El debate por la reforma laboral mantiene activo al círculo rojo de Córdoba, aunque las escapadas de los empresarios a Punta del Este o a destinos más exóticos fueron moneda corriente en el transcurso de este mes. Sucede que los empresarios buscan evitar que el tratamiento legislativo derive en una negociación extensa o en cambios que alteren el espíritu original de la iniciativa enviada por el Gobierno nacional. En concepto: para el empresariado, el tiempo y la letra fina del proyecto son tan relevantes como el resultado final.
La señal más clara llegará en el transcurso de esta semana, cuando la Unión Industrial de Córdoba (UIC) convoque a diputados y senadores nacionales por Córdoba para fijar posición antes de que el tema llegue al recinto en sesiones extraordinarias. El encuentro, previsto en la sede de la entidad, apunta a transmitir un mensaje claro: acompañar la reforma sin dilaciones ni concesiones que la desdibujen.
Desde el sector industrial reconocen que toda ley debe atravesar instancias de negociación, pero advierten que esta vez el margen es limitado. Luis Macario, presidente de la UIC, fue explícito: “La Argentina necesita una modernización laboral profunda, porque el régimen actual surge de una realidad productiva de hace 50 años por lo menos. En la era de la IA, debemos hacer una modernización de las normas laborales. Las modificaciones propuestas, con matices y ajustes necesarios, creemos que apuntan en la dirección correcta”, sostuvo.
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Y añadió: “Creemos que la modernización laboral no es para quitar derechos, sino para que un sinnúmero de trabajadores que hoy no tienen ninguno puedan acceder a un empleo formal y protegido. Sin un régimen laboral moderno, competitivo y equilibrado, no va a haber creación de empleo formal ni desarrollo industrial sostenido en la Argentina”.
Un mensaje al Congreso y otro al Panal
Más allá del Congreso, la presión —“no está bueno que se use ese término”, sostuvo un empresario— tiene un destinatario adicional: el Gobierno provincial. En reuniones previas, los empresarios ya le habían planteado a Martín Llaryora que consideran la reforma “urgente e ineludible”.
El planteo vuelve ahora a escena en un contexto distinto, con un oficialismo nacional fortalecido y con gobernadores que observan con cautela el impacto fiscal de la iniciativa. Para contextualizar: aquella charla entre la UIC que comanda Macario y el gobierno fue antes de las elecciones de octubre, donde La Libertad Avanza le ganó por paliza a Juan Schiaretti, el político más mimado por el círculo rojo cordobés. De hecho, algunos empresarios criticaron por lo bajo a Llaryora por el “poco compromiso” del mandatario en esas elecciones.
Desde el Centro Cívico, la postura es clara: saben que no pueden confrontar de manera directa con Milei —en una provincia donde el apoyo al libertario es muy fuerte— pero tampoco pueden enfrentar a los gremios, que rechazan en bloque la reforma. Además, el proyecto incluye cambios en el Impuesto a las Ganancias, una de las principales fuentes de ingresos de las provincias. Ese dato explica por qué, mientras el empresariado acelera, el Ejecutivo provincial mantiene la postura bajo reserva y busca articular una posición común con otros distritos, en especial con Santa Fe.
En el entorno del gobernador admiten que la discusión excede lo estrictamente laboral y se cruza con la relación Nación–provincias. La definición final, aseguran, se alineará con la estrategia del bloque de Provincias Unidas, que intenta equilibrar respaldo político con defensa de los recursos locales. En ese sentido, el rol de Schiaretti será clave: tras la operación a la que fue sometido y la jura como diputado prevista para febrero, el exgobernador “empezará a jugar su partido” en el Congreso, aunque desde su entorno anticipan que la decisión final quedará en manos de Llaryora. “No habrá juego propio con la Rosada”, remarcaron.
El temor empresario
El clima en el empresariado cordobés combina expectativa y desconfianza. Por un lado, descuentan que el oficialismo cuenta con los votos necesarios para avanzar. Por otro, temen que el proceso legislativo erosione puntos centrales del proyecto, como los cálculos indemnizatorios, los períodos de prueba y los aportes patronales. La experiencia de reformas inconclusas en la última década alimenta ese recelo. “No se trata de negar el debate, sino de evitar que la política vuelva a postergar una discusión estructural”, sostienen desde el sector privado, que apunta a la informalidad laboral como el principal problema a resolver.
Desde el oficialismo nacional rechazan reabrir el texto. En los despachos libertarios aseguran que la intención es avanzar con mínimas modificaciones y remarcan que los recursos en juego pertenecen a los trabajadores, no a las provincias. Esa lectura profundiza la tensión con algunos gobernadores.
Mientras tanto, en Córdoba el empresariado espera. Habrá más reuniones, más consultas y más gestos, sobre todo privados. La apuesta es clara: que la reforma laboral sea el primer paso de una reactivación económica más amplia y no, otra vez, una oportunidad perdida por exceso de rosca política.
