Venezuela después de Maduro

El capítulo que se cerró, el país que queda

La idea de que la caída de un autócrata conduce automáticamente a la democracia es una ilusión peligrosa.

Sahasranshu Dash/Latinoamérica21

Tras años de colapso económico, represión sistemática y elecciones abiertamente manipuladas, la salida de Nicolás Maduro del poder se percibe, a primera vista, como una ruptura definitiva con un pasado fallido. Durante más de una década, Venezuela sufrió una de las contracciones económicas más severas registradas en tiempos de paz: entre 2013 y 2021, la economía se redujo a cerca de una cuarta parte de su tamaño original, y aunque hubo una leve recuperación posterior impulsada por el repunte petrolero, esta nunca se tradujo en bienestar generalizado.

Para millones de venezolanos, exhaustos por la pobreza, la emigración forzada y la ausencia de horizontes, el fin del madurismo parece cerrar un ciclo histórico iniciado con Hugo Chávez en 1999. Sin embargo, la forma en que se produjo este desenlace –una invasión breve, pero extremadamente violenta– obliga a una reflexión más sobria. La historia demuestra que, aunque los regímenes autoritarios pueden caer rápidamente por la fuerza, la construcción de un orden democrático estable es siempre un proceso largo, frágil y profundamente incierto.

No existe duda razonable de que Maduro había perdido el consentimiento popular. La elección presidencial de 2024, ganada de manera contundente por la oposición y respaldada por una recolección rigurosa y digitalizada de más del 80% de las actas, lo dejó sin legitimidad democrática alguna. La negativa del régimen a reconocer ese resultado confirmó que el poder ya no se sostenía en el voto, sino exclusivamente en la coerción. 

A esto se sumó un deterioro económico extremo: el salario mínimo oficial cayó a alrededor de 130 bolívares mensuales –menos de un dólar–, incluso los empleados públicos con bonos difícilmente superaban los 100 dólares al mes, y alimentar a una familia costaba varias veces esa cifra. La inflación, que había descendido transitoriamente, volvió a acelerarse, con proyecciones que apuntaban a niveles cercanos al 700% anual. Cerca de ocho millones de venezolanos abandonaron el país en poco más de una década, convirtiendo el éxodo venezolano en uno de los mayores desplazamientos humanos del mundo contemporáneo fuera de una guerra convencional.

En ese contexto, no sorprende que una parte significativa de la población estuviera dispuesta a respaldar casi cualquier vía que prometiera un cambio rápido, incluida la intervención militar extranjera. La desesperación social reduce el margen para el cálculo político de largo plazo. Sin embargo, la idea de que la caída violenta de un autócrata conduce automáticamente a la democracia es una ilusión peligrosa. Venezuela no es una hoja en blanco.

Durante los años finales del chavismo, el poder se fragmentó entre múltiples actores armados y burocráticos. Altos mandos militares controlaban sectores claves de la economía; los servicios de inteligencia operaban con amplia impunidad; redes de corrupción ligadas al narcotráfico y la minería ilegal se consolidaron; y los colectivos armados se afianzaron en zonas urbanas como fuerzas parapoliciales. A ello se sumó la presencia de grupos armados extranjeros, en particular la guerrilla colombiana del ELN, que llegó a contar con miles de combatientes operando en territorio venezolano bajo una relación de cooperación con el Estado.

El crimen organizado también adquirió una dimensión transnacional. El Tren de Aragua, surgido en Venezuela y tolerado durante años mediante pactos informales, se expandió por América Latina y se convirtió en una de las redes criminales más poderosas de la diáspora venezolana. Funcionarios del régimen se beneficiaron de estas relaciones, que ayudaron a reducir temporalmente los homicidios, pero a costa de fortalecer estructuras armadas autónomas. Ninguno de estos actores desapareció con la salida de Maduro. Por el contrario, una transición súbita y violenta amenaza con romper los equilibrios informales que, aunque perversos, habían contenido una violencia aún mayor, incentivando disputas por territorio, rentas ilegales y poder político.

El riesgo más inmediato se encuentra dentro de las propias fuerzas armadas y de seguridad. Aunque algunos oficiales pueden alinearse con las nuevas autoridades, otros siguen profundamente comprometidos por corrupción, narcotráfico o violaciones de derechos humanos documentadas por instancias internacionales. Un estamento militar dividido –o uno que perciba las reformas democráticas como una amenaza existencial– puede convertirse en un factor permanente de inestabilidad. Sustituir a un caudillo por otro, o por una junta militar que gobierne tras un rostro civil, sigue siendo una posibilidad real.

