PODER POLÍTICO

"Cañito" Flores: el mapa completo del poder y los negocios que sostienen al caudillo de Río Seco

Casi veinte años en la función pública, un patrimonio que multiplica al de sus vecinos y una red de comuneros y familiares ubicados en la Legislatura configuran el sistema que Ernesto Ramón Flores construyó en el norte cordobés, una lógica de poder que en esa región de escasa población y grandes distancias favorece la permanencia indefinida de un puñado de referentes.

Ernesto Ramón "Cañito" Flores, hombre del schiarettismo en el norte cordobés. Foto: CEDOC

Ernesto Ramón "Cañito" Flores acumula alrededor de veinte años en cargos públicos del departamento Río Seco: legislador entre 2007 y 2011, intendente de Villa de María durante los doce años siguientes y otra vez legislador desde la llegada de Martín Llaryora a la Gobernación. Ese recorrido convive con una faceta empresarial que lo tiene habilitado para actividades de cría bovina, asesoramiento y alojamiento hotelero, y que en el propio departamento describen bajo la figura del patrón de estancia, con injerencia sobre buena parte del territorio.

Dirigentes que conocen de cerca su gestión atribuyen esa permanencia a un liderazgo de fuerte arraigo popular, forjado desde joven como corredor de motos y después como dueño de un boliche que marcó a generaciones enteras de la zona, un carisma que según ese mismo testimonio le permitió sostener durante años un manejo discrecional de la administración sin mayores controles.

Ese patrón de conducción no sería exclusivo de Río Seco. En el norte cordobés, la baja densidad poblacional y la distancia respecto de los centros administrativos y judiciales facilitan el reciclaje prolongado de los mismos nombres en el poder, una dinámica que suele describirse con la idea del caciquismo: una estructura verticalista donde dos o tres referentes concentran las decisiones y el resto del entramado político local tributa a esa jerarquía.

Dentro del propio peronismo cordobés se reconoce, además, el peso legislativo desproporcionado que tienen esos departamentos en relación con su escasa población, sostenido en una lógica de bloque que en el pasado tuvo como referente a Oscar González y que hoy agrupa a una generación de dirigentes surgida de listas armadas durante la conducción de Juan Schiaretti, con una relación algo más distante respecto de la gestión de Llaryora que la que supo existir con Schiaretti y José Manuel de la Sota.

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La última declaración jurada de Flores, sin fecha precisa que permita contextualizar los valores informados, exhibe un patrimonio considerable para un distrito con altos niveles de pobreza.

Según publicó Striptease del Poder, declaró ahorros bancarios superiores al millón y medio de pesos y en dólares, inversiones financieras que multiplican por diez esos depósitos, activos por varios millones de pesos en una sociedad anónima simplificada, un tractor, dos camionetas, un Jeep y una moto Ducati de alta gama, además de nueve inmuebles en Villa de María y terrenos valuados en decenas de millones de pesos.

Uno de sus negocios más comentados en el departamento es el hotel que administra a través de una sociedad constituida en 2021, todavía en funciones como intendente, que quedó en el centro de una polémica reciente por reintegros que el propio legislador habría gestionado ante el Estado provincial por servicios de catering y fotografía en eventos de fin de año, entre ellos dos brindis realizados en el propio establecimiento. El actual intendente de la ciudad, José Luis Arce, otrora aliado político de Flores, debió despegarse públicamente de esos gastos.

La estructura de poder se sostiene también en una nómina de colaboradores que trascendió a partir de un escándalo previo por designaciones irregulares en la Legislatura provincial. Ese episodio destapó una lista de al menos ocho asesores ligados al legislador de Río Seco, entre ellos exjefes comunales de distintas localidades del departamento, familiares de su entorno cercano y personal abocado al mantenimiento de sus propiedades privadas, uno de ellos con antecedentes por peculado en un organismo público.

Ese mecanismo de acomodo, según trascendió, se replicó con referentes locales que perdieron sus cargos tras la eliminación de las reelecciones indefinidas dispuesta en 2023 y encontraron en la Legislatura un destino alternativo bajo su ala, entre ellos José Villarreal, quien se desempeñaba como asesor legislativo y también como empleado en los emprendimientos privados del propio Flores.

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Esa red terminó de quedar expuesta a partir de la causa que investiga la Fiscalía de Deán Funes por explotación sexual y grooming de adolescentes en Villa de María, con al menos once detenidos entre ellos Villarreal, y con uno de los hechos ocurrido, según determinó la propia fiscalía, en un predio rural vinculado al legislador.

Flores sostuvo que se enteró de la situación de su asesor a fines de julio y que dispuso de inmediato la baja del contrato, aunque esa desvinculación se formalizó recién semanas después. Sin pruebas hasta el momento que lo involucren directamente en los delitos investigados, el legislador terminó solicitando licencia en su banca, con el argumento de que su continuidad podía interferir en el esclarecimiento judicial y afectar el derecho de las víctimas y sus familias a conocer la verdad.