Aunque el Parlamento haya votado postergar, la Unión Europea está lista para aplicar provisionalmente el acuerdo con Mercosur

La Comisión Europea afirmó que está lista para implementar de manera provisional el acuerdo comercial con Mercosur, aunque el Parlamento Europeo haya votado enviar el pacto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para revisar su legalidad, un proceso que podría extenderse entre 12 y 24 meses. Apenas firmado el 16 de enero en Asunción, representa uno de los mayores pactos comerciales entre Europa y Sudamérica, con un mercado combinado de 700 millones de personas y un intercambio que incluye autos, vinos, maquinaria, carnes y productos agroindustriales.

Algunos líderes como Ursula von der Leyen y António Costa subrayan que Bruselas avanzará apenas al menos un país del bloque sudamericano, como Paraguay o Argentina, ratifique formalmente el acuerdo. “Hay un claro interés en garantizar que los beneficios de este acuerdo se apliquen lo antes posible”, expresó von der Leyen en conferencia de prensa. “En resumen, estaremos listos cuando ellos estén listos”. No obstante, no se tomó ninguna decisión formal.

Detalló Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, que la Comisión posee la autoridad legal para aplicar provisionalmente partes del pacto mientras se resuelven los aspectos políticos y legales. Sin embargo, el Parlamento Europeo aprobó recientemente remitir el acuerdo al TJUE, alegando dudas sobre la compatibilidad con los tratados comunitarios, especialmente en lo que refiere a los mecanismos de reequilibrio comercial y las competencias de la UE.

Por ello, la acción retrasa la ratificación parlamentaria, que no podrá avanzar hasta que el Tribunal emita su dictamen.

La revisión del TJUE seguirá un procedimiento según el artículo 218(11) del Tratado de Funcionamiento de la UE, notificando a la Comisión y a las partes interesadas, y estableciendo plazos para alegatos escritos que podrían extenderse varios meses. A lo largo de este proceso, la Comisión puede aplicar provisionalmente los aspectos comerciales si al menos un país del Mercosur ratificó, aunque el pilar político del acuerdo requerirá aprobación plena luego del fallo.

Allí, el debate genera posiciones encontradas entre los estados miembros: Francia celebra la demora, considerando prudente la revisión legal, mientras Alemania y España presionan para acelerar la aplicación y asegurar que los beneficios económicos y comerciales se concreten lo antes posible. Dentro de los analistas, el acuerdo es visto como una oportunidad para consolidar la posición europea en Sudamérica, fomentar la inversión industrial y aumentar el flujo comercial en sectores estratégicos como la agroindustria, la automoción y la maquinaria pesada.

Qué argumentos legales presentará el Tribunal de Justicia de la UE 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) aún no emitió argumentos legales definitivos sobre el mecanismo de reequilibrio del acuerdo, ya que el proceso se encuentra en sus primeras etapas tras la remisión del Parlamento Europeo. 

Sin embargo, los cuestionamientos preliminares se centran en la jerarquía normativa y el respeto a los tratados fundamentales de la Unión Europea. Uno de los puntos clave podría ser la legalidad de la división del acuerdo, conocida como splitting. Este aspecto técnico definirá si la Comisión Europea puede firmar de manera exclusiva la parte comercial del pacto, sin requerir la ratificación de los parlamentos nacionales de los Estados miembros. 

Así, otro eje sería el principio de autonomía del Derecho de la Unión: el TJUE mantiene una interpretación estricta para evitar que tribunales externos o mecanismos de arbitraje internacionales dicten cómo debe aplicarse la normativa europea. En este caso, se analizará si las cláusulas de “reequilibrio” comercial podrían limitar indirectamente la capacidad de la UE de legislar en áreas como la protección ambiental, la regulación laboral o la sostenibilidad de recursos naturales. 

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Por último, el Tribunal podría examinar la coherencia del acuerdo con los objetivos de desarrollo sostenible y los compromisos internacionales de la UE. Por primera vez en un caso de esta magnitud, se estudiará si un tratado comercial podría considerarse ilegal si entra en conflicto con compromisos vinculantes como el Acuerdo de París sobre cambio climático o la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. 

MV/ff