Sebastián Basso, fiscal de la Causa Amia: “El juicio en ausencia es un camino para dar justicia y un mensaje a la sociedad”

En el marco de la conmemoración del 32° aniversario del atentado contra la sede de la AMIA, el fiscal federal Sebastián Basso visitó la provincia de Córdoba. El titular de la Unidad Fiscal de Investigación mantuvo un diálogo en exclusiva con Perfil Córdoba donde abordó el estado actual de la causa, la implementación del juicio en ausencia, el rol de la conexión internacional y la necesidad de mantener activa la memoria social frente al terrorismo internacional.

—A más de tres décadas de la tragedia que marcó la historia argentina, ¿en qué situación se encuentra hoy la investigación judicial y qué certezas existen sobre el atentado?

—Después de 32 años, tenemos que reconocer que no se han podido evidenciar algunos aspectos judiciales, pero sí se saben varias cosas. Primero, que fue un atentado terrorista; eso ya está casi consolidado de que fue un coche bomba. Lo que resta ahora es determinar quiénes son los responsables. Para la fiscalía, los responsables han sido un grupo terrorista de origen libanés que se llama Hezbollah, que hoy por hoy ya es explícito —antes lo negaban—, depende del islamismo que gobierna Irán. La fiscalía identificó a 11 personas a las cuales considera responsables y quiere que vayan a un juicio en ausencia, que es un juicio distinto al tradicional.

—La figura del juicio en ausencia genera debate, especialmente por las expectativas de sectores de la comunidad judía que quieren a los acusados presentes. ¿Por qué se impulsa esta herramienta y qué viabilidad real tiene?

—Eso es algo imposible que ocurra. Principalmente, porque es un hecho de terrorismo internacional donde los acusados viven en Asia, literalmente muy lejos, y Argentina no tiene capacidad operativa de poder ir a buscarlos. La realidad es que el Estado argentino no tiene capacidad operativa, entonces depende de la buena voluntad de que algún país los detenga. Obviamente, Irán y Líbano no los van a detener y esas personas no viajan a países que van a colaborar con nosotros. Entonces es muy difícil.

—¿Considera que tiene valor jurídico y social que sean condenados bajo esta modalidad?

—Sí. El juicio en ausencia es una modalidad que eligió el Congreso argentino. Nosotros somos funcionarios de ley, los fiscales, entonces respetamos las leyes que hacen los representantes del pueblo. Ellos consideran que el juicio en ausencia es una forma de dar justicia, no a los imputados concretos —porque esas personas van a estar prófugas—, pero sí un mensaje a la sociedad de que en Argentina no pueden suceder estas cosas.

—Teniendo en cuenta la magnitud del expediente, ¿por qué demoró tanto tiempo la posibilidad de avanzar hacia esta instancia?

—Bueno, ahora está presentando avances y la ley se sancionó recién el año pasado. Nosotros no podíamos avanzar porque había un impedimento de ley. Recién el año pasado el Congreso sancionó esta normativa, así que hasta entonces no podíamos avanzar. Nosotros siempre seguimos trabajando en el caso: la primera imputación fuerte se hizo en 2006 por el fiscal Nisman; después, en el 2009, se hicieron más imputaciones y, durante mi gestión, en el 2023, también imputamos a más personas. Una vez que se identificaba a una persona y había evidencias para llevarlo a juicio, lo pedíamos; lo que pasaba es que no podíamos hacer el debate por esta traba legal, pero siempre se trabajó en el caso.

La conexión regional

—Uno de los interrogantes históricos que siempre genera repercusión pública es la existencia de una red de apoyo o “pata local” en el país. ¿Qué revelaron las evidencias al respecto?

—Al principio de la investigación, el juez (Juan José) Galeano hizo la estrategia investigativa de hablar de una conexión local y una conexión internacional, como si fueran dos comportamientos estancos. Pero con el tiempo las evidencias han demostrado que hasta ahora no hay ningún vínculo local; que la localidad donde se coordinó todo esto es la Triple Frontera, básicamente Foz de Iguazú en Brasil y Ciudad del Este en Paraguay. Esa sería la conexión, ahí sí se coordinó este atentado. Ahí estaba el coordinador más importante del atentado que telefónicamente mandaba a las personas acá.

—¿Es un mito la tan mencionada “pata local”?

—No, no es un mito, fue un modo de investigar porque no se podía descartar al principio que pudiera ser. El régimen de Irán tenía, en esa época, mucho dinero y quería influir mucho en Latinoamérica, quería expandirse —de hecho logró su objetivo en Venezuela—. En Argentina también tenía muchos vínculos con la política porque quería instaurar su revolución acá; por ejemplo, tenía vínculos con lo que se llamaba el grupo 'carapintadas'. El grupo carapintadas y partidos políticos afines a ellos tenían vínculos con la embajada de Irán, pero no se probó que ellos tuvieran que ver con el atentado, sí con la embajada.

Memoria colectiva y cuentas pendientes

—A lo largo de los años, la causa AMIA se cruzó con múltiples tensiones políticas, desde la figura del fiscal Alberto Nisman hasta los debates en torno al Memorándum con Irán. En 2026, ¿cuál debe ser el principal mensaje y rol del Estado?

—Yo, como fiscal, tengo que mirar el caso, la investigación y hacer toda la gestión profesional suficiente para que estos hechos sean investigados rápidamente. Yo creo que después de 30 años, Argentina tomó conciencia de que puede ser víctima de un atentado terrorista y que el Estado tiene que tomar todas las medidas, tanto a nivel de inteligencia y policial, como también a nivel de la sociedad. Es decir, actos como el que vamos a realizar hoy son un modo de dar un mensaje a la sociedad y decir: “Cuidado que el terrorismo sigue vigente, que los extremismos pueden calar en algunas personas y pueden cometer estas locuras”. Un modo de tratar de que a Argentina no le vuelvan a suceder actos de esta naturaleza es mantener viva esa memoria.

—Por último, ¿qué opinión le merece el intento político que significó en su momento el pacto con Irán?

—Es difícil la pregunta. Hay un caso penal abierto donde está sentada en el banquillo la expresidenta Cristina Kirchner y hay otro fiscal. Así que sobre eso no voy a opinar.