Empantanados con el norte cordobés: “No metas las que van afuera”

Alfredo Di Stéfano fue un gran creador de frases célebres. En su época de entrenador en el Valencia, una de ellas fue para el arquero de su equipo: “No te pido que atajes las que van adentro pero, por lo menos, no metas las que vayan afuera”. Algo parecido le pasa al gobierno de Córdoba y algunos hasta dudan que no sea a propósito.

Esta semana fue un descontrol o, por lo menos, una gran descoordinación. El escándalo que sacude a la Unicameral tiene múltiples ramificaciones. Los legisladores oficialistas no entienden a quién están protegiendo al defender la licencia de Ramón “Cañito” Flores, en lugar de la expulsión.

Flores no es un hombre del riñón del gobernador Martín Llaryora ni de alguien que ocupe algún lugar de peso en la estructura provincial. Hasta la misma Alejandra Vigo le soltó la mano y quedaron todos en offside: “La política tiene que tener una reacción, el legislador (Flores) por lo pronto debería renunciar”, expresó la senadora en Cadena 3. “Y entonces, qué estamos haciendo”, se escuchó detrás de la puerta de una de las oficinas más importantes en la sede de Emilio Olmos 580.

Nada es nuevo pero nadie reacciona. Ni Luis Juez, ni Gabriel Bornoroni ni Rodrigo de Loredo cuestionaron lo que pasa en la Unicameral. Sus jefes de bloque les pidieron prudencia, no vaya a ser que pase algo parecido con sus asesores, o como los bautizó la vicegobernadora: “Asistentes”.

La Legislatura en foco

Nada es nuevo. En diciembre de 2023, el dirigente peronista Guillermo Kraisman quiso cobrar el sueldo de una empleada “fantasma” de la Unicameral. Todos los contratados, ahora “asistentes”, fueron un poco más de 1.000.

En 2026 el caso de Agostina Vega —aunque en el ámbito municipal— expuso las faltas de controles sobre los antecedentes de los empleados estatales. El principal acusado del femicidio estaba a punto de ingresar a planta permanente de la Municipalidad de Córdoba, pese a haber estado detenido en 2025. ¿Ninguno de esos dos casos fueron suficientes para encender las alarmas y hacer un control administrativo sobre la situación de las personas que trabajan en el gobierno de Córdoba? Al parecer, no.

Es cierto que Ernesto Ramón Flores hasta el momento no está imputado como partícipe, pero su colaborador sí: José Aníbal Ricardo Villarreal fue detenido en el marco de una causa por grooming y abuso sexual en Villa de María de Río Seco. ¿Cómo impacta esto en el legislador? La fiscal Analía Cepede confirmó que los hechos se habrían consumado en distintos puntos de la localidad, entre ellos, una casilla o choza dentro de un campo perteneciente al legislador “Cañito” Flores. Sin embargo, la fiscal aclaró que no está acreditado que Flores hubiera autorizado eso. 

No obstante, esta vinculación golpea de lleno en la Unicameral. La Constitución de la Provincia de Córdoba, en su artículo 99, establece que la Legislatura puede corregir o excluir a uno de sus miembros por “desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones o por indignidad”, con las mayorías correspondientes. Los principales periodistas de radio y televisión se sacaban la voz pidiendo a gritos la renuncia de los supuestos implicados. 

Caso Flores: el PJ impuso su mayoría por la licencia y evitó la expulsión que reclamaba la oposición

“No metas adentro las que van afuera”, nadie lo escuchó. O están todos sucios. “Que la fiscal vaya a fondo”, es el nuevo discurso de los funcionarios o legisladores que salen al aire. La causa que investiga presuntos delitos sexuales contra menores es de extrema gravedad y debe avanzar hasta las últimas consecuencias, sin protección política para nadie.

Ni la visita del Papa León XIV ni el anuncio de alivio fiscal para los docentes y empleados públicos por sus deudas con la tarjeta o créditos personales, ni la colocación exitosa de obligaciones negociables por parte de Epec y del Banco de Córdoba trascendieron. Todas tapadas por Flores. “Un desastre, tenemos como nunca buenas noticias, y como nunca no podemos capitalizarlas”, se lamenta un legislador. Como diría Di Stéfano: “Jugamos como nunca y perdimos como siempre”.

Para muestra, un botón 

No es la primera vez que alguien que se sienta en una banca está manchado por una conducta desleal. Patricio Eduardo Serrano ocupaba una banca en 2023 y fue precandidato a intendente por Juntos por el Cambio en Lozada. En aquel caso, existía una denuncia contra el propio legislador por violencia familiar, además de medidas preventivas dispuestas judicialmente.

En su momento, el PJ provincial avanzó contra su suspensión, aunque sectores de la oposición —entre ellos la UCR— sostuvieron que durante el trámite legislativo no se había podido acreditar suficientemente la inconducta de Serrano.

Otro botón: José Eugenio Díaz, exjefe comunal de El Brete. Fue denunciado desde 2004 por mujeres que lo acusaron de abusos sexuales y exigir relaciones sexuales a cambio de planes sociales o continuidad laboral. En 2015, fue candidato a legislador provincial por Cruz del Eje dentro de Juntos por Córdoba, la alianza integrada por la UCR. Recién en 2024 una de las causas fue elevada a juicio y fue condenado al año siguiente. Ocupó su banca sin mayores sobresaltos.

Nada es nuevo. Pero algo debería quedar en el pasado: la inacción oficialista que tuvo 18 meses para acomodar los papeles y saber ciertamente quiénes son los asesores que representan a los políticos en la provincia. Esperemos que no aparezca otro caso Villarreal.