El Gobierno frenó el nuevo IPC para evitar un salto inflacionario y abrió una crisis en el Indec

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo de 2026, si se hubiera aplicado el nuevo mecanismo de medición que finalmente quedó aplazado por decisión del gobierno nacional, hubiera arrojado un alza de precios cercana al 3,5%. Esto sin tener en cuenta cuestiones estacionales de cada marzo, como el impacto de los útiles escolares y las cuotas de colegios privados, que siempre se incrementan en esos tiempos. Para Javier Milei y el equipo económico de Luis “Toto” Caputo, hubiera sido una situación políticamente insostenible.

La intención y el plan del gobierno nacional es que durante 2026 se dé el proceso de reducción de la inflación y que para diciembre de este ejercicio se esté peleando a la baja el 20%. Y si se hubiera aceptado la aplicación del nuevo índice de inflación, en el cuatrimestre de 2026 el alza del IPC hubiera alcanzado el 10%: la mitad de toda la expectativa de máxima anual del Poder Ejecutivo.

Ante la realidad que arrojaban los datos de enero, que se conocerán esta semana (cerca del 2,5%), la proyección de que febrero se acercaría al 3% y marzo al 3,5%, el Ejecutivo tomó la decisión política de suspender la aplicación del nuevo IPC y continuar con la medición anterior. La que, como clave, no pondera como consumo fundamental el incremento de los servicios públicos regulados, que este año se incrementarán en un 16% real contra la inflación; aumentos en gran parte concentrados entre febrero y junio de 2026.

Esta decisión de retornar al cálculo anterior fue insostenible para la continuidad de Marco Lavagna al frente del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y derivó en la crisis de credibilidad quizá más grave en cuanto al manejo de la administración económica desde que Javier Milei llegó al poder en diciembre de 2023. Lavagna no habría tenido problemas en continuar en el organismo. Se sentía cómodo, contenido y, hasta fines de 2025, absolutamente respetado por el Ejecutivo. Pero queda claro que todo cambió con la decisión presidencial de intervenir en un organismo que, para toda la comarca económica y financiera (incluida, sobre todo, la ortodoxa), debe mantenerse en una independencia absoluta, similar a una caja de cristal.

Más aún si se tiene en cuenta que llegaron el viernes al país los productores del Gran Hermano que custodian el buen manejo y las buenas costumbres de las variables macroeconómicas y financieras. Están en Buenos Aires y permanecerán por una larga semana los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI), que deben fiscalizar y aprobar el ejercicio 2025, con las metas y objetivos fijados en el acuerdo de Facilidades Extendidas firmado en abril del año pasado.

Luego del cambio de actitud oficial de comenzar a comprar dólares de manera sostenida desde el Banco Central, parecía que no tendrían mayores cuestionamientos graves para aprobar los números y porcentajes oficiales y, en consecuencia, liberar hacia marzo los aproximadamente 1.000 millones de dólares que el FMI debía girar por el acuerdo vigente. En Buenos Aires descartan que haya problemas en la aprobación del Board del Fondo de las metas y objetivos 2025 y, luego, el giro del cheque correspondiente. En definitiva, en ese directorio reina Estados Unidos y nada ni nadie lo contradice.

Pero los técnicos del FMI que manejan el caso argentino siempre se reservan un espacio para la crítica pública, clara y directa. En este sentido, la aprobación del año pasado de la aplicación del nuevo índice de inflación bajo el diseño ejecutivo de Marco Lavagna, su aval como mecanismo serio y certero y la confirmación posterior de que sería esta medición la que se tomaría como válida forman parte de la marcha del acuerdo para 2026. No hay reportes públicos (ni privados) de quejas por la fórmula porcentual anterior, que continuará ahora siendo la oficial. Pero desde el Ministerio de Economía habrá que convencer al FMI de que la idea de sostenerla en el tiempo –hasta que termine un insondable proceso de “desinflación”– es la correcta.

