La presidenta de la Fundación Mediterránea Pia Astori, una de las empresarias más influyentes, envió una carta formal al gobernador Martín Llaryora en la que reclamó acelerar la sanción de la Ley de Modernización Laboral y propuso seis cambios estructurales al proyecto en debate.
El documento, fechado el 26 de enero de 2026, no solo fue dirigido al mandatario provincial, sino que también hay otra versión que fue remitida a los diputados cordobeses. Lo que le da al gesto un claro contenido político e institucional: no es solo una opinión técnica, sino una posición coordinada del núcleo empresario que históricamente gravita en la toma de decisiones económicas de la provincia y el país.
El círculo rojo apura por la reforma laboral y sigue de cerca la estrategia de Llaryora
En la carta, Astori señala que existe un “consenso enfático” entre los socios de la Fundación Mediterránea sobre la importancia estratégica de avanzar rápidamente con la sanción de la norma, destacando la integralidad del proyecto oficial, pero marcando que aún existen márgenes de mejora para “potenciar sus impactos positivos”.
Los cambios propuestos por el IERAL
El planteo "se apoya en el trabajo técnico del IERAL" y "en el Programa de Asistencia al Poder Legislativo (PAL)", que funciona como usina de insumos técnicos para el diseño de políticas públicas. En ese marco, la Fundación propone seis modificaciones centrales:
Entre ellas, se destaca la revisión del régimen de enfermedades e indemnizaciones, planteando que las enfermedades inculpables sean cubiertas por la seguridad social y no por el empleador, y que se revise el esquema indemnizatorio para trabajadores próximos a jubilarse.
También propone una redefinición del régimen de ultractividad, retomando la redacción original del peronismo clásico: que solo se mantengan vigentes las cláusulas sobre condiciones de trabajo tras el vencimiento de un convenio, pero no otras obligaciones como aportes patronales a sindicatos, con el objetivo de forzar la renovación de acuerdos.
Otro eje clave es la descentralización de la negociación colectiva, habilitando que las pymes puedan “desengancharse” de convenios sectoriales mediante acuerdos directos con sus trabajadores, y que las microempresas queden reguladas solo por la Ley de Contrato de Trabajo y el Salario Mínimo Vital y Móvil.
El documento también impulsa declarar la emergencia del sistema de riesgos del trabajo, con medidas para frenar la litigiosidad judicial, incluyendo pagos en cuotas de indemnizaciones y cambios en el sistema de peritos médicos.
En materia fiscal, propone reemplazar los esquemas de reducción de contribuciones por un Mínimo No Imponible (MNI) sobre la masa salarial, focalizando el alivio en salarios bajos y empresas pequeñas, y avanzar en una reforma tributaria selectiva centrada en el Régimen de Inversiones (RIMI), el ajuste por inflación de quebrantos y la eliminación de impuestos específicos.
La carta cierra con una disposición explícita a colaborar en el diseño de la reforma, pero el mensaje de fondo es político: el empresariado organizado no solo apoya la ley, sino que busca incidir activamente en su arquitectura final.
