“Me es grato comunicar algo muy importante decidido hace pocos días: con fondos del Poder Ejecutivo se construirá un nuevo edificio, para que funcione como Centro de Recepción de Personas Aprehendidas, como base para un proyecto integral de flagrancia para la ciudad de Córdoba que se está elaborando conjuntamente entre el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el Ministerio Público Fiscal (MPF)”.
El anuncio fue efectuado por el presidente del TSJ, Domingo Sesín, en la apertura del año judicial. En una frase condensó dos anuncios que apuntan a definiciones importantes de política criminal en la Provincia, con particular impacto en la ciudad de Córdoba. Uno de ellos consiste en la construcción de un nuevo edificio para recibir los procedimientos policiales por delitos menores. Actualmente, el Centro de Recepción de esos operativos con detenidos funciona en Laprida 700, en el Polo Judicial de barrio Observatorio. Cuando esté lista la nueva sede, se trasladará a barrio La France.
El segundo, abarca el tratamiento integral de los delitos en flagrancia, que son los que tienen a maltraer a la ciudadanía: robos, hurtos, portación y tenencia de armas, lesiones, amenazas, resistencias a la autoridad y daños. Son expedientes que reúnen rápidamente la prueba, la declaración de la víctima, la identificación de los responsables del hecho y podrían ser resueltos en tiempos breves hasta alcanzar las sanciones previstas por el Código Penal, algo que no siempre ocurre.
En la edición del 29 de mayo del año pasado, PERFIL CÓRDOBA publicó la primera entrevista periodística que brindó el fiscal General Juan Manuel Delgado desde que asumió el cargo en 2021. “La idea es crear un fuero especial de flagrancia para que todos esos delitos sigan por un carril, lleguen a juicios abreviados y así bajar el stock de causas para que las otras fiscalías del mismo distrito puedan intervenir en los hechos más graves”, anunció en aquella oportunidad.
Puede interpretarse que es uno de los proyectos insignes de su gestión. Implica una definición de política criminal, como en otros momentos ocurrió con los fueros creados especialmente para Violencia Familiar, Violencia de Género, Delitos Complejos o Narcomenudeo. Con el correr de los meses se dejó de hablar de “fuero” de flagrancia, para designar al proyecto como un “sistema integral” para abordar esos delitos. El cambio de nombre obedece al debate que se generó –con no pocas resistencias- hacia el interior del Ministerio Público Fiscal y en el mismo Poder Judicial.
Este medio consultó a numerosas fuentes involucradas en el tema. Todas admitieron la necesidad de producir cambios, aunque la diferencia radica en cómo impulsarlos y los tiempos de realización.
En el MPF. La pandemia por la irrupción del Covid-19 generó un antes y un después en la entrega de procedimientos policiales sobre flagrancias en la ciudad de Córdoba. Hasta ese momento, todos esos operativos ingresaban a las 23 Unidades Judiciales (UJ) esparcidas en toda la ciudad.
La centralización fue bendecida y elogiada por unos y duramente criticados por otros. Eso persiste en la actualidad. El 15 de octubre del 2021, la Fiscalía General creó el Centro de Recepción de Procedimientos con Personas Aprehendidas (CRPPA).
La oficina, que está actualmente a cargo de Bruna Sciolla, implicó aliviar el trabajo de las UJ sobre delitos menores para que pudieran abocarse a las denuncias de mayor complejidad. Desde entonces -un año y siete meses- se recibieron 9.954 procedimientos con 12.854 detenidos, es decir entre 500 y 700 por mes, con un mínimo de 20 y un máximo de 30 detenidos diarios. Suelen ocurrir hechos con más de una persona aprehendida. Se concentraron los trámites de esos ingresos en espacios próximos para evitar, además, el contacto entre víctima y victimario, que muchas veces sucedía en las UJ.
El fiscal General Adjunto Pablo Bustos Fierro está a cargo de toda esta área.
