A poco más de un año de asumir como fiscal General de la Provincia, Juan Manuel Delgado explicó algunas líneas de acción y proyectos incluidos en su primer balance de gestión.
En la entrevista exclusiva que brindó a PERFIL CÓRDOBA quiso remarcar tres aspectos.
Destacó, en primer término, el trabajo conjunto con la policía de la Provincia de Santa Fe para blindar la frontera al fenómeno narco más caliente. Anunció que se instalará una sede de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) en Marcos Juárez, que junto a la de San Francisco reforzarán ese objetivo. “Firmamos convenio con fiscales federales para trabajar en forma conjunta”, señaló y anunció que se incorporaron 80 policías más a la FPA. Un aspecto que subrayó fue el trabajo coordinado de “los tres fiscales del fuero especial con sus pares de Cámara, para atacar a determinadas bandas”.
En segundo lugar, ponderó positivamente la llegada de Betina Croppi –exfiscal de Violencia Familiar– como cuarta fiscal adjunta. “Es una persona especialista en género y estamos trabajando en un rediseño, para ser más eficientes en esta área, por lo cual habrá novedades en breve”, anunció.
Y anticipó que se levantará un Centro de Recepción de Detenidos en barrio La France, en un predio propiedad de la Provincia. El objetivo es mejorar la logística de las detenciones de modo que las personas aprehendidas dejen de ser alojadas en las Unidades Judiciales (UJ).
El diálogo con el fiscal General recorrió diversos temas: inseguridad, acceso a la información de las decisiones que se toman para garantizar transparencia, proyectos para concentrar el trabajo de fiscalías en hechos más graves y complejos y, al mismo tiempo, agilizar las pesquisas de causas menores.
Siete de cada 10 denuncias son por hechos en flagrancia. Son expedientes que podrían tramitarse con rapidez.
También se refirió a tres episodios vandálicos –a los que definió como “menores”– en su vehículo particular y el oficial y explicó por qué, en este último caso, se formalizó una denuncia penal.
Indicó que el 40% de las denuncias que llegan a las fiscalías ingresan a través de los canales web habilitados.
–¿Cómo funciona el sistema de denuncias web?
–Funcionó bien durante la pandemia, pero no todos manejan bien el sistema. Lo que estamos tratando de hacer es poner en las Unidades Judiciales (UJ) puntos para denuncias y dar instructivos para que la gente sepa cómo hacerlas. Hay muchas denuncias que no son delitos, como el vecino que le pasó un árbol por la medianera o puso basura en un canasto: pueden ser faltas o contravenciones.
—¿Piensa en un diseño que distinga delitos menores de causas de mayor complejidad?
–Estamos pensando en un rediseño del tratamiento que dan las fiscalías a las flagrancias. Es una tarea que se hace desde Fiscalía General. De ser posible, tendremos que trabajar en conjunto con el Tribunal Superior. La idea es crear un fuero especial de flagrancia, para que todos esos delitos sigan por un carril, lleguen a juicios abreviados y así bajar el stock de causas para que las otras fiscalías del mismo distrito puedan intervenir en los hechos más graves. Pero, insisto, es un proyecto que está en estudio.
—¿Requiere de una reforma legal?
—Según la extensión del proyecto, analizaremos si hace falta. La idea de fondo es que la flagrancia no se lleve el 100% del trabajo de las fiscalías y unidades judiciales. En general, las causas con presos son las que más atención requieren. A las otras, que son complejas pero sin presos, se les dedica menos tiempo por estas urgencias. Y el 70% son flagrancias.
EL COMBATE A LA INSEGURIDAD
—¿Cuál es el aporte y el trabajo de la Justicia para afrontar la enorme inseguridad que asola a los ciudadanos?
—Estamos trabajando en forma conjunta con los consejos barriales, las UJ y la policía para que entre todos, cada uno en el ámbito de su competencia, colabore con el tema de la inseguridad. De lo que se trata es que la gente sepa qué denunciar, cómo, dónde, que denuncie los hechos que son delito, que la Policía esté presente donde tiene que estar y que las UJ se aboquen en el territorio con las fiscalías a trabajar y hacer los mapas de delincuencia para detectar las zonas más ríspidas y atacar el problema por zona.
–¿Qué observan sobre la modalidad de inseguridad en Córdoba?
–Cuando hay asentamientos urbanos más grandes, hay más inseguridad. La inseguridad es una consecuencia de la pobreza, de la falta de recursos, trabajo y educación. Lo importante es que la comunidad conozca quién es el fiscal de su distrito, el ayudante fiscal, que sepa dónde está la comisaría.
–Estamos muy lejos de esa realidad, del sentido de pertenencia que describe.
—No crea que estamos tan lejos. La gente de los consejos barriales tiene muy buena voluntad y predisposición. Es cuestión de que este camino iniciado podamos consensuarlo con los vecinos y podamos llevarlo adelante en todos los consejos barriales, grupos de WhatsApp integrados por la comunidad y policías.
