El CELS objetó las candidaturas de Ariel Lijo y García Mansilla a la Corte Suprema: "Son incompatibles"
La ONG presentó un escrito con observaciones de los perfiles que eligió el Gobierno para integrar el máximo tribunal. Dicen que son "contrarios" a los derechos humanos y destacaron la ausencia de candidatas.
Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla |
Cedoc Perfil
El Centro de Estudios Legales y Sociales(CELS) impugnó la candidatura de Ariel Lijoy Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia. En medio de la etapa final para presentar adhesiones e impugnaciones a los jueces propuestos por Javier Milei, la organización consideró que los dos perfiles no son adecuados para ocupar ese rol y criticó la falta de candidatas.
"Presentamos observaciones acerca de sus perfiles, contrarios a los criterios de idoneidad y compromiso con los derechos humanos", indicó el CELS en un comunicado, en el que también criticó que no hayan candidatas mujeres para integrar el máximo tribunal.
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"Nominar a dos candidatos varones para integrar la Corte exclusivamente con hombres es contrario a la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujeres, a la que Argentina adhiere", indicaron.
Tanto la presentación de CELS como la de otros actores sociales y políticos, incluido el bloque de diputados de la UCR y el GEN, fue dirigida al Ministerio de Justicia bajo la dirección de Mariano Cúneo Libarona. Si bien hay tiempo para pronunciarse hasta el jueves 9 de mayo, el paro nacional convocado por la CGT para esa fecha apresuró a los interesados en impugnar las candidaturas.
Los jueces de la Corte Suprema. Desde que falleció Elena Highton de Nolasco, el máximo tribunal no tiene representación femenina.
El CELS destacó la trayectoria judicial de Ariel Lijo, conocido por su desempeño como titular del juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4 de la Ciudad de Buenos Aires. "en un fuero acostumbrado a funcionar bajo sus propias reglas y donde se tejen intereses de distintos grupos de poder, económicos y políticos", indicó en el escrito.
Entre los principales señalamientos se encuentran las denuncias de falta de investigación en casos de corrupción, demoras excesivas en el tratamiento de causas - entre ellas el atentado a la AMIA- y acusaciones de enriquecimiento ilícito.
La ONG también destacó que Lijo ordenó la detención preventiva de exfuncionarios públicos basándose en lo que se conoce como la "doctrina Irurzun", un criterio que suele ser cuestionado por su arbitrariedad y por alejarse de los principios y criterios establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Por otro lado, Manuel García-Mansilla generó polémica debido a sus posturas académicas, indicaron desde el CELS, especialmente en lo que concierne a los derechos humanos y temas de género.
Sus opiniones contrarias a la jerarquía constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos, así como su oposición al derecho al aborto y su crítica a fallos de la Corte Suprema relacionados con este tema, generaron preocupación entre diversos sectores de la sociedad.
Otro de los puntos críticos que mencionó CELS en su presentación ante la cartera a cargo de Cúneo Libarona fue en relación a un asunto energético. García Mansilla, señalan, se opuso al fallo de la Corte Suprema que en 2016 estableció la realización obligatoria de audiencias públicas, con participación ciudadana, para la fijación de tarifas de gas. "Lo calificó como producto de 'populismo judicial' que 'inventó' derechos que no existen", indicaron.
El Ministerio de Justicia recibirá impugnaciones y adhesiones a las candidaturas de Lijo y García Mansilla a la Corte Suprema hasta mañana.
"Los perfiles elegidos por el Poder Ejecutivo van en contra de la evidente necesidad de encarar una reforma profunda del sistema de justicia federal y de integrar la Corte Suprema con jueces y juezas con un claro compromiso con la democracia, la igualdad, la transparencia y los derechos humanos", concluye la presentación.
Objeciones a las candidaturas propuestas por Milei
El pasado 15 de abril, el Poder Ejecutivo anunció las candidaturas de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como posibles integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, estas nominaciones no estuvieron exentas de controversia y críticas, tanto en relación con el proceso de selección como con los perfiles de los candidatos.
El proceso de selección de los candidatos fue duramente cuestionado particularmente en lo que respecta a la transparencia y la inclusión de criterios de idoneidad y compromiso con los derechos humanos. Además, organizaciones y expertos en el ámbito legal expresaron su preocupación por la falta de claridad en los criterios utilizados para evaluar a los postulantes y el posible sesgo político en la elección.
Ante estas nominaciones, se destacaron además los posibles impactos negativos que estas designaciones podrían tener en la efectiva protección de los derechos humanos y en la credibilidad del sistema judicial.
