El Gobierno de Trump buscará reinstalar el pelotón de fusilamiento para acelerar las ejecuciones federales

El Gobierno de Estados Unidos anunció un giro drástico en su política penal y confirmó que planea restablecer el pelotón de fusilamiento para ejecutar a los presos federales. El Departamento de Justicia (DOJ) enmarcó esta contundente decisión dentro de un paquete de medidas urgentes, ordenadas por el presidente Donald Trump, con el objetivo de endurecer la pena capital en todo el país.

Las nuevas directivas buscan despejar el camino burocrático para concretar las penas de muerte una vez que los reclusos agoten todas sus instancias de apelación. El plan incluye readoptar el protocolo de inyección letal de la primera administración Trump, sumar métodos alternativos como el fusilamiento y agilizar drásticamente los procesos internos para acelerar la resolución de estos expedientes.

El fiscal general interino, Todd Blanche, apuntó con dureza contra la gestión anterior para justificar la medida. Aseguró que Joe Biden incumplió su deber cívico de proteger a los ciudadanos al negarse a aplicar la pena máxima contra los criminales más peligrosos, una lista en la que incluyó explícitamente a terroristas, asesinos de niños y homicidas de agentes de las fuerzas de seguridad.

Antes de abandonar la Casa Blanca en enero de 2025, el dirigente demócrata modificó las sentencias de 37 de los 40 reclusos que integraban el corredor de la muerte a nivel federal. Biden solo dejó en pie las condenas de tres criminales tristemente célebres: uno de los autores del atentado en la maratón de Boston, el tirador de una sinagoga en 2018 y un supremacista blanco que masacró a nueve feligreses negros en 2015.

Frente a ese escenario, las actuales autoridades judiciales explicaron que las nuevas medidas resultan fundamentales para disuadir crímenes atroces y brindar un cierre definitivo a las familias de las víctimas. En sintonía con esta política agresiva, el Gobierno ya instruyó a la Oficina de Prisiones para que evalúe ampliar los corredores de la muerte federales o construir nuevas instalaciones específicas para llevar adelante los fusilamientos.

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El mapa de la pena capital

A nivel estatal, la aplicación de la pena de muerte expone a un país profundamente dividido desde lo legislativo. Según los datos oficiales de la ONG Death Penalty Information Center, la práctica es plenamente legal en 27 estados, aunque cuatro de ellos mantienen normas vigentes que bloquean los procesos. En las otras 23 jurisdicciones y en el Distrito de Columbia, el castigo está totalmente abolido.

Durante el año 2025, el sistema de justicia norteamericano llevó a cabo 47 ejecuciones a lo largo y ancho de todo el territorio. Dentro de esa estadística general, el estado de Florida marcó un récord absoluto y lideró la lista de casos al concretar 19 de esos procedimientos letales de manera individual.

Para este año, la agenda judicial no muestra señales de freno en los tribunales locales. Ya están programadas al menos 32 ejecuciones, que se encuentran repartidas en ocho estados diferentes. Hasta el momento, las autoridades penitenciarias completaron ocho de esos procesos letales, una dinámica que la nueva directiva federal impuesta por la Casa Blanca amenaza con potenciar rápidamente.

TC