Juan María Bouvier: retrato de una gestión corrupta con visos totalitarios y arbitrarios
El juez de Control Milton Peralta analizó episodios narrados en la imputación del hombre que gobernó el Servicio Penitenciario durante 15 años, desde 2008 hasta el día que fue detenido, en diciembre de 2023.
El exjefe del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) Juan María Bouvier continuará detenido. Así lo dispuso la semana pasada el juez de Control N° 7, José Milton Peralta. La decisión alcanza también a su pareja, Silvia Guadalupe Barbero y a los exfuncionarios penitenciarios Diego Martín Ayala, Héctor Hugo Robledo, Darío José Tello Pajón y Víctor Hugo Vivas.
Uno de los aspectos más interesantes de la decisión judicial es el retrato que logra hacer el juez del último tramo de la gestión de Bouvier. Se puede sintetizar en un manejo totalitario, arbitrario y corrupto.
En una resolución de 158 páginas, el magistrado analizó los hechos que el fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, imputó a Bouvier y al resto de los acusados, las posiciones defensivas y los elementos que determinan el riesgo procesal para justificar la continuidad de la privación de la libertad de los siete.
Todas las notas sobre la corrupción en el Servicio Penitenciario
Bouvier fue designado como jefe del SPC el 17 de marzo de 2008. La investigación que realiza Gavier parte de la hipótesis de delitos cometidos a partir del año 2015, es decir que abarca por lo menos ocho años.
“Ya para el año 2015, los establecimientos penitenciarios se habían convertido en centros de operaciones de múltiples bandas destinadas a estafar libremente desde el interior de las cárceles, mediante la utilización de teléfonos celulares”, señala la pesquisa.
Por eso, el fiscal sostiene que Bouvier “es el máximo responsable de la degradación de la institución”.
El juez no sólo no contradijo la afirmación, sino que se explayó sobre el concepto. Bouvier sentó las bases para el manejo descarrilado de las cárceles, corrompiendo al SPC, ubicó a allegados en cargos prominentes, obstaculizó el ascenso o permanencia de penitenciarios que entorpecían el funcionamiento de la banda que comandaba.
También ordenó omitir controles de seguridad para permitir la conformación de un mercado ilegal de elementos prohibidos, recibir dinero a cambio de beneficios para los internos, ordenar a sus subalternos inmiscuirse en el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, entre otras conductas.
Lo hizo con fines de lucro y conociendo las consecuencias devastadoras que se generarían en el tratamiento penitenciario de los internos.
Hechos que sostienen la acusación
Bouvier conocía hasta el más mínimo detalle -aún cuestiones nimias- de la realidad carcelaria.
Un testigo llegó a afirmar que era inútil secuestrar celulares a los internos porque al tiempo volvían a secuestrarse los mismos aparatos. Es decir que muy posiblemente ni siquiera salían de la cárceles.
Un jefe de la cárcel de Cruz del Eje fue pasado a disponibilidad porque cuestionó la orden de disminuir los controles de elementos prohibidos y de que el personal no pasara por el body scanner. O sea, el elemento tecnológico en el que invirtió la provincia para mejorar los controles, Bouvier se encargó de neutralizar su efectividad.
También dispuso que no se realizaran las requisas con canes.
Hay un testimonio que permite interpretar por qué las autoridades políticas lo mantuvieron. “Al asumir Bouvier en 2008, instauró una política en la cual le dejó de importar el tratamiento penitenciario y el honor de la Institución, el objetivo era únicamente evitar motines y que los presos estén tranquilos. No les importa que se reinserten los presos, prefiere que se sigan drogando con tal de que no hagan lío. Con esa idea, permite la droga, permite armas, permite cualquier cosa que los tenga tranquilos a los internos, por eso es que nunca se quiso prevenir ni el ingreso de elementos prohibidos, ni la comisión de delitos”, narró un penitenciario ante la Justicia.
Permitía el ingreso de visitas irregulares -que no quedaban registradas- a los internos, posiblemente a cambio de dinero.
Hay varios episodios relatados por testigos, familiares de detenidos, que contaron a la Justicia que les pidieron dinero -algunos pagaron, otros no- para obtener traslados, beneficios o atención médica.
Una hija de Bouvier fue designada en el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario. A través de ella pudo conocer cada investigación que se realizaba.
Los viajes de Bouvier, indicio de su cambio patrimonial
La situación migratoria de Bouvier se transformó drásticamente a partir del año 2016. Es un indicio del incremento patrimonial que tuvo.
Antes del 2015, sólo tenía registradas dos salidas del país, vía terrestre, a través del cruce de Paso de los Libres.
Desde ese año, hasta el 2023, registró nueve salidas a otros países, todas vía aérea. Viajó a través de LAN Perú, TAM Brasil, Gol Transportes Aéreos y Copa Airlines. Uno de los destinos más exclusivos y onerosos fue Aruba.
En estos últimos casos fue acompañado de su pareja, Silvia Barbero.
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