Agustina del Campo: “En Argentina hay más desinformación política analógica que en redes sociales”

Magíster en Derecho Internacional con especialización en Derechos Humanos de la American University (AU), abogada por la Universidad Católica Argentina (UCA), directora del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) de la Universidad de Palermo (UP) y miembro del Grupo de Expertos en Libertad de Expresión de la Universidad de Columbia (UC), Agustina del Campo se especializa en libertad de expresión y derechos humanos en Internet y esta semana participó de la Agenda Académica de Perfil Educación. “La desinformación viene muchas veces de la mano de actores mucho más tradicionales que de redes sociales, youtubers o influencers. A diferencia de Brasil o México, donde la desinformación en redes sociales fue particularmente alarmante, en Argentina no parece haber adquirido esa dimensión. Sí adquiere relevancia la desinformación más clásica, desde los propios partidos políticos o de funcionarios públicos. El reparto de boletas falsas, por ejemplo. Eso es desinformación analógica más tradicional. En Argentina hay más desinformación política analógica que en redes sociales. Desde el punto de vista de libertad de expresión, me preocupa más la desinformación analógica generada desde partidos o funcionarios que la desinformación que circula en internet. Tiene un impacto más hondo”, sostuvo.

Docente de Internet y Derechos Humanos y Regulación, Autorregulación y Coregulación de Plataformas en Internet en la UP y coordinó el Diplomado en Libertad de Expresión de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Del Campo es autora de una gran producción académica, con trabajos como ¿La desinformación en democracia o la democracia de la desinformación?; Hacia una internet libre de censura III. Estándares, contextos y aprendizajes en el Sistema Interamericano; La mentira de los funcionarios, ¿tiene patas cortas o efectos largos?; Libertad de expresión entre la lógica y la democracia; entre otros. “Una calumnia o una injuria pueden ser desinformación. Una estafa o un error puede ser desinformación. Una mentira, aunque no ilegal, puede ser considerada desinformación. Entonces, desinformación hubo siempre pero en cuestiones jurídicas nunca se llamó desinformación, sino de distintas maneras y con la llegada de internet llegamos a este término que es interesante para fines de activismo pero que jurídicamente nos deja un poco cluecos. Cuando hablamos del impacto de la desinformación en democracia, en términos técnicos también nos quedamos cortos cuando hablamos de desinformación. Porque qué parte de desinformación, cuáles son los contenidos con los que efectivamente tenemos problemas y cuáles son los contenidos con los que no tenemos problemas”, agregó.

—En ¿La desinformación en democracia o la democracia de la desinformación? usted advierte que la desinformación en internet ha sido objeto de preocupación y acción por parte de múltiples actores y que, si bien al principio las medidas fueron orientadas a capacitar y colaborar en la detección de noticias falsas, cada vez son más las medidas cuya implementación supone censura, bloqueos, controles y persecución. ¿Parafraseando al título de su paper, actualmente estamos en una era de desinformación en democracia o una era de democracia de la desinformación?

—Creería que las dos cosas. Indudablemente, estamos en un periodo en el que la desinformación es una preocupación creciente y constante para distintos actores, sobre todo, Estado, pero también académicos y sociedad civil. Hay muchas democracias de Occidente muy preocupadas por lo que perciben como crecientes niveles de desinformación, especialmente, política que es la que amenaza a las democracias. No obstante, el término de desinformación, para fines de activismo o de advocacy, si se quiere, es un término muy útil, porque tiene una potencia en sí mismo, pero en aspectos jurídicos, el término desinformación es altamente problemático porque incluye expresiones y contenidos, tanto lícitos como ilícitos. Una calumnia o una injuria pueden ser desinformación. Una estafa o un error puede ser desinformación. Una mentira, aunque no ilegal, puede ser considerada desinformación. Entonces, desinformación hubo siempre pero en cuestiones jurídicas nunca se llamó desinformación, sino de distintas maneras y con la llegada de internet llegamos a este término que es interesante para fines de activismo pero que jurídicamente nos deja un poco cluecos. Cuando hablamos del impacto de la desinformación en democracia, en términos técnicos también nos quedamos cortos cuando hablamos de desinformación. Porque qué parte de desinformación, cuáles son los contenidos con los que efectivamente tenemos problemas y cuáles son los contenidos con los que no tenemos problemas. Y un segundo factor que contribuye a que sean las dos cosas, democracia de la desinformación y desinformación en democracia, es que internet viene a magnificar fenómenos que ya existían porque tiene una velocidad que antes no teníamos en las comunicaciones. La información empieza a llegar de muchos más actores y a través de muchos más medios. Y hay una audiencia mucho más involucrada en temas de debate público.

