El sector cultural de Córdoba se movilizó contra el plan de vaciamiento y precarización

En medio de la tensión social por el ajuste económico del gobierno de Javier Milei, el proyecto de reforma laboral enviado al Congreso ha encendido las alarmas en un sector que ya venía golpeado.

Bajo el argumento de la modernización, la letra chica de la iniciativa legislativa esconde una estocada al financiamiento de las artes y los medios públicos.

El eje del conflicto se centra en los artículos 195 y 196 del proyecto, que proponen la derogación de asignaciones específicas que garantizan la autarquía y el funcionamiento de instituciones clave como el Incaa, el Instituto Nacional del Teatro (INT) y el Instituto Nacional de la Música (Inamu).

El fin de la autarquía y el “círculo virtuoso”

Desde el Espacio Audiovisual Nacional (EAN), el diagnóstico es terminal. En un reciente comunicado, la entidad advirtió que el proyecto representa una “sentencia de muerte para la cultura nacional”.

El punto neurálgico es la eliminación de los fondos que el sector genera por sí mismo a través de entradas y publicidad. “Se rompe el círculo virtuoso de la autarquía para concentrar el dinero y el poder en el sector privado. No es 'modernización', es vaciamiento. La cultura no es un gasto, es una inversión”, señalaron desde el EAN.

En la misma línea, Eric Muzart, de la asociación cordobesa Apac, remarcó que el articulado que deroga el sostenimiento del financiamiento del cine (corte de entradas y aportes de Enacom), obligaría al Incaa a depender directamente del presupuesto nacional, perdiendo su independencia operativa.

Un conflicto con historia: el retorno de la Ley 27.432

El Centro Cultural La Piojera, histórico bastión de la resistencia cultural en Córdoba, recordó que este intento de desfinanciamiento tiene precedentes. La maniobra actual replica lo que se intentó en 2017 durante la gestión de Mauricio Macri y lo que se buscó a comienzos de este año con la fallida Ley Ómnibus.

Empezó a gestarse en la provincia un 'Cordobazo Cultural'

Según explicaron desde el espacio, el gobierno busca borrar el Título V de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, eliminando los gravámenes que se coparticipan (25% para el Incaa; 20% para Radio y Televisión Argentina; 10% para el INT; 10% para proyectos especiales de comunicación y el 2% para el Inamu). 

“Las personas que habitamos este país no somos 'clientes' ni 'capital humano', sino seres con derecho al acceso a la cultura”, manifestaron desde La Piojera, subrayando que la cultura incide en el PBI en un porcentaje mayor que muchos otros rubros industriales.

Precarización bajo el disfraz de “modernización”

La movilización en las calles de Córdoba también puso el foco en el impacto humano de la reforma. David Albano, del Sindicato de Músicos de la Provincia de Córdoba, cuestionó duramente la figura del “trabajador independiente” que propone el Ejecutivo, calificándola como una legalización de la desprotección.

“Nosotros rechazamos la reforma porque institucionaliza la miseria y nos arrebata derechos históricos como la jubilación y el aguinaldo. Es hipócrita que el Estado provincial promueva al Cuarteto como Patrimonio de la Humanidad mientras, en la realidad, es el patrimonio del trabajo en negro”, sentenció Albano.

El impacto en las salas independientes de Córdoba

La situación en las bases es crítica. Arti Barrionuevo, de la Red de Salas, explicó a Perfil Córdoba que el objetivo de fondo es “romper nuestra identidad”.

El panorama para los espacios independientes es de subsistencia límite ante la parálisis de los subsidios del Instituto Nacional del Teatro y la inacción municipal. “El derecho a la cultura está totalmente cercenado. Los públicos merman porque la prioridad es la comida. Algunos espacios están en el borde; este ha sido un año de doble esfuerzo”, se lamentó Barrionuevo.

Desde la Red de Salas detallaron la extensa lista de organismos que quedarían desfinanciados, incluyendo a las Bibliotecas Populares (Conabip), la Defensoría del Público y el Fondo de Fomento Concursable para Medios (Fomeca).

Postergado su tratamiento para el 10 de febrero, el sector cultural ya tiene la mira puesta en ese mes, momento en que el debate legislativo retomará fuerza, con una consigna que unifica a los gremios, asociaciones y artistas con vistas al año que viene: “No a la Ley de Reforma Laboral y al desmantelamiento de la soberanía cultural”.

En 2024. En enero del año pasado los diferentes colectivos culturales también ocuparon el espacio público para protestar contra la ley ómnibus.