Casas Arregui habría liderado una financiera ilegal por su prestigio como operador bursátil

La semana pasada causó estrépito la detención de un operador bursátil cordobés de trayectoria y trascendencia nacional. Aníbal Casas Arregui fue arrestado en el aeropuerto Córdoba el martes último, cuando descendió de un vuelo que lo trajo desde Miami. Su abogado había presentado un pedido de eximición de prisión que no fue aceptado. Pudo saludar a su familia antes de ser trasladado a Bouwer.

El otro detenido es Jerónimo Pascual Clementi, ejecutivo de KBE Inversiones SA que, según se sospecha, era la pantalla para la realización de operaciones ilícitas enmarcadas en una financiera que no contaba con autorización del Banco Central (BCRA).

El viernes pasado terminaron las indagatorias a las 11 personas imputadas en un expediente que adquirió un volumen no solo judicial, sino también simbólico para el empresariado y los operadores financieros.

Casas Arregui goza de reconocimiento entre sus pares y es un consultor a quienes muchos acudían. Es el aspecto que distingue esta causa de otras financieras ilegales cuyos directivos fueron condenados, como CBI Cordubensis o la de Martín Azar.

Desde círculos cercanos a S&C Inversiones y la Bolsa de Comercio, de la cual es secretario, se aclara que en esta causa no se produjeron desfalcos o defraudaciones. En efecto, la calificación legal que aplicó el fiscal federal Casas Nóblega –si bien comparten el primer apellido no tienen lazos familiares– es “asociación ilícita” e “intermediación financiera no autorizada”.

¿Cuál es la sospecha? Que realizó operaciones financieras por fuera del marco legal, captando clientes gracias el enorme prestigio del que goza en el círculo empresario y financiero. De ahí que la noticia de su detención tuvo el impacto reseñado.

La investigación fiscal se inició el año pasado cuando Casas Nóblega detectó otra financiera –Novillo Saravia– que operaba en la zona sur de la ciudad también a las sombras del BCRA. Casi en simultáneo hubo sospechas sobre Casas Arregui.

El 4 de julio pasado, casi un año después de los primeros datos que llegaron a su despacho, el fiscal formalizó el requerimiento de acción penal y pidió una serie de medidas probatorias, entre las cuales los allanamientos que se ejecutaron la semana pasada.

La punta que permitió desentrañar esta madeja fue la firma KBE Inversiones SA, que figura a nombre del suegro de Casas Arregui, Luis Alberto Farah; de la esposa del broker, Claudia Marcela Farah, y Clementi. Es la firma principal que –según la sospecha de la fiscalía– sirvió de pantalla para realizar un sinnúmero de operatorias al margen de la ley.

Los roles de los imputados

Casas Arregui y Clementi son considerados presuntos “jefes” de la asociación ilícita. Los principales encargados de captar clientes, realizar las operaciones financieras más complejas, ordenar los envíos de fondos, instrumentar garantías de préstamos, entre otras actividades.

Andrea (Andy) Sancassani era la encargada de compraventa de moneda extranjera y coordinaba operaciones de cable financiero, comunicando cotizaciones y coordinando los intercambios, via WhatsApp. También coordinaba el traslado de valores. Le atribuyen funciones de control y planificación del descuento de cheques y la gestión material de carga y descarga de los cheques descontados.

Luis Alberto Farah, suegro de Casas Arregui, era de su extrema confianza, figurando como director de varias sociedades y fideicomisos y ofrecía cuentas bancarias en el extranjero para las operaciones de “cable financiero”.

Claudia Marcela Farah, esposa del broker principal. Además de figurar como socia de KBE Inversiones SA, aparece como titular de inmuebles que habrían sido adquiridos en el marco de la presunta organización ilícita.

Lucas Tomás Casas Arregui, hermano de Aníbal, también habría ofrecido cuentas en el extranjero para operaciones de cable y, además, se presume que gestionaba grandes sumas de dinero en efectivo en su domicilio.

Eduardo Andrés Sancassani auxiliaba a Andrea en el traslado de dinero, depósitos, extracciones y también transfería dinero y cheques a Luis Alberto Farah.

Emiliano Gabriel Sandoval, Carlos César Galeano y Marco Antonio Palacio eran quienes trasladaban cheques y dinero.

Adrián Santiago Carrara habría sido el encargado de la constitución de sociedades, adquisición de lotes y propiedades rurales, solapando los nombres de Casas Arregui y Clementi para evitar la trazabilidad de los fondos utilizados.

Defensores a la expectativa

Este medio consultó al abogado Roger Auad, defensor de Casas Arregui, Claudia y Luis Farah, quien se excusó de formular declaraciones porque aún no pudo leer y analizar el expediente en virtud de que hace horas se levantó el secreto de sumario.

También fue consultado Ezequiel Mallia, defensor de Jerónimo Clementi, quien respondió que está expectante con relación a la resolución del Juzgado sobre el pedido de excarcelación de su asistido, basado en ausencia de riesgo procesal porque “la mayoría de las medidas que solicitó la Fiscalía ya fueron ejecutadas”.