El Colegio de Abogados de Córdoba pidió una cautelar para frenar artículos de la Reforma Laboral

El Colegio de Abogados de Córdoba presentó una medida cautelar ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 4 con el objetivo de suspender la aplicación de los artículos 20 y 277 de la Ley de Modernización Laboral. Según la entidad, estas disposiciones impactan de manera directa en el ejercicio de la abogacía y en el acceso efectivo a la justicia.

La acción judicial fue impulsada en conjunto con más de 25 colegios de abogados de todo el país y forma parte de una estrategia institucional sostenida para frenar normativas que, advierten, alteran las condiciones del ejercicio independiente de la profesión.

Desde el tratamiento del proyecto en el Congreso de la Nación Argentina, el Colegio cordobés manifestó su rechazo a los artículos cuestionados. La entidad sostuvo que estas medidas representan un avance sobre garantías fundamentales del ejercicio profesional y afectan el sistema de acceso a la justicia.

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Una agenda activa de defensa institucional

Durante todo el proceso legislativo, la institución desplegó una agenda activa que incluyó reuniones con diputados y senadores, la organización de jornadas de debate y la difusión de pronunciamientos públicos.

Tras la sanción de la norma, el Colegio profundizó el análisis sobre su posible inconstitucionalidad mediante una jornada académica con especialistas, con el objetivo de consolidar fundamentos técnicos y jurídicos para avanzar en el plano judicial.

En ese marco, se resolvió la presentación de una medida cautelar autónoma como parte de una estrategia integral destinada a suspender la aplicación de los artículos cuestionados.

Qué artículos están en discusión

El planteo judicial se centra en dos aspectos clave de la Ley de Modernización Laboral, particularmente los artículos 20 y 277 de la norma referidos a los siguientes puntos.

• El pago de honorarios profesionales en cuotas

• La imposición de responsabilidad solidaria objetiva en materia de costas

Ambas disposiciones -según la presentación judicial- vulneran derechos profesionales, afectan la independencia del ejercicio y podrían generar un impacto negativo en el acceso a la justicia.