En enero se registró el sexto mes consecutivo de aumento de los ingresos tributarios por debajo del incremento del IPC, algo que, se sabe, irrita –y mucho– a los técnicos del organismo, que por manual interno siempre esperan que la recaudación sea positiva y real contra el alza de los precios. La variable se sostiene en un peligroso rojo de entre 5% y 7% desde noviembre, resultado que parece continuará hasta, al menos, marzo, para luego comenzar a corregirse. O al menos eso es lo que se espera.

En principio, el FMI fue prudente en tiempos difíciles para plantear el problema. Básicamente no se lo mencionó en 2025, sobre todo en los primeros días de este año, cuando los números de ingresos tributarios correspondientes al ejercicio anterior manifestaban preocupación. El problema se agravó al conocerse también el resultado final de la inflación de diciembre de 2025, que se ubicó en un muy molesto 2,8%, nivel que en un porcentaje algo menor se repetiría en enero (dato que se conocerá el próximo martes).

En el mejor de los casos, el nuevo IPC vería la luz en 2028 o 2029.

Este nivel porcentual, lejos de favorecer la corrección de la recaudación contra la inflación, profundiza el problema y lo coloca en un nivel que retrasa la recuperación. Para que quede en claro: para el FMI, así como debe haber superávit fiscal, también la recaudación debe estar por arriba del IPC y con la mayor brecha posible. Obviamente, es una orden que no se está cumpliendo y que al Gran Hermano molesta abiertamente. El Gobierno, sabiendo que es difícil que la relación con el FMI se rompa o complique por un índice inflacionario marginal, redobló la apuesta. El propio Luis “Toto” Caputo blanqueó sin mayores pruritos que hubo una decisión personal del Presidente de intervenir en la aplicación del nuevo índice y que la idea final del Ejecutivo es crear una nueva medición que se aplicaría en el futuro, cuando el proceso “desinflacionario” se logre. No se explayó el funcionario sobre cuál sería ese momento ni qué porcentaje lo representaría.

Se supone que sería cuando el IPC tenga un cero por delante y la anualización llegue al dígito porcentual. Si este año el Gobierno lograra entre un 20% y un 30% de alza de los precios, la propia métrica de la caída de la variable indicaría que tampoco 2027 sería el año de nacimiento y ejecución de la nueva medición, ya que sería imposible que el IPC pasara de un –especulando– 25% este año a un dígito el próximo. En el mejor de los casos, el nuevo IPC vería la luz en 2028 o 2029.

Obviamente, con una gestión que siga a la actual de Javier Milei, aunque el libertario gane las elecciones. En síntesis, una nueva medición de la inflación quedaría para el gobierno que llegue al poder luego del actual, sea con Milei o no al frente del mismo. Si se tiene en cuenta que los indicadores y variables mensurables deben ser actualizados, como mínimo, cada cinco años, y se recuerda que el IPC hoy vigente fue diseñado en 2017 (y debía haberse modificado en 2022), si una nueva medición se aplicara –en el mejor de los casos– en 2027, el delay del indicador inflacionario en la Argentina sería de cinco años. Poco serio.

¿Qué hubiera pasado este año si se hubiera dejado la concurrencia de la medición elaborada por Marco Lavagna? Según el informe que realizó Emanuel Álvarez Agis y su equipo de PxQ, las principales bajas en las ponderaciones se verifican en Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,3 pp), Prendas de vestir y calzado (3,1 pp) y Restaurantes y hoteles (2,4 pp). Por el contrario, las mayores subas corresponden a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (+5,1 pp), Transporte (+2,3 pp) y Comunicación (+2,3 pp).

Así, con la metodología 2017–2018, la inflación anual habría alcanzado el 132,2%, frente al 117,8% informado por el Indec para 2024, lo que implica una brecha de 16,1 puntos porcentuales. En cambio, en 2025 ambas mediciones arrojan resultados prácticamente iguales: 31,5% en el oficial y 31,9% según la versión Lavagna. Siguiendo la misma tendencia, hacia el primer trimestre del año el alza se estacionaría en 3% y, para marzo, aún por arriba.

Políticamente insostenible para un gobierno que tiene como su principal logro y bandera la baja de la inflación, bajo la consigna de que siempre y en todo lugar el alza de precios es una cuestión monetaria.

El FMI no cree que así sea.