Venezuela: comienza la liberación de presos políticos por la amnistía

En medio de la desconfianza general, y en especial de los familiares de los detenidos, el gobierno provisorio de Venezuela anunció que más de 1.500 presos políticos solicitaron su libertad a través de la ley de amnistía general recién aprobada, y que serán excarcelados rápidamente. Durante el día, la Justicia autorizó la salida de casi 400 personas, pero el proceso resulta muy caótico y confuso.

Si bien las cifras que da el oficialismo son altas, los organismos de derechos humanos las cuestionan y señalan que las liberaciones se están dando a cuentagotas.

“En total, 1.557 que se están atendiendo de inmediato y en este momento ya se están dando cientos de liberaciones de personas privadas de libertad que se acogen a la ley de amnistía”, dijo el diputado chavista Jorge Rodríguez en rueda de prensa.

Como la amnistía no es automática, según la ley, los familiares y representantes legales de los afectados deben acudir al tribunal que lleva su causa y pedir la aplicación del beneficio, que abarca hechos puntuales en 27 años de chavismo.

Los expertos dudan del alcance real de esta ley, una iniciativa de la presidenta interina Delcy Rodríguez que logró aprobar la noche del jueves en el Parlamento y con gran  consenso. Lo cierto es que cientos de detenidos, como militares acusados de actividades “terroristas”, pueden quedar fuera de la norma.

Nadie duda de que este giro del chavismo es producto de la presión de Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro, aunque Delcy Rodríguez busca capitalizarlo políticamente.

La presidenta interina de Venezuela dijo que su gobierno construye una nación “más democrática”, “justa” y “libre”, un día después de promulgar la ley. “Hoy nosotros estamos construyendo una Venezuela más democrática, más justa, más libre y debe ser con el esfuerzo de todos”, afirmó en un discurso transmitido por la televisora estatal.

Frustración y bronca. La nueva norma decepcionó a familiares de presos políticos porque su aplicación resulta discrecional. Son los tribunales quienes deciden quién es liberado, ya que hacen su propia interpretación de las causas. Además, las extensivas limitaciones retrasan las libertades de cientos tras las rejas o el exilio.

Organismos de derechos humanos venezolanos, como Foro Penal, Cofavic y Provea, señalan que la amnistía es “excluyente” e “insuficiente” porque no contempla delitos de odio o rebelión militar, dos de los argumentos utilizados para encarcelar a muchos disidentes.

Por otro lado, la norma deja afuera hechos ocurridos entre 2010 y 2025, que involucran presuntas conspiraciones o alzamientos militares.

El colectivo de derechos humanos “Surgentes”, por ejemplo, cifra en 50 los campesinos arrestados por demandas agrarias. También sostiene que otras 200 personas fueron procesadas judicialmente desde 2015 por reclamar derechos laborales, manifestar sus críticas al gobierno o haber denunciado hechos de corrupción.

“El balance de la ley es negativo” porque deja a muchos afuera de sus términos, apunta   Ali Daniels, director de la oenegé Acceso a la Justicia, y agrega que hay “graves deficiencias estructurales” en la norma. 

“Hechos, no palabras”.  Narwin Gil, familiar de un preso en los calabozos de la Policía Nacional en Caracas conocidos como Zona 7, no escondió su impaciencia. “Necesitamos hechos, no palabras”, pidió cansada ante cronistas de la agencia AFP. 

Estaba recostada en una cama improvisado frente al penal. Una decena de mujeres iniciaron una huelga de hambre allí el 14 de febrero, que finalizó al aprobarse la amnistía, con la ilusión de las excarcelaciones. 

Gil fue la última en poner fin a la protesta. “Estamos esperando por esos hechos, y que sea a la brevedad posible, porque necesitamos irnos para nuestras a casas”, dijo.

Numerosos familiares permanecen apostados en las afueras de las prisiones venezolanas desde principios de enero, después de la captura de  Maduro y cuando el gobierno anunció un urgente proceso de excarcelación. La ley de amnistía les dio mayor esperanza, pero siguen desconfiando de la intención de las autoridades. 

La amnistía es parte de la agenda de Delcy Rodríguez acordada con Washington, así como una mayor apertura petrolera. La segunda la cumplió sin problemas, permitiendo a las grandes petroleras ingresr al mercado. Pero la liberación total de presos aún es una cuenta pendiente.

Rodríguez gobierna bajo presión de Washington, que dice estar a cargo de la Venezuela pos-Maduro. Esto fue evidente esta semana. El miércoles, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis Donovan, se reunió en Caracas con la presidenta interina; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y el poderoso ministro del Interior, Diosdado Cabello, quienes pregonaron por años discursos antiimperialistas: un día después se aprobó la amnistía.