El papa Francisco ha convocado a los presidentes de las conferencias episcopales del planeta a una reunión cumbre en el Vaticano, motivado por el incontenible flagelo de los abusos sexuales del clero en sus todos sus estamentos (diáconos, sacerdotes, obispos y cadenales). Flagelo que lo tiene como protagonista, no sólo por los resonantes casos que le explotaron recientemente como los de Pensilvania y el del cardenal Theodore Edgar McCarrick, sino porque el propio Bergoglio ha llevado a cabo más de sesenta acciones para consolidar el sistema de encubrimiento.
El contexto dentro del cual se desarrollará la cumbre, está compuesto por el referido sistema de encubrimiento, pergeñado meticulosamente por la jerarquía vaticana; la vulneración continua de derechos humanos de las víctimas y la continuidad del abuso de poder institucional y denegación de justicia. El eje central donde engarza todo el sistema de encubrimiento, son las normas jurídicas internas concentradas en el Código de Derecho Canónico. Es ese corpus legal es el que regula el procedimiento interno, que se inicia con una “noticia fehaciente” de abuso, pero que no contiene ni una sola garantía para las víctimas
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En efecto, la garantía de defensa en juicio, o debido proceso legal, no existe puertas adentro de la institución religiosa. Es decir, las víctimas sólo tienen derecho a presentar una denuncia, nada más. No tienen derecho a nombrar abogado defensor, ni a constituir domicilio legal, ni a presenciar las declaraciones testimoniales (de testigos propios, o los que presente el sacerdote denunciado). Mucho menos, sabrá los fundamentos de la resolución del caso.
Esta aberración jurídica, violatoria de derechos humanos fundamentales, fue advertida por el Comité de los Derechos del Niño quien en 2014, en un documento llamado “Observaciones finales sobre el segundo informe periódico de la Santa Sede”, exhortó a la Iglesia a “Modificar el derecho canónico para que el abuso sexual de los niños se considere un delito y no una simple infracción moral”.
Puertas afuera, en sede judicial estatal, la Iglesia se niega a colaborar, no sólo no denunciando a los abusadores - aunque en Argentina esté obligada por el artículo 18 de la ley 26.485 -, sino que tampoco remite las constancias escritas de sus propias investigaciones. Se suma a ello, la constante negativa a cumplir con el deber de información.
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El Papa sabe que la situación no da para más, que la valentía de las víctimas, la presión de la opinión pública y de los medios de comunicación es tan fuerte y arrolladora, que no le quedó otra alternativa que realizar la convocatoria que comentamos.
Cumplir con los lineamientos de derecho internacional de los derechos humanos, o perseverar en la política de abuso de poder, serán criterios para discernir entre la sinceridad o hipocresía de una institución cuya estructura y funcionamiento ha colapsado.
* Abogado de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Argentina y apoderado de la red en Italia.