—¿Cuál es el estado de la desinformación política en la Argentina?

—Desinformación política es un término amplio, que puede dividirse en varias partes. Desinformación política puede ser desinformación sobre toda cuestión de interés público o vinculada con gobierno, oposición o partidos políticos. Puede ser desinformación electoral. En Argentina atravesamos una campaña electoral muy activa, con mucho debate público sobre un montón de temas como salud, economía o educación. Hubo mucha discusión pública. Y la desinformación que vimos estuvo presente en internet pero también fue analógica. La desinformación viene muchas veces de la mano de actores mucho más tradicionales que de redes sociales, youtubers o influencers. A diferencia de Brasil o México, donde la desinformación en redes sociales fue particularmente alarmante, en Argentina no parece haber adquirido esa dimensión. Sí adquiere relevancia la desinformación más clásica, desde los propios partidos políticos o de funcionarios públicos. El reparto de boletas falsas, por ejemplo. Eso es desinformación analógica más tradicional. En Argentina hay más desinformación política analógica que en redes sociales. Desde el punto de vista de libertad de expresión, me preocupa más la desinformación analógica generada desde partidos o funcionarios que la desinformación que circula en internet. Tiene un impacto más hondo.

—En Hacia una internet libre de censura III. Estándares, contextos y aprendizajes en el Sistema Interamericano usted advierte que se han reabierto debates en torno al poder de los monopolios en la circulación del discurso, la desinformación y la falsedad de las noticias, el derecho a la privacidad y la protección de datos personales, el anonimato, la censura previa, la regulación del discurso de odio y las responsabilidades del sector privado. Y en ese libro que usted compiló se pregunta cuál es la relevancia y la vigencia de los estándares en materia de libertad de expresión en el mundo digital. ¿Cuál es la respuesta?

—Me parece que es un territorio que está en disputa. Los organismos internacionales fueron muy claros en los últimos años en decir que los estándares de derechos humanos están vigentes en internet, así como fuera de internet. Pero también es cierto que internet plantea algunos dilemas éticos que los trae de otra manera, en algunos casos acrecentados y genera problemas muy clásicos de libertad de expresión. Sin ir más lejos, el Estado tiene herramientas de monitoreo de la información que circula en internet, de censura que antes no tenía. Pero también genera algunos dilemas nuevos. La viralidad, la permanencia, el hecho de que un comentario, un pedazo de información yo lo comparta y no dependa de mi a cuanta gente llega y si eso se transforma en un contenido que tenga siete millones de vistas o que tenga solo dos. Muchas veces no hay necesidad de organización detrás de esa información y esa difusión. Y eso es algo nuevo. Antes, para lograr esa magnitud y esa llegada, uno tenía que orquestar esa operación. Ahora también se puede orquestar, pero también hay contenidos que orgánicamente adquieren una velocidad que antes no había forma de lograr. Y eso lleva a que los Estados y distintos actores cuestionen algunos de los estándares más tradicionales de libertad de expresión. Por ejemplo, la Comisión Interamericana prohíbe la censura previa y dice que tiene que haber solo responsabilidades ulteriores. ¿Qué pasa entonces con los contenidos que en una hora se viralizaron y generaron un daño magnífico? ¿Esos contenidos abren la puerta a que esa discusión se reabra o esa discusión está cerrada? Quiénes abogamos por la libertad de expresión defendemos la idea de que los estándares se mantienen vigentes, sobre todo en términos de obligaciones estatales, y que eso no debería modificarse. Pero hay una preocupación legítima.

—En La mentira de los funcionarios, ¿tiene patas cortas o efectos largos? usted asume que dos premisas: 1) atribuirles a las redes sociales un rol excluyente en la nueva crisis de desinformación que impacta el ecosistema informativo sería erróneo; y 2) que la desinformación tiene impactos distintos de acuerdo a quien la promueva –personas públicas vs. privadas–, y los funcionarios públicos tienen responsabilidades especiales respecto de su discurso. En ese sentido, ¿cuál es la responsabilidad que tienen los funcionarios en la nueva era de la desinformación?

