Entre los gremios hay coincidencias de fondo y desacuerdos tácticos por la reforma laboral

El proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, que comenzará a tratarse mañana en el Congreso de la Nación bajo el eufemismo de “Modernización Laboral”, encontró en Córdoba un rechazo sindical amplio y sostenido. Sin embargo, aunque existe una coincidencia de fondo en considerar la iniciativa como regresiva y perjudicial para los trabajadores, el posicionamiento gremial exhibe matices, tanto en los diagnósticos como en las estrategias de oposición.

La idea de “resistir en las calles” es mayoritaria, aunque no absoluta. Las dos CGT y la CTA convocaron a marchas en las principales ciudades del país. En Córdoba será este jueves 5 de febrero y no se descarta la convocatoria a un paro nacional con movilización. Sin embargo, algunos sectores del sindicalismo cordobés reconocen, por lo bajo, que “todavía no hay clima” para una protesta masiva que incluya un paro general, y advierten que, sin una participación activa del universo de asalariados, la confrontación directa puede resultar estéril. De allí que también apuesten al diálogo con gobernadores, diputados y senadores, antes de recurrir a las presentaciones judiciales que, de aprobarse la ley tal como está redactada, desbordarán los tribunales.

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Las diferencias también se expresan en los destinatarios de las críticas. Mientras los gremios estatales combinan el rechazo a la reforma laboral con cuestionamientos a la Provincia por el aumento de los aportes previsionales, algunos sindicatos del sector privado, con vínculos políticos con el gobernador Martín Llaryora, concentran su descontento exclusivamente en el gobierno de Javier Milei. Esa tensión explica la diversificación de la protesta: el miércoles 4 marcharán los estatales que aportan a la Caja en rechazo a la reforma previsional aprobada por la Legislatura provincial y, al día siguiente, la movilización será conjunta contra el proyecto nacional de reforma laboral.

En ese marco, la CGT Córdoba busca una audiencia con Llaryora, a quien considera un actor clave en la votación, para pedirle un rechazo explícito y contundente a la iniciativa impulsada desde la Casa Rosada, pese a que en el Panal ya habrían optado por otorgar libertad de acción a los congresistas que responden al oficialismo cordobés.

Coincidencias 

Entre las centrales obreras no hay diferencias sustanciales sobre el fondo del proyecto. Ilda Bustos, integrante del triunvirato que conduce la CGT Córdoba y secretaria general de la Unión Obrera Gráfica, advirtió públicamente que la reforma “avanza sobre derechos históricos del movimiento obrero” y cuestionó que el texto haya sido elaborado sin consulta con las organizaciones sindicales, en un contexto de deterioro del poder adquisitivo y creciente precarización laboral. En la misma línea se expresó Rubén Urbano, titular de la UOM y referente de la CGT Regional Córdoba.

Los gremios también se pronunciaron de manera sectorial. Los docentes de la Uepc manifestaron su rechazo a una reforma que, según sostienen, “impacta de manera directa sobre la estabilidad laboral y debilita la negociación colectiva”. En el mismo sentido, los privados nucleados en Sadop alertaron sobre el riesgo de una mayor precarización en el ámbito educativo. A ellos se sumaron los estatales del SEP, los municipales del Suoem y los judiciales, que advirtieron que “la reforma laboral se inscribe en una estrategia más amplia de ajuste, con los trabajadores como principal variable de corrección”.

Entre las centrales obreras no hay diferencias sustanciales sobre el fondo del proyecto.

Uno de los documentos más contundentes fue el firmado de manera conjunta por Agepj (judiciales), Suoem, La Bancaria y Luz y Fuerza Córdoba. Allí se afirma que el proyecto “viene a destruir los fundamentos del derecho laboral y a provocar más precarización”, además de expresar “la máxima preocupación por el continuo deterioro socioeconómico y su impacto en el poder adquisitivo”.

El rechazo también alcanzó a los gremios de la comunicación y la cultura. La Mesa Sindical de las Comunicaciones de Córdoba —integrada por Satsaid, Cispren, Gráficos, Aatrac y Sutep— advirtió que la reforma “ataca a la cultura y al periodismo” y llamó a defender la soberanía informativa y la libertad de expresión frente a un proyecto que, según denunciaron, prioriza la lógica de mercado.

