una audiencia pública, prevista en el artículo 63 de la carta magna de la ciudad.
En esa instancia, el juez Luis Aurelio, del juzgado de primera instancia en lo contencioso administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, decidió rechazar el planteo. “El procedimiento parlamentario no ha concluido sino que se halla en desarrollo. Y la parte actora no ha explicado por qué entiende que suspender ese procedimiento sería la única o la mejor manera de resguardar los derechos que aduce afectados”, indicó el juez en los considerandos del fallo.
El tratamiento del proyecto de ley apunta a cambiar la normativa del uso de los terrenos, que según de acuerdo a la reglamentación actual se encuentra habilitado para usos deportivos. De modificarse, tendrá vía libre para el desarrollo del proyecto.
Las 71 hectáreas en las que el gobierno que encabeza Horacio Rodríguez Larreta y la empresa IRSA se encuentran detrás del barrio Rodrígo Bueno, muy cerca de Caminito, habitual punto turístico de la Ciudad de Buenos Aires.
En la obra, el Grupo IRSA se comprometió a aportar terrenos aptos para la construcción y financiará parte del Fideicomiso de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y del Fondo de Desarrollo Urbano Sostenible (Fodus). También las obras de infraestructura de gas, agua corriente, cloacas y luz eléctrica en el interior de la urbanización.
El bloque del Frente de Todos en la Legislatura porteña, no obstante, expresó su rechazo al proyecto. "Se trata de una nueva versión camuflada de Solares Santa María, un nuevo intento del Gobierno de la Ciudad de cederle a IRSA la costa del río para hacer un barrio privado, algo que expresamente está prohibido en la normativa de la Ciudad", cuestionó durante el tratamiento en comisiones el diputado Matías Barroetaveña.
LC/FL