Etapas. Un móvil, con dos efectivos, entrega el procedimiento y el detenido. Un sumariante lo recibe. Por mail se envían los datos a la Base Operativa de la Policía Judicial. Allí se realiza el control médico del aprehendido, se toman las fotos y las huellas dactilares. También se hace un fichado para la Policía. En la última fase, la persona detenida es entregada al Servicio Penitenciario, en la alcaidía que está cruzando la calle, en el mismo Polo Judicial. Absolutamente todo este itinerario se realiza en un espacio de un centenar de metros a la redonda, donde están las dependencias del MPF, Policía Judicial y Servicio Penitenciario, todos organismos diferentes.
Sciolla explicó que a lo largo de los meses se agilizó la comunicación entre todos. Desde que un móvil ingresa el procedimiento hasta que termina “puede tardar un promedio de entre dos y tres horas”, destacó la funcionaria. Las noches y los fines de semana son los más complicados.
Lo que hoy se concentra en un acotado espacio, antes implicaba un recorrido de móviles por diferentes puntos de la ciudad. Según los registros, bajaron el tiempo del trámite a la mitad.
Sin embargo, hay fiscales de instrucción críticos del nuevo sistema. Le cuestionan los largos trayectos que deben recorrer móviles policiales con detenidos a bordo, desde todos los barrios periféricos y puntos distantes hasta el Polo Judicial. Para algunos antes que centralizar habría que descentralizar.
En el TSJ. En la Sala Penal del máximo tribunal recién se puso en marcha un proceso para llegar a un diagnóstico. “Es algo absolutamente inicial”, remarcaron dos fuentes consultadas. Al cabo del relevamiento de opiniones, experiencias y estadísticas de todos los que intervienen en el proceso se llegará a una serie de conclusiones que abarcará definiciones de fiscales, jueces, camaristas, asesores letrados y Policía Judicial; etc.
En el TSJ hay decisión y voluntad de ir hacia un abordaje especializado para los delitos en flagrancia. Uno de los aspectos que agilizará su tratamiento es la oralización en el fuero penal: eso ya está en marcha y se viene el cambio.
Desde el 1 de mayo próximo todos los Juzgados de Control de Capital resolverán las prisiones preventivas de detenidos en flagrancias (delitos menores) en audiencias orales. Será un avance respecto al plan piloto actual que abarca sólo a media decena de tribunales.
¿Cómo será la reforma? Una vez que concluya el diagnóstico -que insumirá no menos de seis meses- es una incógnita lo que se seguirá, admiten en el TSJ. Hay múltiples opciones: asignar a una fiscalía por distrito todas las flagrancias para que el resto siga la investigación de delitos graves; redactar protocolos que definan criterios para cerrar bagatelas (causas insignificantes) o bien para reparar a las víctimas y para clasificar causas de gravedad media o alta. Y podrían surgir más.
La opción de la que ya menos se habla es crear un fuero especial porque significaría más presupuesto para crear fiscalías, juzgados y cámaras. “Las únicas reformas que prosperan son las que surgen de un trabajo horizontal y no de directivas que bajan sin relevar antes las necesidades de los que están en la trinchera”, subrayó una fuente del TSJ.
Entre la decisión, el apuro y la prudencia se debate una reforma integral que procura dar respuesta a los excesivos plazos que se toma la Justicia para un abanico de delitos que deben tener rápida resolución. Justamente aquellos que tienen en vilo a la sociedad y que no encuentran respuesta del Estado, en la fase preventiva, y del Poder Judicial, en la punitiva y reparatoria.
CÓMO SERÁ Y DÓNDE ESTARÁ EL NUEVO EDIFICIO PARA RECIBIR LOS PROCEDIMIENTOS
La nueva sede del Centro de Recepción de Procedimientos con Personas Aprehendidas (CRPPA) se levantará en barrio La France, sobre Cardeñosa al 2.900, junto al Hospital Materno Neonatal. Tendrá una superficie cubierta de 1.000 m2 y será construido por el Ministerio de Obras Públicas de la Provincia. En breve se anunciará el proceso licitatorio con el presupuesto y plazos previstos.
Hay quienes aspiran que pueda inaugurarse a fin de año. Se encargará de recibir los procedimientos policiales con personas mayores o menores de edad aprehendidas en flagrancia por los siguientes delitos: robos, hurtos, portaciones y tenencias de armas, lesiones, amenazas, resistencias a la autoridad y daños. Están excluidos los aprehendidos por hechos de violencia familiar o de género, homicidios o sus tentativas, sustracción de automotores, robos de envergadura, siniestros viales y narcotráfico, que tienen sus UJ especiales.
