Qué efectos y desafíos plantea el Sistema Integral de Flagrancias que inicia en marzo

La puesta en marcha del Sistema Integral de Flagrancia y de las llamadas Unidades Territoriales constituye una de las reformas más significativas de los últimos años en la justicia penal cordobesa. La clave está en bajar al territorio para trabajar las problemáticas de cada sector, tanto en la prevención policial como en la persecución del delito. Muy posiblemente la consecuencia inmediata será más presión para el Sistema Penitenciario provincial, que está desbordado en su capacidad. 

A la 0 hora el lunes 2 de marzo comenzará a funcionar la Unidad Fiscal de Flagrancia (UFF), organizada en dos sedes: norte y sur. Recibirá a todas las personas aprehendidas por la Policía mientras cometen delitos. La implementación se realizará bajo el criterio de “carga 0”, es decir que la UFF recibirá los casos que ingresen a partir de ese día.

Los expedientes que ya se encuentran en trámite y que hasta esa fecha eran gestionados por el Centro de Recepción de Procedimientos con Personas Aprehendidas (CRPPA) continuarán bajo la órbita de los fiscales que venían interviniendo, evitando una reasignación masiva de causas, según explicaron a Perfil Córdoba desde la Fiscalía General.

Funcionará sin interrupción las 24 horas, los 365 días del año, con nueve fiscales dedicados exclusivamente a estos casos. Allí se definirá la imputación y se decidirá de manera inmediata si corresponde ordenar la detención. También prepararán las audiencias y se orientará cada caso hacia una “solución temprana” o hacia una investigación más extensa cuando sea necesario.

En la sede Norte, ubicada en Diagonal Ica al 1087, tendrán actuación los fiscales Silvana Páez, Alberto Falcón, Mónica Barbero y Helio Olmos.

Por su parte, en la sede Sur (Polo Judicial de Barrio Observatorio) estarán Pablo Cuenca Tagle, Gerardo Reyes, Esteban Grand Grundy, Federico Rivas y Esilda Archilla Funes. 

El objetivo es ordenar y agilizar la intervención en los primeros momentos del proceso, que son decisivos tanto para las víctimas como para las personas involucradas. Según datos oficiales, el 85% de expedientes responden a este tipo de causas. 

La concentración en una unidad especializada busca reducir los tiempos de tramitación de una causa, evitar duplicación de tareas y liberar capacidad operativa en el resto de las fiscalías para abordar delitos e investigaciones que presenten mayor complejidad.

Siguiendo un razonamiento lógico, si el 85% de causas que hoy se tramitan en las fiscalías comunes logran ser investigados con procedimientos más ágiles y en menor tiempo, lo más probable es que también crezca el número de condenas de prisión. La tensión en el Servicio Penitenciario es indisimulable. 

Unificación de criterios

Hasta ahora, los casos de flagrancia se distribuían entre más de veinte fiscalías de la ciudad, con criterios diferentes, según el abordaje de cada fiscal. El nuevo modelo unifica esa gestión y estandariza procesos, que serán íntegramente orales.

La reforma fue formalizada mediante acuerdo reglamentario del Tribunal Superior de Justicia y es el resultado de dos años de trabajo técnico conjunto, que incluyó asesoramiento externo. El diseño incorpora un sistema de monitoreo permanente que permitirá medir tiempos de tramitación, volumen de casos y resultados, con el objetivo de ajustar el modelo en función de la experiencia.

Penas y medidas alternativas como sanción

Por las características de los casos de flagrancia —donde el hecho y la autoría suelen estar acreditados desde el inicio— se estima que se realizarán en su gran mayoría juicios abreviados iniciales, que podrán derivar, según el caso, en una condena de prisión efectiva o de ejecución condicional de acuerdo al delito que se trate.

Además de este tipo de medidas de encierro, el Código Procesal y el Manual de Procesos de la UFF prevé la posibilidad de conciliación entre las partes, la suspensión del proceso a prueba, que prevé entre otras cosas la reparación del daño a la víctima.

El control de la actuación fiscal y la intervención de las defensas públicas y privadas estarán a cargo de tres juezas de Control:  Natalia Aguirre, María Belén Barbano y Soledad Marina Cañete, quienes jurarán para el cargo el jueves venidero.

Ellas tendrán actuación exclusiva en flagrancias, pero también algunas causas podrán ser asignadas al resto de los jueces de Control,  excepto los de Violencia Familiar y de Género, Delitos Complejos y Narcotráfico. 

Se podrá saber quiénes son los responsables en cada barrio

En concomitancia con el sistema de flagrancias, se sumarán dos unidades territoriales en los barrios Los Boulevares y Santa Isabel.

El denominado Plan de Gestión Territorial en Seguridad y Justicia busca que el mapa del Ministerio Público Fiscal coincida con el mapa de actuación policial y de prevención. 

Donde averiguar quiénes son los fiscales y jefes policiales responsables de la seguridad en cada barrio

Los vecinos podrán conocer qué fiscal, comisario y equipos de investigación o unidades judiciales son responsables de la seguridad o la persecución penal en su barrio.

Los distritos diseñados son 27, incluyendo nuevas unidades en Sierras Chicas, Malvinas Argentinas y Río Primero.

Hasta ahora en la web del gobierno provincial es posible conocer, con nombre y apellido, quiénes son los fiscales y comisarios de 19 de los 27 distritos.

El lunes 2 se sumarán los barrios Santa Isabel y Los Boulevares, a la que fueron destinados los fiscales Paula Bruera y Alejandro Smith.

Como es posible advertir, se trata de una transformación de gran envergadura, que abarca la mayor parte de los casos penales que ingresan a los tribunales provinciales.