Pocas veces un gobierno emite dos señales tan contradictorias el mismo día. El lunes, horas antes de que Donald Trump partiera hacia Shenzhen para la cumbre de APEC con Xi Jinping, el Departamento de Comercio cerró uno de los atajos que usaba China para acceder a los chips de inteligencia artificial más avanzados de Estados Unidos. Casi al mismo tiempo, el presidente justificaba ante la prensa la demora en otra sanción: “No creo que uno quiera insultar a China justo antes de llegar”.
La nueva regla apunta a un atajo poco visible. Los controles de exportación regían sobre la venta física de chips, pero en general no alcanzaban el alquiler remoto de capacidad de cómputo: una empresa china impedida de comprar procesadores avanzados de Nvidia podía usarlos a distancia, por ejemplo, en el sudeste asiático. Con la nueva norma, que entrará en vigor dentro de 90 días, los centros de datos fuera de Estados Unidos necesitarán una licencia de Washington para vender potencia de cómputo significativa a empresas con sede en China, Rusia, Irán y otros países considerados de alto riesgo.
La regla llega, además, en medio de una pelea interna que ya no se disimula. El viernes, en una entrevista con CNBC, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, contó que el Tesoro, el Pentágono, el Departamento de Estado y la oficina del Representante Comercial llevaban meses pidiendo incluir en la lista negra comercial de Estados Unidos a Megaspeed, la empresa de Singapur que está en el centro del escándalo de Nvidia. Esa decisión depende del Departamento de Comercio , que conduce Howard Lutnick. “Comercio tiene la lapicera”, disparó Bessent.
Trump no zanjó la disputa: la expuso. “Uno quiere ser amigable con China y el otro quiere pelearse con China. Ambas son aceptables, pero son visiones distintas”, dijo sobre sus dos secretarios. Lutnick impulsó una versión más blanda de la regla, mientras que Bessent y otros funcionarios, entre ellos el secretario de Estado Marco Rubio, presionaban por límites más amplios. El presidente defendió a Lutnick, de quien afirmó que está haciendo “muy buen trabajo”.
El trasfondo es el escándalo que el jueves pasado le costó el puesto a Jensen Huang, cofundador de Nvidia y su CEO durante 33 años. Huang renunció después de que se conocieran dos relaciones extramatrimoniales: una con Alice Huang —no son parientes—, ex ejecutiva de Megaspeed sospechada de ser agente del gobierno chino, y otra con una vicepresidenta de Nvidia que dependía directamente de él. Las autoridades de Singapur interrogaron a Alice Huang y le retuvieron el pasaporte el año pasado, en el marco de una investigación sobre la empresa. Beijing niega que sea una agente de inteligencia, y Megaspeed asegura que se toma “con extrema seriedad” el cumplimiento de los controles de exportación estadounidenses. Los registros societarios de Singapur muestran un crecimiento llamativo: en 2024, los activos de la firma rozaban los 3.000 millones de dólares, casi 90 veces más que a fines de 2023.
China juega a fondo en la era de la IA
Trump puso en duda la acusación. “No sé si es una espía”, insistió. Cuando un periodista le recordó que Rubio se lo había advertido, preguntó “¿quién me dijo eso?” y, al oír el nombre, respondió: “No escuché eso”. Sin embargo, trascendió que el presidente fue alertado sobre esa relación al menos dos veces, la última en mayo, cuando Rubio le expuso en persona la información de inteligencia a bordo del Air Force One.
La cercanía entre Trump y Nvidia ayuda a explicar las vacilaciones . En agosto de 2025, la Casa Blanca permitió que la compañía reanudara las ventas de sus chips H20 a China a cambio de una comisión del 15% para el Estado. En diciembre fue más lejos: habilitó los H200, más potentes, con el 25% de los ingresos para el gobierno, una decisión que el Departamento de Comercio formalizó en enero. Trump incluso dijo que no le molestaría ver a Huang de vuelta al frente de la empresa.
En Shenzhen, Trump se sentará frente a Xi —con Vladimir Putin también presente— con una norma flamante que su propio secretario de Comercio rechaza y que no entrará en vigor hasta mediados de febrero. Noventa días alcanzan para negociarla. La pregunta es si Trump la sostendrá como herramienta de presión o la pondrá sobre la mesa como moneda de cambio.
TC