Tendrá una superficie cubierta aproximada de 1.000 m2, con los siguientes espacios diferenciados:
◆ Atención de la persona usuaria del servicio de Justicia, dispuesto especialmente para evitar el contacto con las personas aprehendidas.
◆ Puestos de trabajo para personal del MPF y personal policial comisionado. Se proyectan sectores para la recepción de procedimientos y toma de declaraciones. Habrá consultorios de medicina legal, fotografía legal y química legal del MPF; de requisa y fichado de la Policía de la Provincia y alojamiento transitorio en lugar custodiado por el SPC. En otro sector, con circulación diferenciada, funcionará el consultorio de víctimas, con el objetivo de evitar el cruce con las personas aprehendidas.
◆ Celdas de alojamiento transitorio para personas mayores de edad privadas de libertad (11 para mujeres y 26 para hombres).
◆ Espacio con custodia policial para personas menores de edad (para 10 jóvenes).
◆ Espacio para el resguardo de los elementos secuestrados.
◆ Espacio sanitarios diferenciados
¿TECHO EN LA CAPACIDAD OPERATIVA? A pesar de que crecen las denuncias se mantiene la cantidad de procedimientos
Las estadísticas del Ministerio Público Fiscal muestran una creciente cantidad de denuncias. Del último quinquenio, el 2020 -signado por la prohibición de circulación a raíz de la pandemia de coronavirusfue el único que registró una baja. Mientras en 2019 ingresaron unas 158.000 denuncias, al año siguiente esa cifra cayó a 116.000.
A partir del 2021, la tendencia fue creciente: 141.000 durante ese año y durante 2022 trepó a más de 204.000, contando los casos derivados de dependencias policiales. La suba fue abrupta en 2022 y la misma tendencia se prevé para fin de este año, sólo resta saber en qué porcentaje. Esas estadísticas abarcan todo tipo de delitos: desde los gravísimos y graves hasta los menores.
Es el universo total, e incluyen desde un simple hurto callejero, a un robo domiciliario, hechos graves de violencia familiar o de género, delitos contra la integridad sexual, robo de vehículos, narcotráfico, estafas de envergadura, delitos complejos, etc. El cuadro no los tiene desagregados.
Hay relevamientos que afirman que siete de cada 10 delitos denunciados (hay una cifra negra de los que no denuncian) son cometidos en flagrancia, es decir que al victimario se lo encuentra in fraganti, mientras está cometiendo el delito. Sin embargo, y a pesar de que crecen los delitos denunciados como se puede observar en el gráfico que ilustra la nota, la estadística del CRPPA se mantiene prácticamente invariable.
Desde que el centro existe, dispone de recuentos muy precisos. Por mes se reciben entre 500 y 700 procedimientos. Hay épocas más “calientes” durante los meses de marzo, abril y diciembre y otras donde bajan los procedimientos, como en enero (los efectivos policiales son asignados a zonas turísticas y queda un número más reducido en Capital) y en julio agosto, durante las jornadas de baja temperatura. Durante las noches y los fines de semana, los procedimientos suben. De día, bajan.
Pero hay otro dato que vale la pena analizar. Desde octubre del 2021, cuando se creó el CRPPA, el promedio diario de detenidos tampoco varió. Son 20 como mínimo y 30 como máximo. Suben o bajan según las épocas del año señaladas, pero siempre dentro de ese espectro.
Entonces, si las denuncias de todos los delitos crecieron, ¿por qué los procedimientos por flagrancias se mantienen?
Aquí no se comparan los números absolutos sino las tendencias estadísticas de ambos. Uno crece, el otro se mantiene.
Quizás los números muestren el límite o techo de la capacidad operativa policial. Con los efectivos y móviles disponibles esto es lo máximo que se puede hacer. Y eso podría explicar por qué la ciudadanía advierte que la fuerza policial “está desbordada”.
La expectativa es que a fin de este año, cuando se incorporen más efectivos que hayan concluido el período de formación ampliado, los resultados sean diferentes. A mayor delito, mayor procedimiento policial, también en las flagrancias.
