Corrupción de la FPA: uno de los policías detenidos reconoció haber entregado droga a un datero y pidió juicio abreviado

El efectivo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detenido, Raúl Moreno, es el primero en confesar que entregó drogas a dateros como forma de pago por la información que le aportaba a la Brigada. Todo quedó probado en forma contundente por mensajes y hasta una transferencia de dinero de Moreno a la esposa de un informante.

Es uno de los siete agentes imputados por asociación ilícita en la investigación que encabeza el fiscal Juan Pablo Klinger. En el mismo expediente hay 3 civiles presos. Serían quienes aportaban información sobre actividades narco en Punilla y recibían droga de los efectivos como pago.

Moreno integraba la Brigada de la FPA de Deán Funes. Está imputado por ser miembro de asociación ilícita y por entregar estupefaciente a título gratuito como pago a cambio de información. Al declarar y reconocer los hechos que se le atribuyen, su abogado Carlos Cardeilhac solicitó un juicio abreviado y la aplicación de la pena mínima prevista para el delito, tres años de prisión.

Lo notorio es que se pudo comprobar a través de los mensajes captados por intervenciones telefónicas y el contenido de teléfonos secuestrados que Moreno le pidió a otro policía, Sergio Ruiz -también detenido e imputado en la causa- que coordine fecha y hora de entrega de droga al datero. 

Además, hay mensajes llamativos respecto a la recomendación de “separar un poco” de estupefaciente en un procedimiento para almacenar para futuros pagos.

Pero, aún más contundente fue una transferencia de dinero que realizó Moreno a la esposa del datero. “Para que se compre la droga”, dice el mensaje explicativo. 

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El martes, en una decisión de alto impacto político, Klinger pidió investigar también al fiscal de Narcotráfico de Punilla, Raúl Ramírez. El expediente que antes estaba unificado, se desglosó y la parte que involucra al secretario de la fiscalía, Patricio Bazán, y al jefe de la Brigada de la FPA, Mauricio Oyola, fue girado al juez de Control, Agustín Cafferata. Solo un juez puede investigar a un magistrado con prerrogativas, como Ramírez.

En las últimas horas sonaron en continuado los teléfonos en los tribunales provinciales a raíz de la decisión de involucrar al fiscal Ramírez, un magistrado que superó hace seis años un Jury por su paso en el Departamento D-2 de la Policía de Córdoba, en el último tramo de la dictadura cívico militar. 

Aparentemente, el fiscal -expolicía- mantiene fuertes lazos políticos con parte del peronismo cordobés que ahora procuran relativizar la sospecha que motivó a Klinger el pedido de investigación jurisdiccional.