Impuesto a los ultrarricos: ¿una receta viable para reducir la desigualdad en América Latina?

Un nuevo debate sobre la desigualdad vuelve a instalarse en América Latina: ¿es viable aplicar un impuesto a las grandes fortunas? La discusión gira en torno a la llamada “tasa Zucman”, un esquema que propone gravar los patrimonios más elevados con el objetivo de mejorar la equidad y reforzar la recaudación fiscal.

El planteo surge de un estudio impulsado por el economista Gabriel Zucman en el marco del Observatorio Fiscal Internacional. Según este trabajo, aplicar un impuesto del 2% anual sobre patrimonios superiores a los 100 millones de dólares en siete países de la región permitiría recaudar unos US$ 24.000 millones al año.

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La medida alcanzaría a apenas 3.000 individuos en una población total de 500 millones. El análisis abarca a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay, economías que comparten una presión fiscal limitada frente a crecientes demandas sociales.

El objetivo del impuesto no es solo recaudatorio. Según explicó Vicente Silva, autor del informe en base al estudio de Zucman, apunta a corregir distorsiones en los sistemas tributarios: actualmente, el 1% más rico paga proporcionalmente menos impuestos que la mitad más pobre de la población. En ese sentido, la propuesta busca que los sectores de mayores ingresos contribuyan en línea con su capacidad económica.

Incluso existe una versión más ambiciosa del esquema, que eleva la alícuota al 3% y permitiría incrementar la recaudación hasta los US$ 36.000 millones anuales.

A nivel global, la iniciativa también ganó impulso. Durante la presidencia de Brasil en el G20 en 2024, se promovió un mecanismo similar para gravar fortunas superiores a los US$ 1.000 millones, con un potencial de recaudación estimado entre US$ 200.000 y US$ 250.000 millones anuales. La discusión derivó en un compromiso del bloque para avanzar en herramientas que aseguren una tributación efectiva de los patrimonios ultraaltos.

Sin embargo, más allá del potencial recaudatorio, la iniciativa enfrenta cuestionamientos de fondo en términos económicos.

¿Es viable aplicar este impuesto?

Desde una mirada positiva, distintos economistas aseguran que implementar un impuesto de este tipo permitiría un mecanismo de distribución de la riqueza mucho mas equitativo y justo, además de generar un efecto potenciador en la actividad económica.

Hernán Letcher, Magíster en Economía Política y director Centro de Economía Política Argentina (CEPA), comentó para PERFIL que "América Latina tiene una característica, no es el continente más pobre, pero sí es el más desigual. Con lo cual, un tributo de estas formas permitiría un mecanismo de redistribución. Que por cierto, además, en términos de estructura impositiva, los países tienden a buscar la progresividad yendo a grabar patrimonios de los más grandes. Así que, hasta en términos conceptuales es razonable que se recorra ese camino".

Respecto al caso argentino, Letcher pone de ejemplo el aporte extraordinario de las grandes fortunas y como este, al contrario de lo que pensaban muchos, generó un efecto positivo sobre la inversión: "Cuando vos ves el argumento principal que escribían aquellos que se oponían al  aporte extraordinario de las grandes fortunas era que ese aporte iba a condicionar la inversión y hoy con el hecho consumado lo que ves es que sucedió exactamente lo contrario". 

En relación con las políticas de ajuste implementadas por el gobierno de Milei, el director del CEPA destaca que si se hubiera implementado una medida de estas características, el ajuste no hubiera recaído en la clase media y en los más necesitados: "Milei aplicó la motosierra diciendo que la casta iba a pagar el ajuste y que era el único mecanismo o camino para hacerlo y en la práctica sí podían haber hecho otro camino como este que estamos mencionando porque efectivamente tenías que hacer correcciones de tipo fiscal pero la forma era todo, sobre quién recae era central. Hoy lo hiciste recaer en los sectores trabajadores y jubilados y te pegan la caída del consumo y te pegan el IVA. Si en cambio lo hubieses hecho sobre esos segmentos no tendrías ese impacto negativo", cerró.

Por otra parte y con una mirada a favor de esta medida, el economista Sergio Chouza destacó en diálogo con PERFIL: "Todos los países hoy buscan alternativas para financiar sus estados de bienestar o la prestación de servicios públicos en un contexto donde los mega millonarios y las empresas con alta capacidad de generación de recursos tienen muchas facilidades para construir recursos financieros, ingenierías tributarias, fiscales y evadir impuestos".

"Dicho esto, bienvenido sea que surjan iniciativas para gravar el patrimonio de los mega millonarios. No solamente eso genera la capacidad de los estados de financiarse, sino que además reduce una ineficiencia económica, porque el hecho de que existan mega millonarios, una concentración de la riqueza tan aguda, genera ineficiencia económica, porque reduce la tasa potencial de inversión de la economía. Si el ingreso está concentrado en pocas manos, cuanto más concentrado está, menos eso realimenta el ciclo virtuoso del capitalismo, que es el consumo y la inversión", subraya el economista.

"Si eso se distribuye entre un número amplio de gente, eso lógicamente incrementa los niveles de consumo agregado en las sociedades y, por ende, incentiva la inversión y hace girar la rueda virtuosa de la economía", aclara Chouza.

Desde una mirada crítica, otros especialistas advierten que implementar un impuesto de este tipo presenta problemas tanto conceptuales como prácticos. Uno de los principales tiene que ver con los incentivos: si en lugar de hablar de “impuesto” se lo entiende como un “desincentivo a la generación de riqueza”, el eje del debate cambia.

“Si partimos de la base de que las personas con grandes patrimonios suelen ser, en general, especialmente eficaces para generarlos, aplicarles una carga adicional implica reducir ese incentivo”, sostiene Martín Sarano, economista de la Fundación Internacional Bases. En términos ilustrativos, lo compara con exigirle a un deportista de elite competir en condiciones desventajosas: el resultado esperable sería una menor performance. En la economía, esto podría traducirse en una menor tasa de capitalización, menos inversión y menor crecimiento.

A nivel más específico, también se cuestiona la lógica del impuesto. La propuesta grava un stock —el patrimonio acumulado— para generar un flujo de ingresos fiscales. En un escenario extremo, si esa riqueza no creciera en términos reales, en 20 años el Estado podría apropiarse de alrededor del 32% del capital original.

Además, gran parte de las grandes fortunas está compuesta por activos no líquidos, como empresas o participaciones accionarias. Esto podría obligar a vender activos de forma recurrente para afrontar el impuesto, generando distorsiones en los mercados.

Respecto al caso argentino, sostiene que "ya existe un impuesto sobre el stock de riquezas en Bienes Personales y tratar de implementar un impuesto así llevaría nuevamente a niveles exorbitantes de informalidad, opacidad en la propiedad de los bienes e, inevitablemente, aumento de la corrupción".

Así, el debate sobre gravar a los ultrarricos en América Latina queda planteado en términos claros: por un lado, una herramienta con potencial para mejorar la equidad y fortalecer las cuentas públicas; por otro, el riesgo de afectar incentivos económicos en un contexto ya complejo.

FN