El peronismo capitalino llevó a la sesión de este jueves dos pedidos de informes dirigidos a la Justicia Electoral -municipal y provincial- para conocer quiénes financiaron las campañas del senador nacional Luis Juez cuando compitió por la intendencia de Córdoba en 2003 y 2007, y por la gobernación provincial ese mismo año. Fue la oposición la que terminó pidiendo avanzar, pero no estaba en los planes del oficialismo.
La presentación de los expedientes 13168 y 13169 respondía a una línea de ataque que el intendente Daniel Passerini había trazado públicamente días antes, al afirmar que "los empresarios de la parte más oscura de la noche de Córdoba financiaron esa campaña y lo dijeron públicamente".
El problema surgió cuando los bloques opositores, en lugar de rechazar las iniciativas, pidieron sumarse como coautores y exigieron su votación inmediata. En ese momento tomó la palabra quien menos se esperaba: Martín Juez Corte, hijo del senador e integrante del cuerpo como vicepresidente tercero. Lejos de resistir los proyectos, los reclamó.
"Busquen donde tengan que buscar, allanen donde tengan que allanar. Nosotros no somos corruptos", dijo ante el recinto, y exigió que el Concejo se pronunciara en ese mismo momento. La concejala Villata fue un paso más allá y pidió votación nominal para que cada posición quedara registrada en actas.
Lo que siguió comprometió al oficialismo de una manera que ningún argumento posterior logró reencauzar. Los mismos concejales que habían firmado los expedientes minutos antes votaron en contra de tratarlos. La moción de reconsideración también cayó: el bloque gobernante aportó los votos negativos suficientes para que no se alcanzaran los dos tercios requeridos. Ambos proyectos fueron derivados a comisión sin fecha de tratamiento.
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El episodio se inscribe en la estrategia más amplia que Passerini desplegó desde que estalló el caso Agostina Vega: responsabilizar a las gestiones no peronistas anteriores por las irregularidades en el control de la actividad nocturna de la capital, en el marco de la detención de Claudio Barrelier y los cuestionamientos al Ente de Fiscalización y Control. El intendente había llegado a sostener que nueve de cada diez funcionarios exonerados durante su administración ingresaron al municipio durante la era Juez.
Pero el movimiento en el Concejo revirtió esa lógica ofensiva. Al bloquear sus propias iniciativas, el oficialismo convirtió un ataque político en una demostración de incoherencia institucional. La oposición, que había llegado dispuesta a votar a favor, se retiró de la sesión con un argumento más sólido que cualquiera de los que había traído: el propio oficialismo frenó la investigación que reclamaba.