A estos riesgos internos se suma una dimensión externa inquietante. La operación que puso fin al gobierno de Maduro fue impulsada por una administración estadounidense que, pese a proclamarse “antiguerras”, ha demostrado una clara disposición al uso unilateral y expansivo de la fuerza. La invasión no solo plantea serias dudas éticas y políticas, sino también problemas evidentes de legalidad internacional y constitucional. El secuestro de un jefe de Estado extranjero y el uso de la fuerza sin autorización multilateral sientan un precedente peligroso para la región y para el orden internacional.

Las justificaciones ofrecidas –desde el narcotráfico hasta la restauración de la democracia– resultan débiles y selectivas. Venezuela no ha sido un actor central en el flujo de cocaína hacia Estados Unidos, y el énfasis posterior en el acceso a sus vastas reservas petroleras, junto con la reactivación explícita de una versión endurecida de la Doctrina Monroe, revela motivaciones geopolíticas más amplias: reafirmar la primacía estadounidense en el hemisferio y contener la influencia china en América Latina. Las amenazas posteriores contra otros países de la región refuerzan esta lectura.

Lejos de tratarse de una operación quirúrgica con un final claro, ya se observan señales tempranas de deriva hacia la ocupación y el nation-building. En un país social y políticamente fragmentado como Venezuela, incluso ejercicios de planificación militar estadounidenses habían advertido que un colapso abrupto del régimen podía derivar en un período prolongado de violencia y caos, con efectos directos sobre la migración regional.

La oposición venezolana, ahora llamada a liderar la transición, debe aprender tanto de su historia interna como de este nuevo contexto. Sus avances más duraderos en las últimas dos décadas no se lograron mediante atajos violentos ni delegando la estrategia en potencias extranjeras, sino a través de elecciones, unidad y negociación. El referéndum de 2007, las legislativas de 2015 y la victoria presidencial de 2024 demostraron que el autoritarismo podía ser derrotado políticamente cuando la oposición actuaba de forma cohesionada.

La elección de 2024, pese a haber sido desconocida por el régimen, fue uno de los mayores triunfos estratégicos del campo democrático. Ese capital moral y político constituye hoy uno de los activos más valiosos del período pos-Maduro. Dilapidarlo mediante exclusiones, venganzas o purgas indiscriminadas sería repetir errores ya conocidos.

Venezuela se encuentra en una encrucijada histórica. El fin del madurismo cierra un capítulo oscuro, pero no abre automáticamente uno democrático. La estabilidad, la justicia y la prosperidad exigirán paciencia, negociación y una transición gradual. La democracia no se impone por la fuerza: se construye lentamente, con instituciones, acuerdos y el arduo trabajo de restaurar la confianza en el Estado. El verdadero desafío de Venezuela comienza ahora.

Como se dice en latín: Optimus dies post malum imperatorem est primus (el mejor día después de un mal rey es el primero).

Las tres preguntas que deciden la transición venezolana

¿Quién controla las armas? ¿Quién controla el dinero? ¿Quién puede aceptar perder una elección sin romper la democracia?

Juliana Montani/Latinoamérica21

La teoría política distingue dos grandes tipos de transiciones a la democracia desde regímenes autoritarios, que en la realidad raramente se dan en estado puro. Por un lado, están las transiciones negociadas, basadas en acuerdos entre sectores del régimen autoritario y sectores de la oposición, generalmente entre los sectores moderados de ambos lados. Estos procesos suelen derivar en continuidades institucionales, garantías para las élites salientes y amnistías, y los cambios son graduales y controlados. Los casos de Chile y España son ejemplos clásicos. Philippe Schmitter y Guillermo O’Donnell destacaron que este tipo de negociación ocurre, sobre todo, porque ninguna parte tiene fuerza suficiente para imponerse rotundamente. El otro gran grupo de transiciones a la democracia es la que se produce por el colapso del régimen autoritario, ya sea por crisis económica, por derrota militar o por movilización civil. Argentina tras la guerra de Malvinas, Grecia y Portugal (1974) ilustran este camino.

