¿Y después de las moratorias previsionales, qué?

Las moratorias previsionales nacieron en 2005 como una respuesta improvisada y demagógica ante una deficiencia de la normativa vigente. Cada vez más personas llegaban a la edad de retiro sin los 30 años de aportes exigidos por la ley. En lugar de revisar las reglas, se les permitió completar los períodos faltantes simulando haber trabajado como autónomas y generando una deuda que luego se descontaba de la propia jubilación.

Fue planteado como una medida de emergencia, pero sucesivas prórrogas la convirtieron en una política de Estado. Las moratorias se sucedieron durante dos décadas y terminaron siendo la principal puerta de entrada al sistema. En 2024, de los aproximadamente 7 millones de beneficios que pagaba el Estado nacional, unos 4 millones habían sido otorgados mediante alguna moratoria. La ficción de los aportes “comprados” se había transformado en un mal mecanismo para compensar la informalidad laboral y la rigidez del sistema previsional.

¿Estuvo bien no renovar la moratoria?

La última moratoria venció el 23 de marzo de 2025 y el Gobierno decidió no prorrogarla. La decisión fue correcta. Ampliaba la cobertura, pero de una manera inequitativa e insustentable.

Una persona que había aportado durante casi toda su vida laboral podía terminar cobrando un haber parecido al de otra que había contribuido muy poco. Además, al otorgar una jubilación contributiva, la moratoria podía generar una pensión por fallecimiento y facilitar la acumulación de beneficios. Más allá de las declamaciones, este ingreso masivo e indiscriminado de jubilados sin aportes se viene financiando con la licuación de los haberes de las personas que hicieron aportes. 

Cerrar esa puerta contribuye a la solvencia y equidad del sistema. Pero requiere prever la situación de personas que llegan a la vejez sin aportes suficientes. Para esos casos existe la Pensión Universal para el Adulto Mayor, conocida como PUAM. Se otorga desde los 65 años a quienes no tienen otra jubilación o pensión y equivale al 80% de la jubilación mínima.

La PUAM es una herramienta más adecuada porque no disfraza una protección social como una jubilación contributiva. No simula aportes y, por lo tanto, no tiene los costos burocráticos que insumían las moratorias. Como no genera derecho a pensión cuando fallece el jubilado no deriva en múltiples coberturas como ocurría con las moratorias.

Pero tampoco es perfecta. Es arbitrario e injusto fijar el mismo monto de haber para quien nunca aportó que para quien lo hizo por poco menos de 30  años. Esta deficiencia de diseño genera malos incentivos porque no reconoce adecuadamente el esfuerzo realizado.

La caída que empieza a verse

Los efectos del cierre ya aparecen en las estadísticas. En 2024 hubo unas 425 mil altas: 105 mil correspondieron a personas que habían completado los 30 años de aportes y 320 mil a beneficios obtenidos mediante moratorias o la PUAM. Para 2026 se proyectan unas 233 mil altas, aproximadamente 45% menos. La caída no se explica porque haya menos personas llegando a la edad de retiro. Se produce porque se cerró el mecanismo con el que accedían quienes no reunían los aportes mínimos. Las jubilaciones contributivas se mantienen en torno de las 110 mil por año.

No renovar las moratorias fue un paso necesario. Pero no es una reforma previsional. Los problemas del sistema previsional siguen intactos. Incluso los problemas que motivaron las moratorias siguen vigentes: la mayoría de las personas atraviesa períodos de informalidad, desempleo o trabajos intermitentes y no consigue completar 30 años de aportes.

Si las normas no cambian, la cobertura tenderá a caer y aumentará la cantidad de adultos mayores que dependerán de la PUAM. También volverá a crecer la presión política para abrir otra moratoria. La Argentina corre el riesgo de repetir la misma secuencia. Mantener reglas inequitativas, entre otras consecuencias, implica asumir los riesgos de que en algún momento se apele a improvisar respuestas que son presentadas como soluciones pero que contribuyen a agravar los problemas de sostenibilidad financiera.

La peor decisión es no hacer nada

El sistema enfrenta dos presiones que van a agravar el problema. La primera viene del mercado laboral: menos empleo formal significa menos aportantes hoy y jubilaciones más bajas mañana. La segunda es demográfica: nacen menos niños y las personas viven más años. Habrá proporcionalmente menos trabajadores financiando a más jubilados durante más tiempo.

Por eso, la reforma tiene que reconstruir la lógica del sistema. El primer paso es eliminar la arbitraria regla de 30 años de aportes. No tiene sentido que una persona con 29 años y 11 meses de aportes quede fuera de la jubilación. Cada mes aportado debería mejorar el haber. La regla general debería ser que el monto del haber jubilatorio sea proporcional a los aportes realizados durante toda la vida laboral y la expectativa de vida al momento del retiro.

El segundo paso es sostener un piso solidario para quienes llegan a la vejez con pocos o ningún aporte. La PUAM puede cumplir esa función, pero debería reconocer gradualmente los años contribuidos. Así se protege a quien lo necesita sin borrar las diferencias entre historias laborales distintas.

Bajo un esquema de este tipo se evitan las distorsiones que genera la actual proliferación de regímenes especiales. Cuando una actividad justifica condiciones previsionales más favorables que las generales, ese mayor costo debería financiarse con aportes adicionales del propio sector. No a costa del resto de los jubilados. 

Finalmente, las reglas deben adaptarse gradualmente al aumento de la expectativa de vida. No se trata de obligar de un día para otro a todos a trabajar más años, sino de introducir mecanismos previsibles y graduales.

Cerrar las moratorias fue correcto. Creer que con eso alcanza sería repetir el error que les dio origen. La Argentina ya probó que las emergencias convertidas en permanentes no reemplazan una política previsional racional. La alternativa no es volver a inventar aportes, sino construir un sistema que reconozca los aportes reales, proteja a quien no pudo hacerlos y esta en estado de vulnerabilidad y que puedan sostenerse en el tiempo.

(*) Coordinadora de Investigación de IDESA