Una estrategia singular, centrada en la comunicación directa con las bases, fue la que encaró SinPeCor, el sindicato petrolero que nuclea a los trabajadores de estaciones de servicio y playas de estacionamiento de la provincia. A través de un programa especial emitido por su streaming institucional, integrantes de la comisión directiva —incluido el secretario general, Guillermo Borelli— explicaron a los afiliados los principales puntos del proyecto, con el objetivo de que comprendan el alcance de la reforma y el impacto que tendría sobre sus derechos laborales.

Posturas

A comienzos de enero se produjo, además, un hecho político-sindical relevante: una reunión multisectorial en la sede de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio (Agec), convocada por su secretario general, Pablo Chacón. Participaron representantes de Camioneros, Atsa, UOM, UPCN, Suvico, Uocra, Unión Ferroviaria, La Fraternidad, Aceiteros, Viales y docentes nacionales, entre otros. La amplitud de la convocatoria reflejó una preocupación transversal frente a los alcances del proyecto.

El rol de Chacón resulta significativo también por sus antecedentes. En 2024 se había expresado a favor del Fondo de Cese Laboral en reemplazo de las indemnizaciones tradicionales, mecanismo habilitado por la Ley Bases. No está claro si la convocatoria a esta reunión y el rechazo al nuevo proyecto marcan un cambio de tono del dirigente mercantil o si su crítica se focaliza, sobre todo, en los artículos que debilitan la representación sindical y no tanto en los que degradan derechos individuales, como vacaciones o indemnizaciones.

Los sindicatos no están solos en esta lucha. Aunque el sector empresario mayoritariamente respalda el proyecto de reforma, un aliado inesperado de las centrales obreras es la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), conducida en Córdoba por Humberto Spaccesi, que denunció “la deliberada destrucción del entramado productivo nacional” y rechazó “las reformas recesivas que significarán menos trabajo, menos pymes y más exclusión y pérdida de derechos”.

Leídas en conjunto, las expresiones y los documentos configuran un cuadro complejo pero coherente. En Córdoba, el sindicalismo interpreta que la reforma laboral no responde a una lógica de “modernización”, sino a un rediseño de las relaciones de trabajo en detrimento de los trabajadores. Las formas de intervención varían, pero el diagnóstico se repite: sin diálogo social y sin participación sindical, la reforma es percibida como una amenaza.

Los gremios advierten que estas herramientas no promueven empleo de calidad, sino que consolidan relaciones más inestables y desiguales.

El corazón del conflicto: menos negociación colectiva

El rechazo de los gremios cordobeses al proyecto de Modernización Laboral se explica, según plantean, por el cambio profundo que promueve en las reglas del vínculo laboral, al recortar el poder de negociación de los trabajadores y debilitar la representación sindical.

Uno de los puntos más cuestionados es la modificación del régimen de convenios colectivos de trabajo. El proyecto limita el principio de ultraactividad, que garantiza que un convenio vencido siga vigente hasta que sea reemplazado por uno nuevo. Para los sindicatos, este cambio debilita la posición de los trabajadores en la negociación, al habilitar que la pérdida de derechos previamente acordados opere como herramienta de presión.

A ello se suma la priorización de los acuerdos por empresa por sobre los convenios sectoriales. Este desplazamiento es leído como un retroceso estructural: traslada la negociación desde ámbitos colectivos hacia relaciones individuales o de empresa, donde la asimetría entre trabajador y empleador es mayor y la capacidad de defensa colectiva se diluye.

Finalmente, la reforma amplía las posibilidades de flexibilización de las condiciones laborales, ya sea en materia de jornadas, funciones o modalidades de contratación. En un contexto de pérdida de poder adquisitivo y alta vulnerabilidad laboral, los gremios advierten que estas herramientas no promueven empleo de calidad, sino que consolidan relaciones más inestables y desiguales.

Es sobre este conjunto de cambios —en especial aquellos que afectan los derechos colectivos y redefinen el equilibrio de fuerzas en el mundo del trabajo— donde el sindicalismo cordobés fija su rechazo más firme.