Motosierra de Milei a la discapacidad: la nueva Ley que va a dejar a 5 millones a merced del mercado

La abogada Marta Lastra, dedicada al derecho de personas con discapacidad, disparó contra el proyecto oficialista que busca modificar la Ley 24901. En diálogo con Perfil Córdoba, sostuvo que eliminar el nomenclador nacional implica pasar del derecho a la salud al “negocio de la salud” para las 5.000.000 de personas con discapacidad que hay en el país.

La iniciativa del Gobierno nacional amenaza con desmembrar el sistema de prestaciones que garantiza un piso igualitario de cobertura, independientemente de la obra social o prepaga. Además, se da en un contexto de incumplimiento de la ley de emergencia en discapacidad.

En ese marco, Lastra apuntó contra el foco de la agenda pública: “Estamos hablando de los millones de dólares que tiene Adorni en propiedades y no de las millones de personas con discapacidad afectadas por el incumplimiento de la ley”.

"Pasamos del derecho a la salud al negocio de la salud"

Lastra fue contundente al describir el impacto del proyecto: "Con el proyecto de Milei pasamos del derecho a la salud al negocio de la salud para las personas con discapacidad. El eliminar este nomenclador nos lleva a algo desastroso: dejar librado a las leyes del mercado el derecho a la máxima calidad de salud posible de una persona con discapacidad".

La consecuencia directa, según la especialista, sería la fragmentación del sistema: "Desmembrar el nomenclador nos va a llevar a tener personas con discapacidad de primera, de segunda, de tercera y de cuarta categoría, dependiendo de la situación económica en la que se encuentre. Un escenario de completa desigualdad para la familia de la discapacidad".

Un sistema ya en crisis antes de la reforma

Lastra describió el estado actual del nomenclador como magro e insuficiente, incluso antes de cualquier reforma: "Tenemos prestaciones ambulatorias de 18.000 pesos. Una cobertura de hogar es un millón de pesos: ahí está incluido los pañales, la comida, las terapias, el alquiler, la vida donde duermen, todo".

"Un alquiler de una casa de dos dormitorios solo debe estar 800.000 pesos mínimo con expensas. ¿Cómo hacés? No hay forma de que se pueda brindar un cuidado en una casa para ese tipo de personas. Estamos haciendo malabarismos con un nomenclador que ya es magro", explicó.

Así, Lastra rechazó la narrativa oficial: "no se puede pensar que un pensionado que tiene una pensión no contributiva está estafando al Estado por cobrar 270.000 pesos al mes. Las auditorías deben ser con los ajustes razonables para la población a la que te estás dirigiendo".

Además, cuestionó los métodos de auditoría elegidos por el gobierno: "Hay un gasto de 22.203 millones de pesos en mandar cartas por el servicio postal de Andis. Y dicen que encuentran irregularidades porque la gente no vive en el mismo domicilio. Una persona con discapacidad que es pobre, por lo general no va a tener casa. Se vive mudando. Eso no es una irregularidad, es una ausencia de lectura social".

Para Lastra, detrás de todo hay una intención política clara: "Lo que han hecho es iniciar una cacería de brujas y dividir la sociedad, hacerles pensar que el que está estafando es una persona con discapacidad y pobre que cobra 270.000 pesos al mes. La realidad es que son otros los que están estafando".

"Estamos naturalizando una violación al estado de derecho"

La abogada amplió el análisis más allá del sector y apuntó a lo que considera el núcleo del problema: "El principal ataque de este proyecto de Javier Milei es al estado de derecho en materia de derechos humanos de una persona con discapacidad. Se están dejando de lado todos los documentos internacionales que nuestra nación suscribe".

En esa línea, sostuvo que la iniciativa contradice principios básicos del sistema constitucional: “Se están dejando de lado principios esenciales como la no regresión y la progresividad en materia de derechos. No se puede ir hacia atrás en derechos ya reconocidos”.

La especialista también advirtió sobre el incumplimiento de compromisos internacionales asumidos por Argentina: “Existe una obligación de garantizar la máxima calidad de salud posible. Eso no es optativo, surge de los tratados internacionales que el país ratificó”.

“El principal ataque de este proyecto es al Estado de derecho en materia de derechos humanos. Se están dejando de lado normas constitucionales y decisiones judiciales”, expuso.

Y cerró con una advertencia que apunta al trasfondo del conflicto: “Se están usando herramientas legislativas y judiciales para justificar una decisión económica. No hay interés en sostener el sistema ni en proteger a la población afectada”.