El gobierno busca volver a su eje y analiza encuestas: cuánto afecta el caso Agostina

El escenario político cordobés continúa marcado por las repercusiones del estremecedor femicidio de Agostina Vega. La conmoción social modificó la agenda pública y forzó a todos los espacios políticos a revisar sus estrategias y posicionamientos. Sin dudas que el impacto del caso golpeó de manera directa a la gestión del intendente capitalino, Daniel Passerini, aunque sus efectos también alcanzaron a la administración del gobernador Martín Llaryora. Pese a ello, tanto en el Palacio 6 de Julio como en el Centro Cívico predomina una mirada menos pesimista de lo que podría suponerse.

En concreto, en ambas administraciones aseguran encontrar señales alentadoras en los sondeos que encargan periódicamente, una lectura que para algunos observadores luce más optimista que ajustada a la realidad. “En Capital Llaryora cayó dos puntos, pero Passerini subió dos”, aseguró una fuente consultada por este medio, quien sostuvo que se trata de números obtenidos en esta semana. “Más allá de todo el ruido político, de las redes y de las discusiones públicas, el impacto real fue prácticamente nulo”, agregaron.

Incluso, desde el oficialismo remarcan que en varias ciudades del interior provincial la imagen de Llaryora mejoró en los últimos relevamientos. “En Marcos Juárez, Bell Ville y San Francisco hubo recuperación. Y tampoco hubo modificaciones en la intención de voto”, indicaron. La lectura interna es que los episodios vinculados al caso Agostina y al funcionamiento de Wachitas no lograron perforar la percepción general sobre la gestión.

Dentro del oficialismo consideran que el “caso Wachitas” no logró instalarse socialmente como un problema de responsabilidad política directa para la gestión municipal. Según la interpretación que realizan en el Panal, el femicidio podría haber generado un daño político mayor si hubiera existido una vinculación concreta entre el acusado y estructuras partidarias o dirigentes relevantes. “La gente sabe perfectamente que la condición de becario municipal no transformó al tipo en asesino”, señalaron.

Conviene hacer notar que la cantidad de información que surge en torno a Wachitas, controles municipales y el “negocio de la noche”, no se detiene y desde la oposición no descartan que surjan nombres de funcionarios que mantienen vínculos con empresarios de locales nocturnos. “La presentación de Hormaeche en el Concejo es la punta del ovillo, hay mucho para tirar de ahí”, sostuvo un concejal opositor.

Respecto del escándalo alrededor de Wachitas, la fuente sostiene que los intentos de vincular políticamente a los propietarios del local tampoco tuvieron impacto. “Se estudió el caso de arriba abajo y no hubo manera de relacionarlo políticamente porque los dueños son los mismos desde más de 15 años”, explicaron. Desde ese punto de vista consideran que buena parte de la sociedad observa el tema con distancia: quienes no frecuentan esos espacios sienten que no los afecta directamente, mientras que quienes sí concurrían están molestos por el cierre del establecimiento.

La ofensiva peronista contra Luis Juez en el Concejo terminó con el oficialismo bloqueando sus propios proyectos

No obstante, admiten que el episodio abrió una oportunidad para reforzar el discurso vinculado al orden y a los controles municipales. “Hay que revisar las habilitaciones, analizar quién las otorgó y verificar si están correctamente dadas. Incluso los concejales deberían participar de los operativos para supervisar el trabajo de los inspectores”, afirmaron.

En ese marco, en el oficialismo consideran que hubo además una falla de comunicación respecto al trabajo desarrollado por el Ente de Fiscalización y Control. “Se hizo muchísimo durante estos años, pero no se comunicó. Ahora hay que profundizarlo”, señalaron. La estrategia apunta a visibilizar los operativos y posicionar al titular del organismo, Ezequiel Hormaeche, como la cara visible de la política de control nocturno. “Tiene que poner la cara. Se trabaja mucho y se muestra poco”, dicen.

Gestión antes que campaña

Mientras tanto, en el cordobesismo no se altera el plan e insisten en que el foco seguirá puesto exclusivamente en la gestión, al menos hasta fin de año. “Nuestros términos temporales son gestión y más gestión hasta diciembre”, resumen. La estrategia apunta a consolidar la imagen de la administración provincial en un contexto económico complejo y reforzar la percepción de que Córdoba continúa mostrando niveles de obra pública y servicios superiores a los del promedio nacional.

Según la fuente, el Gobierno pretende profundizar la comunicación de obras vinculadas al bacheo, la mejora del alumbrado público, la recuperación de espacios públicos y el ordenamiento urbano. “Queremos que la gente visualice que, aun en un contexto muy difícil, Córdoba siguió funcionando y mantuvo la provincia en marcha”, sostuvieron. La apuesta oficial es llegar al cierre del año con buenos niveles de aceptación de la gestión antes de ingresar de lleno en la discusión electoral.

Respecto del calendario electoral de 2027, en el Panal aseguran que todavía no existe una decisión definitiva y que no se descarta ningún escenario. Aunque la única idea que se mantiene firme es la de desdoblar los comicios provinciales de los nacionales, admiten que la definición final recién se tomará durante el próximo año. “No descartamos nada. Abril o mayo siguen siendo una posibilidad, pero esa es solamente la foto de hoy”, explicaron.

La principal intención del oficialismo será llegar al inicio del año electoral con altos niveles de aprobación de la gestión y recién entonces definir el cronograma definitivo. Mientras tanto, aseguran, la prioridad seguirá siendo gobernar y consolidar la percepción de que Córdoba mantiene un rumbo propio frente al escenario nacional.