La Justicia federal dictó hoy una medida cautelar que obliga a la inmediata suspensión del proyecto de explotación petrolera en las cercanías de las costas de Mar del Plata.
En ese sentido, el juez federal de la ciudad balnearia Santiago Martín falló a favor de la presentación realizada por organizaciones ambientalistas y el intendente Guillermo Montenegro.
De igual forma, la decisión no será de manera permanente, puesto que solo tendrá vigencia hasta que se analice el impacto ambiental que tendrá el proyecto para habilitar la Campaña de Adquisición Sísmica Offshore Argentina”.
En ese sentido, la medida cautelar asegura que “se encuentra suficientemente acreditada la verosimilitud del derecho invocado por los amparistas de las explicaciones que brinde el Estado nacional y la empresa Equinor”.
Por esto mismo, instó a ambas partes a presentar los informes necesarios para garantizar que el impacto ambiental que tendría esta operación sobre el mar está controlado.
Durante el escrito, el juez recalcó que no se habría cumplido con el estándar de máxima publicidad que obliga a poner a disposición del público la información ambiental relevante. Además, Martín agregó que se omitieron los procedimientos de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE).
La decisión del juzgado federal se da tan solo un mes después de que la fiscal Laura Mazzaferri haya dado curso a dos amparos presentados para frenar la exploración petrolera en las costas de Mar del Plata.
Explotación de petróleo en Mar del Plata: una fiscal dictaminó en contra del proyecto
La concesión otorgada por el Gobierno nacional a Equinor
A través de la resolución 436/2021 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional otorgó en diciembre del año pasado la habilitación de explotación petrolera a la empresa noruega Equinor, en sociedad con YPF Y Shell.
Así, el Ejecutivo otorgó la explotación de tres áreas extraterritoriales, ubicadas en Cuenta Argentina Norte, a 300 kilómetros de la Ciudad de Mar del Plata.
El gobierno nacional defendió la explotación de petróleo en Mar del Plata
Mediante esta resolución, el Gobierno dictó la “suspensión de los plazos del procedimiento de evaluación del impacto ambiental”, motivo principal por el que la Justicia obligó la suspensión de las actividades.
El argumento de las autoridades para poner fin a la evaluación necesaria para iniciar estas operaciones fue que la empresa tendría que dar “estricto cumplimiento” a los términos del Plan de Gestión Ambiental.
RdC
