viernes 01 de julio de 2022
ACTUALIDAD LIBERTAD DE EXPRESIÓN

La Fundación LED repudió las demandas judiciales de Javier Milei contra periodistas

La entidad que encabeza Silvana Giudici se solidarizó con Pablo Duggan, Fabián Doman, Paulo Vilouta, Débora Plager y Martín Candalaft, considerando que las demandas de Milei "buscan disciplinar las críticas y cuestionamiento a su labor como diputado, o a sus ideas como dirigente político".

27-05-2022 21:35

La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia), que preside Silvana Giudici, expresó este viernes su repudio a las demandas judiciales que el diputado Javier Milei inició contra los periodistas Pablo Duggan, Fabián Doman, Paulo Vilouta, Débora Plager y Martín Candalaft, a los que les reclama millonarios resarcimientos por haber criticado algunas de sus manifestaciones el año pasado.

Como señaláramos, el diputado nacional de La Libertad Avanza promovió tales demandas por supuestos daños y perjuicios, a raíz de las críticas que esos periodistas hicieron sobre algunas de sus afirmaciones hechas junio del año pasado, cuando en el programa de Viviana Canosa en A24, dijo, entre otros conceptos: "No solo les ganamos en lo productivo, somos superiores moralmente, estéticamente, y eso les duele. Los zurdos de mierda están perdiendo la batalla cultural".

En la demanda el economista exige un resarcimiento de $5 millones de pesos (un millón a cada uno de los periodistas) por el mero hecho de haber editorializado de manera crítica acerca de sus posiciones políticas. PERFIL confirmó en base a consultas en el Poder Judicial que hay dos expedientes abiertos en el fuero civil de la Capital Federal. El primero está radicado en el Juzgado Nacional N°103 y el único apuntado ahí es Duggan. Mientras tanto, la otra causa tramita en el Juzgado Nacional N°33 y los señalados son Doman, Vilouta, Plager y Candalaft.

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Ante dicha situación, la Fundación LED manifestó en un comunicado su rechazo a las demandas promovidas por Milei, solidarizándose con los denunciados y señalando que "se trata de un intento de intimidación destinado a disciplinar la crítica o a silenciar cualquier cuestionamiento o disenso sobre su labor como diputado, o sobre la expresión de sus ideas como dirigente político".

A continuación transcribimos el resto de la nota difundida por Fundación LED:

"La Fundación LED entiende que estas demandas judiciales dirigidas a periodistas, cuando son iniciadas por funcionarios o diputados, constituyen un cercenamiento a la garantía constitucional de la libertad de expresión que protege la libertad editorial y las expresiones periodísticas, ya que van dirigidas a condicionar la valoración u opinión de los periodistas sobre quien los denuncia. En este caso un dirigente que dice abrazar ideas libertarias, concita particular atención, ya que estas prácticas contravienen el principio fundador de las libertades republicanas, como lo es la libertad de expresión".

"Este caso viene a sumarse a la reseña del estado de vulnerabilidad que reviste para la libertad de expresión en Argentina, ya que no es la primera vez que los tribunales argentinos se ocupan de demandas contra periodistas, por citar alguna de las más recientes, el caso de la Vice Presidenta Cristina Fernández de Kirchner contra Eduardo Feiman, que fue rechazada por la Sala F de la Cámara Civil".

"Este tipo de demandas contra periodistas conforman un escenario cada vez más frágil para el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos y de los periodistas erigiéndose en una degradación de las libertades, sobre todo de la libertad de expresión y de opinión, que de ningún modo puede estar afectada ni sujeta a responsabilidades ulteriores, como en estos supuestos, la demanda dineraria que pretende percibir el diputado libertario, por opiniones de los periodistas sobre su accionar y sus declaraciones públicas".

"Desde la Fundación LED entendemos que el impulso de demandas de estas características conllevan también un intento de evitar el debate público en temas políticos al intentar condicionar la opinión de los comunicadores, y a través de ellos la opinión pública en general. Tan importante es la necesidad de proteger el debate público, que en el marco jurídico interamericano de derecho a la libertad de expresión se establece que los funcionarios, candidatos, diputados y autoridades deben respetar con mayor tolerancia a la crítica, ya que están voluntariamente sujetos a un mayor escrutinio público".

"La Fundación LED hace propio lo sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a que: “en la arena del debate sobre temas de alto interés público, no solo se protege la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino también la de aquéllas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población”. Es por ello, que el discurso político sobre asuntos de interés público es uno de los discursos protegidos por los tratados internacionales de derechos humanos que nuestra Constitución ha incorporado en su texto plenamente".

"LED continuará con el seguimiento de este caso y ratificando su compromiso con la plena libertad de expresión, al entender que la labor de la prensa independiente es una condición indispensable para la plena vigencia de los Derechos Humanos", concluyó la nota de la entidad.

 

HB