Lula batalla contra Flavio Bolsonaro por las dos mayores facciones criminales de Brasil

“No aceptamos que nos traten como niños. No aceptamos que nos traten como si fuésemos un país de pacotilla”, dijo el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pocas horas antes, el Departamento de Estado de EE.UU. había formalizado la designación del Primeiro Comando da Capital y el Comando Vermelho como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y también los incluyó en la lista de Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT) con entrada en vigor el 5 de junio.

“No jueguen con la soberanía de este país, no jueguen con nuestra democracia”, advirtió Lula al referir que la iniciativa podría propiciar la posibilidad de operaciones encubiertas por parte de Washington dentro de territorio brasileño.

La designación se produjo apenas 48 horas después de que Donald Trump recibiera en privado al senador y actual candidato Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. En un video publicado en redes sociales, Bolsonaro afirmó que ese viaje había hecho “más por Brasil y por la seguridad de los brasileños” que Lula en sus tres mandatos presidenciales, atribuyéndose la iniciativa.

A principios de mayo, Luiz Inácio Lula da Silva había mantenido una reunión oficial con su par estadounidense en la Casa Blanca, donde obtuvo el compromiso de que Washington no incluiría a las organizaciones criminales brasileñas dentro de la categoría de organizaciones terroristas. Promesa que Trump rompió en cuestión de días.

Lula criticó a Flávio Bolsonaro por “no tener vergüenza para traicionar la patria yendo a EE.UU. para pedir una intervención estadounidense en Brasil”.

El vicepresidente Geraldo Alckmin dijo el viernes que la medida tomada por Washington “puede tener consecuencias en el sistema financiero y la economía” y “no va a resolver nada en el combate al crimen”. La designación en la lista SDGT congela activos bajo jurisdicción estadounidense y abre la puerta a sanciones secundarias contra instituciones financieras que, aun involuntariamente, operen con miembros de estas organizaciones.

“Brasil está dispuesto a trabajar para combatir el crimen organizado y vamos a empezar por su estado de Delaware, donde se blanquea dinero de brasileños”, advirtió Lula  durante un acto en el estado de Sergipe.

Lo que está en juego no es solo una categoría jurídica. Nombrar a un actor como “terrorista” redefine el problema y altera el repertorio de respuestas consideradas legítimas. Para el gobierno de Lula, aceptar esa redefinición impuesta desde Washington equivale a ceder soberanía sobre la naturaleza de la amenaza que enfrenta su propio Estado.

La especialista en Crimen organizado transnacional, Carolina Sampó, le dijo a PERFIL que “la designación de organizaciones criminales como terroristas por parte de EE.UU. es una decisión de política pública y eso facilita el uso de ciertos instrumentos de combate a esas organizaciones desde la perspectiva del terrorismo”, sin embargo destaca que “no debiera ser posible violar la soberanía de los países de la región”.

La iniciativa de Washington sigue un patrón inaugurado con la llegada de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025: los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, el Tren de Aragua, el Cartel de los Soles y ahora el PCC y el CV integran una lista que, según la doctrina estadounidense, podría habilitar operaciones policiales, de inteligencia e incluso contrainsurgencia en cualquier parte del mundo donde operen estas organizaciones.

“Son terroristas porque atormentan a las familias, las comunidades y la ciudad”, dijo Lula, pero “no son los terroristas que (el presidente estadounidense Donald) Trump está buscando. Trump quiere un Osama Bin Laden”.

El desacuerdo entre Brasil y EE.UU. no es sobre si el PCC y el CV son organizaciones peligrosas. Lo son, y el Estado brasileño lleva años combatiéndolas. La disputa es más profunda: es sobre qué son, y quién tiene autoridad para decirlo.

Sampó refuerza esta idea: “Definitivamente no son terroristas porque no tienen un objetivo político, sino que tienen un objetivo económico” y advierte que “el hecho de que EE.UU. designe a estas organizaciones criminales como terroristas de forma unilateral corre el foco, de qué es lo que genera el negocio de los bienes ilícitos globales”.

El CV, es la organización criminal más antigua de Brasil. Surgió en una cárcel del estado de Río de Janeiro en los 70 como un grupo de autoprotección de presos. Actualmente mantiene su principal base de poder en las favelas de Río, tiene influencia en prisiones de todo Brasil y opera también en Bolivia y Paraguay. Mientras que el PCC es considerada la mayor organización criminal de Brasil. Se inició en 1993 en una prisión de São Paulo. Hoy tiene presencia en todo el país y extendió sus operaciones en América Latina, Europa y Asia, controlando una porción significativa de las exportaciones de cocaína hacia Europa.

Respecto del margen de maniobra que puede tener el gobierno brasilero Sampó advierte: “Es difícil saber qué debería hacer un gobierno latinoamericano frente a este tipo de designación, porque la verdad es que no los afecta directamente” y agrega “que EE.UU. designe al PCC y al CV como organizaciones terroristas es más una estrategia que tiene que ver con cómo manejar este problema dentro de su frontera. No creo que sea una batalla que los gobiernos deban dar”.