 La pregunta subsiguiente apareció décadas más tarde: ¿qué tipo de democracia queda tras una transición, y con qué capacidades reales? Ahí aparecen varias teorías. Juan Linz y Alfred Stepan hacen foco en que salir del autoritarismo no es suficiente, sino que la democracia tiene que ser aceptada por todos los actores como el único juego posible. O’Donnell, por su parte, observó que muchas transiciones producen democracias electorales, pero no republicanas, e introduce el concepto de “ciudadanía de baja intensidad”. Adam Przeworski, con una visión institucional, sostuvo que la democracia funciona cuando los perdedores aceptan el resultado con la expectativa de poder ganar en futuras elecciones.

 Venezuela es por ahora un laboratorio para la teoría de transiciones. Con información incompleta y hasta que las fuerzas con poder de elección y veto se organicen, se trata de un evento extraordinario y todavía políticamente indeterminado. Dicho eso, una intuición parece clara: la aprehensión de Maduro no resuelve la transición; apenas da inicio al período más riesgoso, donde se define si el proceso derivará en una ruptura, una transición pactada o una experiencia híbrida.

Tres trayectorias posibles. El primer escenario es el de la ruptura. Esto ocurrirá si la aprehensión de Maduro redunda en un colapso del mando, sumado a la pérdida de la capacidad de coordinación del régimen. Podrían abrirse grietas dentro mismo de las fuerzas armadas, los servicios de inteligencia, la policía, las milicias y los gobiernos locales. La fragmentación del aparato coercitivo abriría una ventana de oportunidad para reformas rápidas como la liberación de presos políticos, la apertura electoral o el desarme de estructuras paralelas. El principal riesgo es caer en la anomia y la violencia, que haya represalias, detenciones, censura de comunicaciones, y que los mandos locales luchen por retener o aumentar su poder, o que al orden lo reconstruya un actor armado renovado en personaje salvador.

Un segundo escenario seguiría la lógica de transiciones pactadas. El regreso a la institucionalidad y la convocatoria a elecciones se producirían a cambio de garantías como exilio, amnistías parciales y preservación de cuotas de poder económico o militar. El acuerdo involucraría a sectores moderados del chavismo, más la oposición, más garantes externos. Se trata de un pacto bajo cierta coerción, los actores claves tienen la capacidad no solo de pactar sino de hacer cumplir lo acordado, incluso aunque muchos de ellos no sean democráticos en sí mismos. Los riesgos son los típicos de las democracias a través de transiciones pactadas: justicia débil, un Estado que puede ser colonizado por intereses, corrupción que se recicla en un nuevo régimen y concesiones institucionales destinadas a garantizar la estabilidad y la pacificación.

El tercer escenario es el de una transición tutelada. La oposición puede ganar poder y lograr un cambio de élite gobernante, pero aquí el cambio de régimen no surge principalmente de dinámicas internas, sino de la intervención o supervisión de actores externos. Bosnia Herzegovina (1995) o Irak (2003) son ejemplos extremos. El riesgo central es un gran déficit de legitimidad, al tratarse de una democracia que parezca instalada desde fuera con baja capacidad de lograr obediencia interna. A ello se le suma la latencia de un chavismo sin Maduro que sobreviva como identidad política, anclado en una red territorial, económica, de corrupción y narcotráfico, reforzada por un relato de agresión extranjera.

Impunidad o incertidumbre. Si predomina un pacto, la transición hacia una democracia electoral puede ser más veloz, pero jugadores heredados del régimen anterior –militares, jueces, servicios de inteligencia o futuros legisladores– mantienen poder y privilegios. Esto suele traducirse en negociaciones de impunidad, reformas institucionales lentas y áreas del Estado que permanecen de las administraciones anteriores.

Si predomina una ruptura, la democracia puede nacer con mayor ambición reformista, pero también un consecuente mayor nivel de incertidumbre económica y menor confianza inicial en los nuevos actores, instituciones y élites.

El tipo de régimen que se construya en Venezuela dependerá del peso relativo de los actores, sean democráticos o no, con capacidad de construir o vetar acuerdos. En última instancia, el éxito se reduce a tres preguntas: quiénes controlan las armas, quiénes controlan el dinero y quiénes pueden creíblemente asegurar que, de perder elecciones –y con ello privilegios e impunidad– seguirán apostando por la democracia. En Venezuela, la democracia podrá empezar con ganar una elección, pero solo prosperará cuando alguien acepte perderla.