Riesgo de embriaguez
El Gobierno enfrenta una erosión creciente: el caso Adorni, errores políticos y tensiones sociales.
Hay momentos a lo largo de un gobierno en los cuales el cúmulo de poder encandila. Le pasó a Cristina Fernández de Kirchner en 2011 luego de haber sido reelecta con el 54% de lo votos. “Vamos por todo”, fue la frase que resumió esa embriaguez de poder tan nociva para el país y para la mismísima expresidenta hoy cumpliendo una condena por el delito de corrupción. A Mauricio Macri le sucedió lo mismo tras el buen desempeño en las elecciones de medio término, en octubre de 2017, en la provincia de Buenos Aires. Ahora esto mismo le está ocurriendo a Javier Milei tras el resonante triunfo electoral de octubre pasado. Es evidente que tamaña suma de poder enceguece aquí y en el mundo y es un peligro que sin buen juicio y contexto adecuado puede perjudicar a cualquier gobierno.
Este es un momento de contrastes para el Gobierno: por un lado, viene de conseguir otra victoria parlamentaria importante con la aprobación de la media sanción del proyecto de Ley de Glaciares, el que se suma a los otros logros legislativos que el oficialismo cosechó durante el verano: por el otro, en cambio, el caso de Manuel Adorni que se complica y se enreda cada vez más con aristas y personajes casi novelescos. A esta altura de los hechos, la decisión más sabia que el jefe de Gabinete debería tomar es alejarse del Gobierno. Con solo leer los contenidos de las redes sociales que, hasta aquí, han sido un bastión de La Libertad Avanza, tendrían la comprobación de la creciente decepción que el episodio está generando en una parte de su base de apoyo ideológico y cultural. El comportamiento por parte del Presidente, de su hermana Karina y del núcleo duro que lo rodea es el propio de la casta. Hay que recordarle a Milei que los funcionarios son fusibles. El único irreemplazable es él y, probablemente para él, su hermana.
En la semana, ocurrió algo que hubiera sido impensado al comienzo de la actual gestión. Fue la entrevista que Milei concedió a Antonio Aracre y Ramiro Castiñeiras en el programa Economistas que se emite por la Televisión Pública. Todos recuerdan que el Presidente había condenado la actividad de los medios públicos. Junto con el Banco Central, tenía destino de extinción. Nada de eso ha ocurrido. Pero eso no es lo malo. Los medios públicos son importantes cuando dejan de lado la militancia y adquieren características de independientes y plurales. Lamentablemente no es esto lo que está sucediendo. Como lo hicieron otros antes, la así llamada “entrevista” fue absolutamente concesiva y se transformó en un vehículo de las descalificaciones del jefe a quienes lo critican y a una repetición de promesas de mejoras que se van posponiendo según pasa el tiempo. Hizo acordar a los famosos “brotes verdes” del también célebre “segundo semestre” de bonanza que se cansó de anunciar Mauricio Macri durante su mandato que nunca llegó. Como es costumbre, volvió a criticar a la prensa asegurando que “el 95% de los periodistas son delincuentes”. Pero uno de los puntos más curiosos que le costó críticas –incluso– entre sus propios seguidores fue la intrincada e infantil forma de evaluar el caso de los funcionarios públicos que tomaron créditos con el Banco Nación. “Los créditos se tomaron a la tasa de mercado, con lo cual no se violentó nada”, sentenció. Es posible desde lo técnico o legal, pero no es lo aconsejable desde un enfoque ético o moral. Seguramente para el común de la gente no sería tan fácil tramitarlo. Fue justamente en ese punto cuando ensayó una curiosa explicación desde el punto de vista de la moral libertaria: “Nosotros hemos definido nuestros valores morales; la pregunta es: ¿haber tomado ese crédito mató gente?; ¿violentó el derecho a la vida? ¿Acaso terminó con la libertad de alguien? Ustedes se pueden reunir libremente”, les dijo a sus interlocutores. Qué triste es ver a una persona inteligente justificando de forma tan retorcida algo que podría haberse subsanado de otra forma. De esta manera, el Presidente terminó expuesto a una situación de desgaste autoinflingida que fue el comentario de todo el mundo en las redes sociales durante días.
El Adornigate tuvo esta semana la aparición en escena de la escribana que participó en las operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete. Más allá del personaje pintoresco que compuso Adriana Nechevenko –la notaria en cuestión–, sus declaraciones públicas no solo no ayudaron a Adorni, sino que la complicaron, al punto de dejar abierta la puerta para eventuales sanciones que podrían afectar su matrícula. Fue cuando dijo que no tenía obligación de averiguar el origen del dinero utilizado en las operaciones inmobiliarias en cuestión. Esto es algo que, por la Resolución 242/23, específicamente se le requiere a cada escribano que solicite una declaración jurada por parte del comprador sobre el origen de los fondos que destine a la operación correspondiente. A ello hay que agregar que el jefe de Gabinete es una persona políticamente expuesta. Esto significa que, por causa de su poder, tiene a mano los elementos para llevar a cabo actos de corrupción. Un error de principiante que no resiste el menor análisis.
Lejos del juego de la política –o víctima de él–, el PAMI ha vuelto a ser noticia. El atraso en el pago a las prestaciones de las farmacias acumula más de dos meses y pone en jaque a uno de los actores principales del sistema de salud. Desde hace tiempo que los farmacéuticos hacen malabares para poder reponer los medicamentos. También hay retrasos en la entrega de medicamentos oncológicos y las clínicas y sanatorios han comenzado a suspender sus prestaciones. El problema no es estrictamente de la obra social de los jubilados. Desde allí alegan –con razón– que el Ministerio de economía no transfiere los fondos suficientes. Estamos ante un gobierno para el que, con buen criterio, el equilibrio fiscal es innegociable, pero, cuando los números no cierran, deberían establecerse mejor las prioridades en las asignaciones para que no sea el ciudadano de a pie el que pague las consecuencias.
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