—¿No cree que habría que difundir más el esquema de trabajo de los consejos barriales, para hacerlo más efectivo?
—Lo estamos haciendo, tenemos pruebas piloto y donde hay que hacer ajustes lo hacemos. Hay gente de las unidades judiciales que se presenta, coordina actividades.
—¿Tienen mapas de zonas rojas?
—Cada fiscalía va armando su mapa. Cada fiscal va analizando cuáles son las zonas más conflictivas, se comunica con las UJ, van a esos centros y trabajan con la comunidad.
—¿Hay puerta giratoria para presos en Córdoba?
—Yo creo que no hay. Cada causa es analizada y dirigida por un fiscal. Para ordenar o no una detención el fiscal toma en cuenta determinados parámetros. En base a la ley, otorga la libertad o da una medida de coerción personal. No se puede decir, de manera genérica, que hay puerta giratoria sin analizar casos puntuales. Tampoco niego que pueda haber casos donde una persona ha tenido muchas entradas a la policía y luego ha sido liberada. Pero por uno o dos casos no podemos decir que hay una puerta giratoria en la Justicia de Córdoba.
—En el otro extremo hay abogados y detenidos que cuestionan extensas prisiones preventivas y señalan que se convierten en una extorsión, con la que el acusado termina admitiendo su culpa para ir a un juicio abreviado y salir de la cárcel.
—Cuando el fiscal ordena una medida de coerción personal, el imputado tiene todos los resortes jurídicos. Puede ir al Juzgado de Control, a la Cámara, al TSJ. Es revisada por el orden jurisdiccional. Si la ratifican, no es de competencia específica del Ministerio Público Fiscal. Es toda la Justicia que ha confirmado en ese expediente, a esa persona, la privación de su libertad. Si puede entorpecer el proceso, si presenta peligro de fuga o si el delito que se le imputa será de prisión efectiva, no es un problema del fiscal o de la Justicia de Córdoba: es la ley. Es contradictorio que se quejen de la puerta giratoria y de las prisiones preventivas al mismo tiempo. Lo que no deben hacer los fiscales es actuar por las quejas de uno u otro sector, sino conforme a la ley.
—¿Encuentra resistencia a los cambios que impulsa?
—Más que resistencia a los cambios, cuando uno los explica, trata de buscar consensos y llegar a un entendimiento, son recibidos. Claramente todos los cambios generan algún tipo de resistencia. Pero si explicamos hacia dónde vamos, y todos más o menos coincidimos, los cambios se hacen.
LA POLÉMICA DENUNCIA POR UN RAYÓN EN EL AUTO OFICIAL
–¿Atribuye a algunas resistencias el episodio del rayón del auto oficial que le asignaron?
–El rayón del auto es un episodio menor. Y la denuncia no la hice yo a título personal. La hizo el chofer. Cuando el chofer recibe el auto, firma un acta donde establece en qué situación lo hace. Si luego sufre un daño está obligado a denunciar. No es materia disponible porque no es un bien propio, está bajo la órbita del Poder Judicial. Desconozco a qué se debió el episodio. Pero quiero dejar claro que era obligatorio denunciar. No es un capricho. Cuando a mí me desinflaron una goma y me rayaron mi auto particular, no lo denuncié porque consideré que era un hecho menor.
–O sea que sufrió otras situaciones similares, ¿cuándo ocurrieron?
–Hace unos 45 días. Por eso cuando apareció el rayón en el auto oficial, no siendo un bien propio, dije: que lo denuncie. No es que yo, por un rayoncito de 10 centímetros, hice mover a toda una fiscalía para que descubra quién lo hizo. Es una lectura sesgada del tema.
–¿Dónde ocurrieron los tres episodios? ¿Quedaron registrados en cámaras?
–Yo no descarto que pueda haber sido un hecho accidental. No estoy pensando que haya una persona que tenga intención de desestabilizar.
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA
–¿Por qué cuando hay decisiones trascendentes los fiscales no explican a través de la prensa sus decisiones? Un ejemplo fue el pedido de sobreseimiento de Ana Becerra de un fiscal Anticorrupción. Hay causas en las que uno espera que los fiscales den la cara y sus argumentos.
–El fiscal (N.deR.: Matías Bornancini) explicó la resolución y dijo que luego de haber analizado el marco de discrecionalidad que tenía la señora Becerra, no actuó en infracción a la ley.
–Insisto en que no es fácil acceder a la información para garantizar la transparencia.
–Hace 15 días hicimos un formulario especial, lo remitimos a todas las fiscalías para que hagan un resumen de las causas más trascendentes para darles publicidad. A veces los fiscales sufren algún acoso de los medios y eso puede dificultar la investigación.
