"Crimen de odio": el reclamo de activistas trans tras el asesinato de Jéssica Núñez en Villa Nueva

Compañeras de militancia y organizaciones feministas cuestionaron la hipótesis judicial que investiga el crimen de Jéssica Núñez, la mujer trans de 44 años asesinada el jueves 13 de agosto en barrio La Floresta, de Villa Nueva. Para ellas, el ataque no puede leerse como una simple riña entre vecinos, sino como un crimen de odio motivado por la identidad de género de la víctima.

Alejandra Navarro, amiga de la víctima, y Betiana Cabrera Fasolis, de Mumalá Nacional, sostienen que el hecho debe encuadrarse como crimen de odio o travesticidio, pese a que la causa judicial descartó hasta el momento un contexto de violencia de género.

Jéssica murió tras recibir una puñalada en el pecho en inmediaciones de calle San Luis al 200, cerca de las cinco de la madrugada. Alcanzó a caminar unos cuatrocientos metros antes de desplomarse en la vía pública; un vecino alertó a la Policía y personal de la Patrulla Preventiva la trasladó al Hospital Pasteur, donde los médicos constataron el fallecimiento poco después de su ingreso.

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Por el hecho quedaron detenidos Johana Mailen Rogero, de 22 años, y su padre, Cristian Oscar Rogero, de 48, conocido como "Macarrón", imputados por homicidio simple y partícipe necesario, respectivamente. La Fiscalía de Fuero Múltiple 2 de Villa María, a cargo de Juliana Companys, sostiene que existían conflictos previos entre la víctima y los acusados y que, por el momento, no encuentra elementos para encuadrar el hecho dentro de la violencia de género.

Esa hipótesis es la que rechazan de plano quienes conocieron a Jéssica desde la militancia.

"Nos pueden matar por ser trans"

Alejandra Navarro, amiga y compañera de militancia de la víctima desde la adolescencia, relató que ambas formaron parte de uno de los primeros grupos de jóvenes trans en visibilizarse en Villa María y la región.

"Éramos un grupito de las primeras adolescentes trans en mostrarnos en Villa María y la región, así que éramos muy unidas", recordó. Según su testimonio, Jéssica tenía apenas 13 o 14 años cuando se conocieron, mientras que ella y otra compañera, identificada como Fanny, rondaban los 16 o 17.

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Navarro sostiene junto a su entorno que Jéssica fue víctima de un crimen de odio antes que de violencia de género. "No dejamos de decir que es un travesticidio", afirmó, y vinculó esa lectura con las condiciones estructurales que atraviesa el colectivo trans: "El contexto es todo aquello que nos lleva a tener condiciones precarias de vida, a estar sin trabajo, sin educación, a exiliar nuestros hogares, y en el cual el Estado siempre permanece ausente".

La militante fue categórica sobre el reclamo de fondo: "¿Qué le puede importar al Estado si matan o no a una persona del colectivo trans?". Y agregó que la exigencia del entorno de Jéssica pasa por una condena "sin reducciones": "Vamos a seguir peleando para que la Justicia sea total, que la condena se cumpla en su totalidad, que no quede pendiente ni por buena conducta ni por nada, sino que sea una cuestión ejemplificadora".

El reclamo de Mumalá: "Hay un agravante que no se está viendo"

La activista Betiana Cabrera Fasolis, directora nacional de Mumalá, coincidió en la necesidad de que el caso se juzgue con perspectiva de género y advirtió sobre las dificultades legales para probar figuras como el travesticidio o el crimen de odio en la Justicia argentina.

"Es muy difícil que penalmente se pueda tipificar como un travesticidio, del cual tenemos muy pocos antecedentes", explicó, y mencionó como uno de los pocos casos previos en la provincia uno en el que intervino el fiscal Guillermo González.

Pese a esa dificultad procesal, Cabrera Fasolis sostuvo que el reclamo de las organizaciones feministas y de diversidad se sostiene en la vulnerabilidad estructural que atraviesan las identidades trans. "Toda la vulnerabilidad que acompaña estas vidas hace que sean blanco fácil de este tipo de violencias", señaló.

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La referente de Mumalá aseguró que Jéssica había sido activista por el cupo laboral trans y que, en algún momento, había logrado acceder a un empleo, oportunidad que -según su relato- se perdió con los recortes de los últimos años: "Eso murió con esta ola hiperreaccionaria, y ella tuvo que volver a laburar en la calle de trabajadora sexual. Eso lo dicen sus propias compañeras".

Para Cabrera Fasolis, esa trayectoria es la que explica por qué el crimen debe leerse con un agravante específico: "No es lo mismo la vulnerabilidad de una mujer cis que la vulnerabilidad social y estructural que tiene una persona trans, con la exclusión del hogar, la exclusión educativa, la falta de inserción laboral, la falta de oportunidades". Y concluyó con una definición sobre la responsabilidad institucional: "El Estado y la Justicia son responsables de cada uno de estos crímenes".

Un caso que se suma a un registro nacional

El reclamo se replicó en redes sociales. Cabrera Fasolis vinculó el crimen de Jéssica Núñez con el de Gabriela Denisse Banach, ocurrido un día antes en Rosario, y citó datos del Observatorio de Mumalá Nacional: en lo que va de 2026 se registraron 153 femicidios en el país -a un promedio de un crimen de género cada 33 horas-, de los cuales siete corresponden a la categoría de trans/travesticidios y uno a crimen de odio, también en la provincia de Córdoba.