—En ese estudio hicimos un relevamiento de nueve países en la región para ver cuáles eran las obligaciones que pesaban sobre funcionarios públicos y sobre partidos políticos y lo que encontramos fueron obligaciones de distinta índole. Hay obligaciones de derecho administrativo: los actos de derecho administrativo tienen que estar fundados en hechos ciertos. Si el fundamento se cae, el acto administrativo es nulo. Ahí hay una obligación clara de que el acto administrativo tiene que estar fundado en hechos ciertos. Hay una obligación clara de decir la verdad. Hay obligaciones de derecho penal: el prevaricato, por ejemplo. Hay obligaciones éticas, las leyes de ética de funcionarios públicos tienen prescripciones bastante claras. Por ejemplo, tienen obligación de presentar declaraciones juradas, que tienen que ser ciertas. Hay instancias de distintas ramas del derecho en las que los funcionarios tienen obligación de decir la verdad. Por otra parte, los Estados se manifiestan a través de sus funcionarios públicos. El Estado no habla, habla a través de sus funcionarios. Y en ese sentido, no es la libertad de expresión del funcionario sino la expresión del Estado. Desde ese lugar, hay obligaciones de veracidad. Cuando uno pide acceso a la información pública, esa información tiene que ser cierta. No puede ser falsa. Hay obligaciones de distinto carácter. Lo que falta es la implementación de esas obligaciones. Hay pocos procesos iniciados contra funcionarios públicos. Hay poca actividad por parte de los órganos revisores en verificar que esas normas se cumplan.

—En Libertad de expresión entre la lógica y la democracia usted plantea que para evitar la desinformación es necesario establecer protecciones adicionales al discurso público, particularmente al político. Y advierte que esta solución establece tipos de discurso distintos y tipos de usuarios distintos, ya que reconoce fronteras, y establece excepciones, por lo que bajo esta lógica, el discurso de Trump debe difundirse, igual que el de Bolsonaro, con todos los riesgos que ello implica. Pero que también debe difundirse el discurso de la OMS, el del Ministro de Salud de Brasil, y el de los especialistas en Salud de Estados Unidos. ¿Cómo aplica está lógica al discurso llevado al extremo por Milei en su campaña electoral?

—En ese ensayo yo planteaba dos opciones. Una opción es sostener que la moderación de contenidos que hace una empresa privada de internet debe aplicarse igual a todos los usuarios, con ese criterio la empresa puede moderar contenido mío, de mis hijos y del presidente de la Nación, y debería moderarlo bajo las mismas reglas. Y la segunda opción que planteo es que hay que distinguir entre tipos de usuarios distintos. Creo que hay obligaciones que pesan sobre los funcionarios públicos que no pesan sobre el resto de los individuos. Y si los funcionarios públicos hablan en representación del Estado, hay temas de acceso a la información que son esenciales. Si uno piensa en las cuentas de redes sociales que tienen distintas municipalidades, gobernadores, candidatos a distintos cargos públicos, uno encuentra que hay mucha información que circula en esas cuentas que no circula en otros lados. Hay expresiones de funcionarios y de candidatos, en este caso como lo fue Milei. Si la empresa modera a todos de la misma manera, nos deja sin evidencias a quienes somos ciudadanos de ese debate público. Porque una vez que la red social elimina el contenido, ese contenido desaparece. Por otro lado, limita las posibilidades de accountability, de rendición de cuentas del funcionario público, y limita las posibilidades de debatir. Yo creo que el mal discurso se combate con más debate y mejor discurso. Esa es la forma que la democracia requiere. Un diálogo que puede ser chocante, o hasta irrespetuoso, pero que tiene que mantenerse dentro del diálogo. Es la forma en la que la voluntad popular puede salir a la luz. En el caso de Milei, su campaña fue un caso interesante. Estuvimos discutiendo premisas de la campaña de Milei desde hace meses. Quizá si las redes sociales hubiesen limpiado todas las instancias, hubiese sido difícil ir para atrás para ver cuándo cambió de opinión, donde se contradijo, donde no explicó lo que quería decir. Si la empresa privada que modera el debate público hubiese moderado ese discurso igual que el mío, nos hubiéramos perdido un registro histórico que es relevante para nuestra conversación pública.

—Es interesante pensar cómo se comportan los privados que administran el debate público. En este caso, por ejemplo, es interesante analizar lo que hace Elon Musk con X. ¿Pero no fue siempre así este el fenómeno entre empresarios privados que moderan el debate público en los medios de comunicación, o algo cambió con la aparición de las empresas tecnológicas?

