La paradoja argentina: sobran dólares bajo el colchón, falta inversión

La foto de la economía argentina empieza a mostrar señales que, hace poco, parecían lejanas. Hay crecimiento del PBI, las exportaciones avanzan con fuerza, el riesgo país baja, el Banco Central vuelve a comprar reservas y la inflación se desacelera. Incluso el equilibrio fiscal aparece como un dato que se sostiene.

Sin embargo, debajo de esa superficie más ordenada conviven tensiones que no desaparecieron. El crecimiento es desigual entre sectores, el mercado de trabajo sigue mostrando signos de deterioro y, sobre todo, hay una variable que no termina de reaccionar: la inversión. Ese punto, menos visible en la discusión pública, es el que define si esta mejora macroeconómica puede transformarse en crecimiento sostenido o si vuelve a quedar como un rebote más dentro de una larga historia de inestabilidad.

La inversión: el eslabón débil del crecimiento

Un sendero de crecimiento sostenido requiere niveles de inversión cercanos al 25% del PBI, porque sin esa tasa de acumulación de capital no hay forma de expandir la capacidad productiva, mejorar la productividad ni sostener el empleo formal. La Argentina nunca estuvo cerca: rara vez superó el 20% y en los últimos años rondó el 16%, lo que deja una brecha de unos nueve puntos del PBI que la recuperación cíclica, sola, no cierra.

Una parte de esa inversión viene de afuera: la Inversión Extranjera Directa (IED). Salvo años puntuales, nunca superó el 3% del PBI en la Argentina y en 2025 se ubicó en apenas 0,5%, contra un 3,7% de Chile y un 3,4% de Brasil. Pero incluso en economías que invierten cerca del 25% del PBI sin sobresaltos, la IED suele explicar una porción menor de esa inversión: el grueso siempre lo financia el ahorro doméstico. Así que, aunque la IED argentina subiera a niveles chilenos, seguiría sin cerrar la brecha de nueve puntos. La porción más grande del problema está en otro lado.

Está en cómo se comporta el ahorro doméstico. Cuando una familia o una empresa argentina ahorra, lo más probable es que ese ahorro termine en dólares y por fuera del sistema financiero local, en lugar de financiar un crédito, un bono o una inversión productiva dentro del país. En 2025, esas compras de dólares para atesoramiento alcanzaron el 4,7% del PBI: más de la mitad de los nueve puntos que le faltan a la economía para llegar a la meta de inversión. La plata existe. Lo que no existe es el canal que la transforme en capital productivo dentro del país.

Ese comportamiento no es arbitrario ni cultural. Es la respuesta racional a un sistema donde la previsibilidad es baja: la inflación persistente erosiona el valor de la moneda, los cambios en las reglas cambiarias generan incertidumbre sobre el acceso a divisas y los antecedentes de reprogramaciones de deuda o modificaciones regulatorias minan la credibilidad de los contratos. Dolarizar el ahorro es, para cada familia o empresa, la decisión más sensata. El problema es lo que ese mismo comportamiento, multiplicado, le hace a la economía en su conjunto.

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La baja inversión, entonces, no responde a una sola causa sino a un conjunto de restricciones que se refuerzan entre sí: la volatilidad macroeconómica eleva el riesgo de largo plazo, los controles cambiarios generan incertidumbre operativa, la presión tributaria alta y distorsiva reduce los retornos esperados y la inseguridad jurídica debilita la protección de contratos. Son condiciones estructurales que afectan tanto al ahorrista que no invierte sus dólares como al inversor extranjero que no llega.

¿Alcanza el “súper RIGI”?

En este marco aparece el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como "súper RIGI", diseñado para atraer proyectos de gran escala en sectores estratégicos como energía, tecnología avanzada o nuevas industrias intensivas en capital. La lógica del régimen es ofrecer condiciones excepcionales para inversiones superiores a los mil millones de dólares, casi todas financiadas con capital extranjero.

Es decir, apunta a la porción más chica del problema: la inversión extranjera directa. El ahorro doméstico que se dolariza y se va del circuito productivo queda prácticamente afuera.

El problema de fondo no es la falta de incentivos puntuales para atraer proyectos grandes, sino la calidad del marco institucional donde se toman todas las decisiones de inversión. Un régimen especial puede destrabar un proyecto, pero no cambia el hecho de que una parte enorme del ahorro local sigue prefiriendo el dólar antes que financiar la economía real, porque el resto del sistema opera bajo las mismas incertidumbres cambiarias, tributarias y regulatorias.

Por eso, la discusión no debería girar en torno a cuántos regímenes especiales se crean, sino a cómo extender condiciones estables y previsibles al conjunto de la economía. Eso implica normalizar el régimen cambiario, avanzar hacia un esquema monetario creíble y sostener la consistencia fiscal ya iniciada. Sin esa ancla, cualquier incentivo queda aislado.

En paralelo, el sistema tributario necesita una revisión profunda para reducir impuestos distorsivos y la superposición entre niveles de gobierno. La previsibilidad tributaria pesa tanto como la carga efectiva, porque la inversión de largo plazo depende de ambas. En ese sentido, el RIGI debería leerse como una herramienta transitoria dentro de un proceso más amplio, no como una solución en sí misma. Puede adelantar condiciones, pero no reemplazarlas. El riesgo es que termine funcionando como una isla de estabilidad para grandes proyectos, mientras el resto del ahorro argentino sigue prefiriendo el colchón antes que la inversión productiva.

La clave no está en multiplicar excepciones para atraer capital extranjero, sino en reducir la necesidad de ellas: construir un sistema lo bastante estable como para que también el ahorro local deje de escapar y vuelva a financiar crecimiento.