La detención de José Aníbal Ricardo Villarreal, uno de los investigados en una causa por presuntos delitos de grooming y abuso sexual contra dos adolescentes en Villa de María de Río Seco, generó repercusiones dentro de la Legislatura de Córdoba y derivó en un refuerzo de los controles sobre el personal legislativo, que se estima en 1055. En una reacción sin mucha discusión y tomada a las apuradas, la secretaría administrativa quiere implementar auditorias cada 6 meses.
El caso tomó relevancia luego de que se conociera que Villarreal figuraba en la última nómina oficial de personal contratado publicada por la Unicameral. Mientras desde el oficialismo sostuvieron que había sido apartado con anterioridad, la situación provocó cuestionamientos internos y un pedido de informes impulsado por la oposición para conocer cuál fue su vínculo laboral y qué mecanismos de control se aplican sobre los contratados.
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En las últimas horas, jefes de bloques y distintas áreas de la Legislatura recibieron una comunicación de la Secretaría Administrativa en la que se informa sobre el inicio de un proceso de actualización y verificación de legajos personales para todo el universo de funcionarios que integran el Poder Legislativo.
La principal novedad es que, además del Certificado de Antecedentes Penales emitido por el Registro Nacional de Reincidencia, se exigirá el Certificado de Antecedentes expedido por la Policía de la Provincia de Córdoba.
Antecedentes nacionales y provinciales
La medida se fundamenta en las disposiciones de la Ley Provincial N° 9880, que regula el régimen estatutario del personal del Poder Legislativo y establece requisitos, impedimentos e incompatibilidades para quienes ejercen funciones en la administración pública.
Según la comunicación enviada por la Secretaría Administrativa, esas condiciones no sólo deben verificarse al momento del ingreso a la función pública, sino que deben mantenerse durante toda la permanencia en el cargo.
Por eso, la administración legislativa dispuso actualizar la documentación respaldatoria de los legajos personales y ampliar la información requerida sobre antecedentes. El tema que se mantiene una ventana de tiempo que, en este caso se reduce a seis meses.
El nuevo esquema contempla dos certificados: uno de carácter nacional, emitido por el Registro Nacional de Reincidencia, y otro provincial, expedido por la Policía de Córdoba. La intención planteada en la comunicación es contar con una verificación "más amplia y adecuada" de la información vinculada a quienes ejercen funciones en la Legislatura.
Renovación cada seis meses
Uno de los puntos centrales de la nueva disposición es la periodicidad del control. Ambos certificados deberán actualizarse cada seis meses.
La exigencia alcanzará a las nuevas designaciones, renovaciones contractuales y otras actuaciones administrativas que así lo requieran, además de incorporarse al proceso de actualización de los legajos del personal que ya presta funciones.
Para el proceso actualmente en marcha, la Dirección de Capital Humano recibirá la actualización del antecedente nacional y la constancia de haber iniciado el trámite para obtener el antecedente provincial. En este último caso, deberá presentarse el comprobante del pago de la tasa y el turno asignado.
El plazo establecido para completar esta primera etapa vence el 31 de agosto de 2026. Luego, dentro de los 30 días posteriores al turno, deberá presentarse el certificado provincial correspondiente.
El antecedente que puso el foco sobre los contratados
La decisión se conoce después de que la detención de Villarreal pusiera bajo la lupa los mecanismos utilizados por la Legislatura para verificar los antecedentes de quienes son incorporados como asesores, empleados o contratados.
El pedido de informes de la oposición busca determinar, entre otros puntos, cuál fue el vínculo laboral de Villarreal con la Unicameral y qué controles se realizaron durante su permanencia como contratado.
Desde el oficialismo habían señalado que el hombre ya había sido apartado antes de que se conociera públicamente su detención. Sin embargo, el hecho de que apareciera en la nómina oficial de personal contratado abrió interrogantes sobre la actualización de esos registros y los mecanismos de control.
La nueva disposición administrativa no implica que una persona tenga antecedentes penales por el solo hecho de estar incluida en un proceso judicial: los certificados de antecedentes y las causas en trámite son cuestiones diferentes. El objetivo declarado por la Legislatura es reforzar la verificación documental sobre quienes desempeñan funciones dentro del Poder Legislativo.
Con la nueva modalidad, la Unicameral busca que ese control no quede limitado al momento de ingreso o contratación, sino que se repita de manera semestral durante la permanencia en el cargo.