—Hay muy poca información sobre lo que se ve del otro lado de la red social. Yo miro que es lo que pasa en desinformación, discursos de odio y distintos tipos de discursos en redes sociales y, muchas veces, lo que nos falta para poder informar políticas públicas claras son datos empíricos. Cuál es el impacto concreto, cuáles son los números. Por ejemplo, cuando hace unos años empezó el debate sobre desinformación en redes sociales, con el Brexit, con el plebiscito colombiano sobre las guerrillas armadas y sobre la elección de Trump, la primera reacción fue que las redes sociales fueron determinantes y que lograron cambiar el voto de miles de usuarios. A partir de esa premisa, partieron varias investigaciones. Una de esas está en el libro Network propaganda, que es súper interesante. Ese libro parte de esa premisa y llega a la conclusión de que faltan datos empíricos para ver qué impacto generó ese ruido en redes sociales. Lo segundo que concluyó es que las redes sociales se insertan en un sistema informativo que sigue estando muy impactado por medios tradicionales de información y por partidos políticos, por actores que estuvieran siempre ahí y que hacen parte de nuestro ecosistema informativo. Algo cambió con las redes sociales, internet trae algunas cosas nuevas, la permanencia y la velocidad de la información. Y hasta poco, esos aspectos eran positivos porque las redes sociales democratizaban la información y lograron que una persona desde su casa pudiera tener una audiencia gigantezca, le dieron voz a los vulnerables, a los oprimidos y a las minorías. Descentralizaron completamente los medios de comunicación porque son accesibles. Además, nos cambiaron la forma de acceder a la información. Hoy buscamos información en internet y encontramos cosas en minutos que antes requerían horas de investigación en bibliotecas. Pero, por otro lado, la comunicación y el contenido circula mucho más rápido. Entonces, una calumnia o una injuria que hasta hace poco era un fenómeno que duraba un día en un diario y, que a lo sumo, podría incluir el derecho a réplica pero se acaba rápidamente, hoy se mantiene vigente por mucho tiempo más y llega a audiencias que exceden por mucho el espacio terrestre. Esto presenta desafíos nuevos y no hay que enfocar el análisis solo desde los daños, sino desde los derechos, porque hay daños que no son resarcibles. En materia de libertad de expresión, los funcionarios públicos tienen que tener mayor tolerancia a la crítica, a las injerencias en su vida privada. ¿Se puede producir un daño en ellos? Sí. ¿Se produce un daño en sus familias? Sí. ¿Es resarcible ese daño? Muchas veces no lo es porque ocupan un cargo y una función que hacen que la balanza se incline hacia la libertad de expresión. Si encaramos el tema de las redes sociales solo desde el lado de los daños vamos a terminar con un ambiente bastante restrictivo desde el lado de los derechos.

—Esta sección se llama Agenda Académica porque propone brindarle a docentes e investigadores un espacio en los medios masivos de comunicación para que difundan sus trabajos. La última pregunta tiene que ver con el objeto de estudio: ¿por qué decidió especializarse en libertad de expresión y derechos humanos en internet?

—En realidad yo llego a derechos humanos y libertad de expresión en internet a través del trabajo en casos de libertad de expresión en Venezuela y en Cuba, en el sistema interamericano, sobre todo. Tuve la suerte de hacer mi maestría con una persona que sabía mucho de este tema y de litigar casos contra esos gobiernos en casos que tocaban muy de cerca la libertad de expresión. La verdad es que es, en términos de la propia Corte Interamerinana, la piedra angular de cualquier sociedad democrática. Es algo fundamental, es lo que hace posible el ejercicio de muchos otros derechos. Y lo que hace posible la convivencia pacífica, sin libertad de expresión todo lo demás se cae. Y el centro que dirijo, el CELE, es un centro que nació con vocación regional para estudiar libertad de expresión desde el derecho internacional y desde el derecho regional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y hace poco lo expandimos para que sea un centro global de libertad de expresión, para que podamos mirar libertad de expresión a nivel comparado para analizar procesos de restricción o ampliación de libertad de expresión y ver cómo la realidad de diversos países se insertan en procesos internacionales. Internet hizo un cambio exponencial en materia de libertad de expresión, porque nosotros seguimos ocupando de medios, de concentración de medios y de otros temas, como protesta, pero en internet se están renegociando muchos de los estándares de los principios de libertad de expresión que logramos plasmar en la Convención Americana de Derechos Humanos. Ese es el espacio donde hoy se están debatiendo las libertades y la definición de estos derechos de cara al futuro.