Nación espera ley de ahorros e insiste en que dejará de escrutar la "intimidad fiscal" de argentinos

En el marco del Congreso del IAEF realizado en Córdoba, el presidente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, presentó los principales ejes de la nueva estrategia tributaria del Gobierno de Javier Milei. Frente a ejecutivos y empresarios, el funcionario remarcó que “la novedad más importante es el cambio de mirada”, en alusión a una transformación conceptual: abandonar la lógica de la persecución fiscal y avanzar hacia una mayor confianza en el contribuyente.

“Estamos intentando regular pensando que del otro lado no hay 47 millones de evasores o terroristas, sino 47 millones de ciudadanos que en muchos casos huyeron del Estado por exceso de regulación”, graficó Pazo. Según su diagnóstico, décadas de sobrerregulación y presión fiscal terminaron generando informalidad, evasión y desconfianza. Por eso, señaló que el objetivo de ARCA es “dar los incentivos correctos para que la gente vuelva al sistema”.

Uno de los principales focos de su exposición fue el nuevo régimen de ganancia simplificada, que busca facilitar la formalización de actividades económicas mediante un esquema predeterminado. “Vamos a mirar la facturación y los consumos deducibles. No vamos a mirar ni el consumo personal ni el incremento patrimonial”, explicó. En ese sentido, ARCA calculará un impuesto sugerido que, si es aceptado y pagado por el contribuyente, tendrá efecto liberatorio, es decir, no podrá ser revisado a posteriori.

Esta medida forma parte de un conjunto de acciones divididas en tres grandes grupos: simplificación de controles, actualización de umbrales y régimen impositivo más previsible. Entre los cambios ya aplicados, Pazo destacó la eliminación de controles que calificó de “absurdos”, como la obligación de reportar gastos en expensas o consumos eléctricos excesivos, y la actualización de los umbrales de información automática: ahora, ARCA solo recibirá datos de movimientos que superen los $50 millones en cuentas o tarjetas, y retiros en efectivo por encima de los $10 millones.

“Buscamos darle a la gente la oportunidad de consumir parte de ese ahorro bien adquirido sin que eso implique un castigo fiscal”, remarcó. De fondo, la estrategia apunta a formalizar recursos que actualmente están fuera del sistema: según Pazo, Argentina tiene entre 5 y 10 veces su base monetaria circulando en la informalidad, frente al 20 o 30% en países desarrollados. “Las consecuencias del régimen anterior fueron tremendas”, sentenció.

Sobre el tratamiento del proyecto de “reparación histórica del ahorro”, actualmente en tratamiento en el Congreso, Pazo destacó que ya cuenta con la adhesión de 17 gobernadores y que se trata de una iniciativa de “profundo contenido fiscal y político”, que busca dar certidumbre a los contribuyentes y sentar las bases de un nuevo contrato entre Estado y ciudadanos.

Entre los principales puntos del proyecto, mencionó la reducción de los plazos de prescripción fiscal, el aumento del umbral de punibilidad penal tributaria de $1,5 millones a $100 millones para la versión simple y a $1.000 millones para la agravada, y la eliminación de la persecución penal en casos donde el contribuyente pague lo adeudado con intereses y multas. “Los temas de impuestos se deben resolver con plata, no con cárcel”, afirmó categóricamente.

Según el titular de ARCA, si el Congreso aprueba estos cambios, la cantidad de causas judiciales fiscales podría pasar de 7.000 a apenas 200. Según esa visión, la lógica de fondo es generar un entorno en el que el contribuyente sienta que no será perseguido ni controlado de manera excesiva. “Si queremos que la gente vuelva al sistema, tenemos que garantizarles que no serán revisados de manera retroactiva”, sostuvo.

Otra innovación que destacó es que el nuevo régimen alcanzará a “todos los ciudadanos y personas jurídicas de la República Argentina, excepto los grandes contribuyentes”. Es decir, el foco está puesto en las pymes, profesionales y monotributistas, quienes más sufren el costo del cumplimiento fiscal y la exclusión del crédito.

El acceso al financiamiento fue presentado como uno de los principales incentivos para la formalización. Pazo remarcó que “a un monotributista no le dan un crédito hipotecario para comprarse una casa”, lo que constituye una barrera estructural para el desarrollo económico y social.

En resumen, la disertación de Juan Pazo en Córdoba puso sobre la mesa una serie de reformas que apuntan a reconstruir el vínculo entre el Estado y los contribuyentes, partiendo de una premisa clara: menos controles, más confianza y un sistema impositivo que premie la inclusión en lugar de castigar la informalidad. La viabilidad política de estas reformas, y su impacto en la recaudación, dependerá del debate parlamentario y del acompañamiento de las provincias. Pero el tono del funcionario dejó en claro que, al menos desde ARCA, hay voluntad de avanzar en una nueva era fiscal.