A dos años del gobierno de Milei, importa tanto revisar las medidas tomadas como preguntarnos por el clima emocional que se fue moldeando. Hay gobiernos que modifican normas y otros que buscan intervenir en la sensibilidad moral de una época. La “batalla cultural” opera ahí: el proyecto libertario no se limita a achicar el Estado; apunta a recalibrar percepciones, naturalizar el deterioro material y presentar la desigualdad como libertad.
Distintas corrientes críticas han mostrado que el neoliberalismo actúa sobre los afectos antes que sobre los números: organiza expectativas, coloniza afectos y vocabularios. El mileísmo condensa esa lógica con un tono más hostil, combinando desregulación con una pedagogía del odio que necesita enemigos internos de modo constante. ¿Cómo se sostiene un ajuste tan brutal sin producir subjetividades entrenadas para mirar al otro como una carga?
La disputa por la memoria muestra un desplazamiento decisivo. No solo relativiza y desmiente los crímenes de la dictadura, también busca resignificar la dimensión colonial de la historia al renombrar el 12 de octubre como “día de la raza”, celebrar el “proyecto civilizatorio” y reivindicar a Colón. En esa superposición de negaciones –dictadura y conquista– se desarma un pacto democrático que reconocía esos dolores como parte de un “nosotros”.
La ofensiva contra el género y la sexualidad avanza en la misma dirección. El cierre del Ministerio de Mujeres, el desfinanciamiento de políticas contra las violencias y el hostigamiento a la ESI buscan recentrar la regulación de los cuerpos en la familia, las iglesias y el mercado. Sectores evangélicos encontraron en el Gobierno un aliado para cuestionar derechos como la interrupción voluntaria del embarazo o las identidades trans. No es solo retroceso institucional, es un intento de reinstalar jerarquías como orden natural.
En salud pública, el guiño a discursos antivacunas acompañó una caída abrupta en la vacunación infantil. La evidencia científica –y los controles que históricamente garantizó la Anmat– empezaron a relativizarse bajo la retórica de la “libertad”, mientras la pandemia se utilizaba para instalar desconfianza hacia cualquier política sanitaria. Ese corrimiento erosiona el consenso social y deja expuesto un riesgo palpable: el aumento de intoxicaciones y muertes por fentanilo adulterado, una muestra brutal de lo que ocurre cuando el Estado se retira de su función de control.
El giro diplomático completa este nuevo marco moral. Argentina votó en Naciones Unidas en contra de resoluciones para combatir la violencia de género, condenar la tortura, proteger a pueblos indígenas o fortalecer compromisos climáticos. Cuando un gobierno decide votar contra acuerdos que buscan evitar el sufrimiento humano, ¿qué está comunicando sobre su propia concepción de humanidad?
La erosión del Estado social profundiza esa pedagogía del abandono. La desarticulación de programas alimentarios, el vaciamiento de comedores, el hostigamiento a organizaciones territoriales y la criminalización de la pobreza reordenan la supervivencia bajo criterios de mercado. Cuando la solidaridad se estigmatiza, el ajuste se vive a solas, deja de ser una cuestión política para ser un acto individual.
Ciencia, educación y cultura también fueron debilitadas. El desfinanciamiento de universidades, organismos de investigación y espacios culturales reduce la capacidad colectiva de narrar la época. Una sociedad con menos palabras para interpretar su herida es más disciplinable.
En esta combinación de negacionismos, ajustes y gestos simbólicos se juega la batalla que el Gobierno prometió librar. No discute solo relatos: interviene en el modo en que una sociedad percibe el daño y define qué vidas importan. ¿Cómo reconstruir un “nosotros” después de una ofensiva que busca desarmarlo? ¿Qué vínculos pueden resistir cuando el Estado desalienta su existencia? Es evidente que la disputa no es solo cultural sino cognitiva: actúa sobre la manera misma en que vemos –o dejamos de ver– al otro.
