El próximo viernes la CIDH hará una audiencia por el uso de la prisión preventiva en Córdoba

El viernes 25 de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará una audiencia a partir de las 9 (hora de Washington DC) para tratar el uso de la prisión preventiva en Córdoba. El trámite se abrió por un planteo de abogados defensores que litigan en el Poder Judicial local, que denuncian el “abuso” de la detención preventiva de personas en proceso y sin condena. Señalaron ante el organismo americano que en muchos casos se extienden hasta los tres años para lograr un juicio abreviado donde el acusado se declare culpable y así lograr estadísticas de efectividad judicial en la represión del delito. Consideran que la presión al acusado para que se someta a un abreviado es un “chantaje”.

Quienes suscribieron la presentación ante la CIDH son los abogados Jorge Cardozo y Francisco Lavisse. El 12 de junio último, el organismo decidió tratarla y fijó la audiencia que se celebrará el viernes venidero.

Además de los letrados mencionados, participarán Claudio Viale, del Colegio Abogados de Córdoba y, por parte de la CIDH, el comisionado relator para Argentina, Edgard Stuardo Ralón Orellana. En representación del Estado nacional, el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, y el director de Asuntos Contenciosos de la Cancillería, Javier Salgado; además de representantes de la Provincia de Córdoba.

Cada uno de los oradores, demandantes y demandados tendrá 20 minutos para exponer, luego se dispondrán de 12 minutos más para cada una de las partes para hacer comentarios y se producirá el cierre de la audiencia.

El planteo cuestiona los procedimientos penales que rigen en Córdoba. Señala que “en América Latina, Córdoba y Cuba son los únicos estados donde la prisión preventiva la ordena el fiscal, a pesar de la reforma legal del 2017 que estableció que es el juez de Control quien debe decidir sobre ella”.

También señala que hay graves incumplimientos de plazos procesales: mientras son meramente ordenatorios para los funcionarios judiciales, para los defensores son perentorios. Y agregan los tiempos que deben esperar para las resoluciones en las diferentes instancias. “La oposición a la prisión preventiva ordenada por el fiscal ante el juez de Garantías demora 10 meses; la apelación ante la Cámara otros 10 meses; el Tribunal Superior de Justicia nunca responde”. Eso dicen.

Y agregan: los hábeas corpus ante la Justicia provincial por abuso de prisión preventiva siempre son rechazados. Y los planteados en los tribunales federales, fueron rechazados por la Cámara de Casación. 

Para la celebración de la audiencia convocada por la CIDH, se incorporaron informes del Comité contra la Tortura, organismo que reveló que en 2018 el porcentaje de utilización de la prisión preventiva a personas procesadas en Córdoba “rondaba un 59,8%; en 2019, 59,4%, y para el 2020, 60%. Este número difiere ampliamente de la media nacional, que ronda un 44,6%”, destacó. 

Para ese mismo organismo, el problema no solo atañe a los derechos de los procesados, sino que contribuye al hacinamiento y violencia en las cárceles. Por eso, emitió recomendaciones al Poder Judicial para revisar a fondo los casos en los cuales es menester aplicar la prisión preventiva. 

Quienes llevaron el caso Córdoba por el uso de la prisión preventiva esperan un pronunciamiento del organismo internacional con recomendaciones y un monitoreo de cumplimiento. El área específica está a cargo de la secretaria ejecutiva adjunta, María Claudia Pulido.