El acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur volvió a quedar bajo la lupa tras una decisión institucional que reconfigura los tiempos de implementación. Según explicó la especialista en comercio internacional, Yanina Lojo, en Canal E, no se trata de una presentación directa de países miembros, sino de una resolución política del propio Parlamento Europeo. “No son los países, sino una decisión del Parlamento Europeo”, aclaró.
En un primer momento, 18 parlamentarios habían impulsado una presentación ante el Tribunal Supremo de Justicia de la Unión Europea. Sin embargo, tras una votación interna, el Parlamento decidió avanzar formalmente. “Se decidió remitir el pliego del acuerdo al Tribunal Supremo de Justicia para que dictamine si está alineado con las normas de la Unión Europea”, señaló la especialista.
Las objeciones sanitarias y el peso del lobby agropecuario
El eje central del reclamo está vinculado a los estándares regulatorios europeos. “El reclamo viene principalmente por si el acuerdo respeta las normas sanitarias y ambientales de la Unión Europea”, explicó Lojo. También se cuestiona la viabilidad de que la parte comercial del acuerdo entre en vigencia antes de que los parlamentos nacionales discutan otros capítulos sensibles, como propiedad intelectual.
Según detalló, el esquema original permitía que “con la sola aprobación del Parlamento Europeo, la parte comercial entrara en vigencia”, dejando el resto del acuerdo para debates posteriores en cada país. Esa modalidad es uno de los puntos hoy puestos en duda.
La oposición más fuerte surge del sector agropecuario. “La principal oposición viene del lado agropecuario, principalmente el francés, pero también el español”, afirmó Lojo, en referencia al temor de los productores europeos frente a una mayor competencia del Mercosur.
Qué puede pasar ahora y cómo avanza el Mercosur
Con el expediente ya en manos de la Justicia europea, el proceso entra en una etapa de incertidumbre. “Una vez que entra en el circuito de la Justicia Europea, el Tribunal Supremo puede demorar hasta dos años en expedirse”, advirtió la especialista. Esto implica que la ratificación del acuerdo en Europa queda supeditada a esos plazos judiciales.
Desde Bruselas, la Comisión Europea expresó su disconformidad. “La Comisión considera que no había argumentos y que es un retraso innecesario”, explicó Lojo. Aun así, la decisión ya fue tomada y no puede revertirse.
Del lado del Mercosur, el escenario es distinto. “Brasil confirmó que va a avanzar con el proceso de ratificación independientemente de lo que pase en Europa”, indicó. En ese caso, el acuerdo quedaría con fuerza de ley y listo para aplicarse cuando la Unión Europea lo ratifique.
Argentina también avanzó en ese sentido. “La intención era ser el primer país en ratificarlo, por eso se giró al Parlamento en sesiones extraordinarias”, explicó Lojo, aunque aclaró que los tiempos legislativos podrían postergar el debate. En ese contexto, concluyó: “Yo entiendo que los países del Mercosur van a avanzar con el proceso de ratificación”.
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