Un insólito episodio tuvo lugar este sábado cuando efectivos de la Prefectura Naval de Paraguay amenazaron a pescadores argentinos que participaban de un concurso de pesca en las costas de la isla Apipé Grande. Ante lo sucedido, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, repudió el hecho y reclamó la intervención de la Cancillería argentina para expresar una queja formal al país vecino.
El hecho se dio el pasado sábado en las aguas del Río Paraná, cuando todavía faltaban cinco horas para la finalización del concurso de pesca con devolución, en el marco de la cuarta edición de la Fiesta Regional del Pescador "Memorias del Paraná".
En ese momento, integrantes de la Prefectura Naval de Ayolas -Paraguay- ordenaron el cese de la actividad a los presentes a través de un megáfono, y amenazaron con confiscar las cañas de pescar si no lo hacían en un plazo de cinco minutos.
Frente a la orden de los uniformados paraguayos, el Municipio de San Antonio decidió suspender la competencia para garantizar la seguridad de los participantes, pese a que informó que exigiría la intervención de Cancillería, acción que luego realizaría Valdés de manera oficial.
El Municipio aclaró que se habían efectuado los trámites correspondientes tanto ante la Prefectura como a la Secretaría del Ambiente (SEAM) de Paraguay para poder desarrollar la competencia, que incluyó el pago de un canon que en pesos argentinos asciende a poco más de 1.700 pesos.
"La suspensión es sólo para evitar un conflicto mayor y cuidar a la gente. Pero esto no va a quedar así", advirtió el viceintendente de la localidad, Juan Dacunda, en declaraciones a El Litoral.
"No estábamos depredando nada, todo era con devolución", aclaró. "Los isleños no podemos estar sentados en tierra argentina y pescar pero sí se permite que numerosas embarcaciones paraguayas durante la noche pesquen en la zona del vertedero de la represa Yacyretá donde supuestamente está prohibido", denunció el funcionario.
Luego de que trascendiera el conflicto, el Gobierno provincial de Corrientes difundió un comunicado oficial en el que Valdés reclamó la rectificación del hecho, y anunció que requirió la intervención de Cancillería para abordar el problema por la vía diplomática.
A.G. C.P.
